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Las acusaciones de la Generalitat contra independentistas derivadas de protestas por el procés se acumulan en los juzgados catalanes. Tras retirar a última hora la petición de casi cuatro años de cárcel contra un hombre por golpear con un martillo las puertas del parque de la Ciutadella durante la investidura fallida de Carles Puigdemont, el Govern mantiene solicitudes de dos años de petición para siete independentistas implicados en la misma protesta. El caso está a las puertas de ir a juicio.
En sendos escritos de acusación, a los que ha tenido acceso eldiario.es, el abogado de la Generalitat, que ejerce como acusación particular del caso, acusa a los siete independentistas de “empujar e increpar” a antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de irrumpir en el parque de la Ciutadella. Por ello reclama dos años de cárcel para cada acusado: quince meses por un supuesto delito de desórdenes públicos y otros nueve por atentado a los agentes de la autoridad.
El 30 de enero de 2018 los Mossos blindaron y cerraron el parque de la Ciutadella, en cuyo recinto se encuentra el Parlament. Por la tarde, tras el pleno fallido de investidura de Carles Puigdemont, varias personas rompieron el cordón policial y lograron acceder hasta el interior del parque. También acamparon durante unas horas frente al edificio del Parlament. Los manifestantes decidieron poner fin a la acampada esa misma madrugada.
El escrito del letrado de la Generalitat sostiene que los acusados “superaron por la fuerza” el cordón policial y lograron entrar en el parque por una de las puertas del recinto que había sido cerrada con cadenas. Lo hicieron, según el Govern, “de común acuerdo y con la voluntad de atacar el principio de autoridad que corporizaban los agentes de policía”.
Dos de los acusados, agrega la Generalitat, “empezaron a increpar a los policías” e “instigaron al resto de concentrados a enfrentarse a la línea policial” tras ver que los mossos habían reducido a un ciudadano que previamente les había agredido. Otro acusado “empujó por la espalda a un agente”, mientras que un cuarto independentista investigado “empujó e increpó a los agentes”. Un quinto acusado “chocó y dio empujones a la línea policial con una pancarta acolchada”, asegura el Govern.
Del sexto acusado el Govern dice que “arrastró” a dos agentes de los Mossos d'Esquadra junto a un grupo de personas que no han podido ser identificados, mientras que el último acusado, además de “empujar e increpar” a los policías, también habría cogido por la solapa y zarandeado “unos segundos” a un cabo de la policía autonómica. Este mismo independentista, agrega la Generalitat, “dirigió un puñetazo a la cara de un agente de los Mossos d'Esquadra, que lo pudo esquivar”, y más tarde “se abalanzó” sobre otro antidisturbios y le intentó, sin éxito, quitar la porra.
La Generalitat es acusación particular siempre que hay mossos heridos por manifestantes. En esta ocasión, pese a no observar ningún agente herido, el Govern también acusa a siete independentistas. La presencia del Govern como acusación en las causas derivadas de los altercados durante distintas fases del procés ha levantado las críticas de la CUP y los 'comuns', que ven incompatible la denuncia que el Ejecutivo de Quim Torra hace de la “represión” del Estado mientras a la vez lleva a juicio a participantes de las protestas.
La defensa de los jóvenes acusados, que ejerce el colectivo Alerta Solidària, critica que la Generalitat haga “seguidismo” y sea “comparsa” de la Fiscalía manteniendo la acusación. “Es la enésima demostración de la contradicción de la Generalitat: no se puede decir que ningún independentista tendrá un juicio justo en el Estado español y luego ejercer la acusación”, asevera el letrado Xavier Monge, que denuncia además en este caso una investigación de los Mossos “absolutamente prospectiva”.
Diferencias con la Fiscalía
El relato de la Fiscalía contiene diferencias esenciales respecto al del Govern a la hora de atribuir el papel de cada uno de los acusados en los altercados, algo fundamental de cara al juicio. Así, respecto al acusado del que la Generalitat asegura que solo increpó a los agentes e instigó a otros manifestantes a hacer lo mismo, la Fiscalía asegura que agredió “con empujones y puñetazos” a los mossos. También lo sitúa, junto a otro acusado, en el “ataque” a la línea policial con una pancarta que la Generalitat, por contra, atribuye a un tercer acusado.
Es más, el independentista que para la Generalitat empujó por la espalda a un agente, para la Fiscalía agredió a una línea policial entera a puñetazos y empujones. El Ministerio Público tampoco hace mención alguna al supuesto arrastramiento de agentes que, según la Generalitat, habría cometido un acusado, mientras que la fiscal asegura que el autor del puñetazo a un mosso no ha podido ser identificado, al contrario que el Govern.
Todo ello hace llegar a Fiscalía y Generalitat a conclusiones distintas. El Govern no constata ningún mosso herido, por lo que no reclama responsabilidad civil alguna a los acusados. Por contra, para el Ministerio Público cinco agentes sufrieron lesiones leves –tardaron entre dos y cinco días en curarse–, por lo que reclama a los acusados que les indemnicen.
En conjunto la Fiscalía pide penas de entre tres y dos años de cárcel. Las pruebas y testigos de cargo de Fiscalía y Generalitat sí son las mismas: dos docenas de mossos tendrán que comparecer como testigo. La identificación de los acusados también corrió a cargo de la policía autonómica a través de una prueba pericial fisonómica.