El murmullo de los responsables operativos de la seguridad del Estado en los días previos al referéndum secesionista irrumpió este lunes en el juicio del procés: el Ministerio del Interior nunca contó con los efectivos necesarios para detener una movilización ciudadana como la que se avecinaba en Catalunya el 1 de octubre de 2017. Y el Gobierno de Mariano Rajoy lo sabía. Pero para escucharlo públicamente, en toda su crudeza, ha sido necesario que pasen 17 meses y que el secretario de Estado de Seguridad de la época declare como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo.
Centenares de artículos periodísticos, de declaraciones públicas de los protagonistas políticos y diez sesiones de juicio no permitían albergar esperanza para una nueva revelación. Pero en la última parte de su declaración, que se prolongó durante cuatro horas y media, José Antonio Nieto expuso un dato que denota el convencimiento que el Ejecutivo central tenía del desastre que anticipaba y hasta donde estaba dispuesto a llegar para evitarlo. Nieto afirmó que el Gobierno de España propuso a la Generalitat “simular” el referéndum en las “plazas de los municipios” y en “lugares abiertos” en general, lugares que no aparecían mencionados en la prohibición del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
José Antonio Nieto no habla de oídas. El secretario de Estado de Seguridad encabezaba la delegación que trasladó la oferta de Moncloa al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a tan solo 72 horas de la convocatoria de votación. Como se constataría tres días después, el Estado no había logrado interceptar las urnas donde más de dos millones de catalanes, según los convocantes, terminaron por depositar su voto.
Hasta ahora se desconocía que la oferta de convertir el 1-O en una jornada lúdica, con tal de que no hubiera votaciones en los colegios, fue trasladada en persona a Puigdemont en la reunión de la Junta de Seguridad que tuvo lugar en Pedralbes el 28 de septiembre. Ante el tribunal, José Antonio Nieto dijo ayer: “No hubo el más mínimo gesto de diálogo (por parte de la delegación de la Generalitat). Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. Se podría haber simulado ese referéndum en las plazas de los municipios o en lugares abiertos, donde no se fuese en contra de ese mandato. Así se les trasladó también”.
Que 6.000 policías eran insuficientes para parar el 1-O ha quedado igualmente de manifiesto en la declaración de Nieto en el juicio: “Quien propone la decisión (de enviar a 6.000 agentes soy yo, a raíz de las peticiones y análisis por parte de mandos de Guardia Civil y Policía Nacional. Se entiende que es el número de efectivos que podemos desplazar”. Nieto ha explicado que el grueso de los agentes eran antidisturbios y miembros de los servicios de Información. Para calcular el esfuerzo realizado por Interior basta con comparar con la cifra absoluta de los miembros de la Unidad de Intervención del Cuerpo Nacional de Policía, unos 2.300, a los que se pueden sumar otros 2.000 de la Unidad de Prevención y Reacción, y una cifra menor de las unidades de Guardia Civil.
A todo ello hay que sumar el repentino cambio de planes que supuso el auto de la jueza del 27 de septiembre, el día antes de la reunión en Pedralbes. De acuerdo con la instrucción que había dictado la Fiscalía, el Ministerio del Interior preveía introducir a los agentes en los colegios antes del día de la votación y precintarlos. Pero el auto de la magistrada del TSJC tomando el mando del operativo limitaba la actuación de los agentes a los espacios en los colegios destinados a la votación, sin permitir el precinto general de los centros el 1-O. Hasta entonces eran pocos policías. Desde ese momento, estaban limitados. Ante el tribunal, Nieto ha dicho que, “evidentemente”, el auto de la magistrada Mercedes Armas, “no facilitó” el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Se había hecho un trabajo y hubo que adaptarlo”, añadió.
Hasta ahora, o más bien en aquellos días previos, todo habían sido circunloquios para no asumir que la ejecución policial de la orden judicial que prohibía el referéndum era una quimera. “En un caso, con un pícnic; en otro caso, con una manifestación, se podrán exteriorizar los sentimientos, pero no a costa de violentar la ley”, aseguró el propio Nieto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad. Era 28 de septiembre. Dos días antes, Mariano Rajoy, de pie junto a Donald Trump, había dicho en la Casa Blanca: “Es un disparate. Puede haber alboroto, ruido, pero no puede haber un referéndum válido y con garantías”.
Las precauciones de un lado tenían su reflejo en el otro. Ninguno se fiaba y tampoco querían descubrir sus cartas, aunque, como dijo Santi Vila, entre bambalinas había más moderados en ambos gobiernos de lo que parecía delante de los focos. El día anterior al referéndum, los líderes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ofrecieron una rueda de prensa en el centro internacional de prensa. En la misma, Sànchez hizo una declaración que descolocó a sectores del independentismo.
Consideraba el entonces líder de la ANC que un millón de votantes, la mitad aproximadamente de los que habían participado en la consulta del 9 de noviembre de 2014, supondría “un éxito desbordante”. Las declaraciones de Sànchez hay que enmarcarlas en las disputas internas del independentismo que también han aparecido en el juicio. En concreto, entre los sectores que veían el 1-O como un mero elemento para forzar una negociación con el Estado –y se conformaban con la imagen de colas en los colegios para votar– y los que sí lo consideraban un referéndum vinculante con resultados a aplicar.
El acta de la junta de seguridad
Uno de los motivos por los que no había trascendido el dato es que de aquella reunión consta un acta, incorporada al sumario, que no recoge tal propuesta. Se trata de una nota de de cinco folios sobre una reunión que duró hora y media y que está redactada en estilo indirecto. Los términos utilizados denotan que el escribano es un funcionario del Estado que utiliza expresiones como “mozos de Escuadra” o “Generalidad de Cataluña”. El acta, empero, está firmada por representantes de ambas partes. Por un lado, el coronel Diego Pérez de los Cobos, “secretario en representación del Estado”; por el otro, Marta Gordi i Aguilar, “secretaria en representación de la Generalidad”.
La declaración de Nieto sobre el volumen del dispositivo necesario dejó alguna contradicción. Por una parte fue contundente al afirmar: “Si los Mossos hubieran cumplido el mandato judicial, el referéndum se habría desconvocado”. Eso es tal como afirmar que de haberse destinado los 17.000 agentes autonómicos a la jornada del 1-O, en lugar de los 7.800 el propio Cuerpo asegura haber empleado, las imágenes que dejó aquel día no se hubieran poducido. Pero, por otra parte, Nieto no negó la afirmación realizada en una entrevista a vozpopuli.com en la que dijo que ni con 90.000 agentes hubiera sido posible detener la votación. Para rematar, Nieto insistió en la tesis de los otros miembros de su Gobierno que han declarado al asegurar que la Policía y la Guardia Civil evitaron un referéndum el 1-O.
El secretario de Estado atribuyó al cansancio de los agentes, algunos había comenzado a trabajar a las 4 de la mañana, la decisión de no seguir interviniendo por la tarde. Así negó que Moncloa ordenara parar las cartas ante el escándalo internacional que dejaban las imágenes de los porrazos a los votantes. “No hubo una orden política ni de ningún otro tipo”, afirmó.