Aviso contundente al exterior, el Gobierno central y los grupos de la oposición, pero también hacia el interior, el Govern: la situación de prórroga presupuestaria en la que vive instalada la Generalitat desde hace dos años será insostenible en 2020. Así lo ha reconocido este miércoles el vicepresident y conseller de Economía, Pere Aragonès, que ha comparecido a petición de los grupos en el Parlament para explicar el cierre de caja ordenado hace dos semanas y que conllevará un recorte del 6% en los organismos y empresas públicas.
“Se ha llevado a cabo un plan de acción ante la prorroga presupuestaria, pero es evidente que eso no es lo mismo que tener unos nuevos presupuestos”, se excusaba Aragonès, que durante el invierno pasado fue incapaz de convencer al grupo de Catalunya en Comú para que apoyaran sus cuentas. “En el año 2020 será insostenible esta situación y los servicios públicos no se lo pueden permitir”, reconocía. El responsable económico del Govern lanzaba así señales de auxilio hacia los grupos de la izquierda, principalmente 'comuns' y la CUP, pero también hacia un PSC que este mes ya anunció que estaba dispuesto a sentarse a hablar de las cuentas con el president, Quim Torra.
El jefe de las finanzas de la Generalitat, agarrándose a eso, ha anunciado que comenzará una ronda de contactos con los grupos en septiembre, es decir, antes de que comience oficialmente el curso político tras la Diada. En ERC tienen prisa por conocer si la situación de minoría parlamentaria, que ha marcado la agenda del Govern de Torra desde el inicio, continuará en el futuro, o si por el contrario la aritmética de alianzas puede cambiar y dar más estabilidad al Ejecutivo.
Las condiciones de los grupos de la izquierda son bien conocidas. Tanto los 'comuns' como la CUP reclaman una reforma fiscal, más trabajadores públicos y mejores condiciones para ellos y, en definitiva, más gasto social. La CUP además pone el acento en la contratación de servicios de la Generalitat, pues ve ahí una vía para las privatizaciones encubiertas. Por su parte, el PSC se apuntaría a algunas de las anteriores reivindicaciones, pero sobre todo desea que Torra convoque elecciones.
Pese a la aparente disposición de todos, a nadie se le escapa que las izquierdas y los independentistas ya trataron de cortejarse el año pasado, sin éxito. Si esa situación se repitiera ahora y no hubiera unos presupuestos con nuevos márgenes de gasto durante los primeros meses del año que viene, en el departament de Economía ven seguro que los servicios que gestiona la Generalitat, principalmente la sanidad, la educación y la protección social, comenzarían a colapsar. Una posibilidad que ya dio su primer aviso en octubre del año pasado, cuando profesionales sanitarios, universitarios y Mossos se lanzaron a protestar generando las primeras turbulencias de índole social del Ejecutivo Torra-Aragonès.
Una razón más para el adelanto electoral
La cuestión económica es, también, una carta en la baza que ERC maneja para no cerrar la puerta a unas elecciones anticipadas. Entre los dirigentes republicanos, quien más quien menos, la mayoría apuesta por responder a la sentencia del juicio del procés poniendo las urnas en unas nuevas elecciones autonómicas. No tiene por qué ser inmediatamente, ya que según algunas opiniones expresadas conviene intentar un Govern de concentración de todo el soberanismo, sumando a la CUP y abriendo a los 'comuns' la puerta del Ejecutivo.
La ruta que ERC imagina como óptima pasa, de forma prioritaria, por unas elecciones en 2020. No hay que olvidar que las encuestas sonríen a los republicanos, justo lo contrario que a Junts per Catalunya, para los pronostican una bajada en votos, y quienes creen que no es momento de llamar a las urnas. Torra tiene la última palabra en la cuestión y esquivó este martes la petición de Oriol Junqueras de no descartar el adelanto electoral. El president opta por la vía de Puigdemont de la “confrontación con el Estado”, es decir, asegurarse, por el momento, la llave del Palau de la Generalitat.
Por una mera cuestión de calendario, previsiblemente la negociación presupuestaria se solapará con el debate sobre qué respuesta debe darse a la sentencia. Una discusión en la que los socios del Govern ya han exhibido fuertes diferencias y que, según cómo se encauce, puede generar también tiranteces entre los partidos del gobierno y los aliados potenciales de la oposición, también en lo que respecta a las cuentas. El aviso de Aragonès a Torra es claro en ese sentido: o el Govern recupera la mayoría parlamentaria o ERC cree que es mejor dar por muerta la legislatura y volver a medirse en las urnas.
¿Cómo han llegado las finanzas catalanas hasta aquí?
La tesorería de la Generalitat ha estado en crisis permanente desde hace una década, cuando comenzaron los grandes recortes. Tras un duro bache de más de cinco años, en 2016 había saneado parte de sus cuentas y para el ejercicio siguiente logró aprobar unos presupuestos expansivos que revertían casi por completo los recortes de gasto social.
Pero la intervención de la Generalitat con el 155 dejó a Catalunya sin Govern, por lo que nadie trazó un presupuesto para 2018. Restablecida la autonomía, al año siguiente Aragonès negoció con los 'comuns' para confeccionar unas nuevas cuentas, pero no lo consiguió. Así, Catalunya se gobierna en 2019 con una ley financiera diseñada para 2017.
A esta situación insólita hay que sumarle la parálisis del Gobierno central, que no consiguió aprobar sus presupuestos pese a pactarlos con Unidas Podemos, y que sigue en funciones cuatro meses después de las elecciones. Esta situación ha hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya repartido los llamados “anticipos”, que pese a su nombre es el dinero ya recaudado por encima de lo previsto gracias al tramo autonómico del IRPF. A esto hay que sumarle una situación parecida respecto al IVA.
En total, la Generalitat denuncia que el Estado le “retiene de forma irregular” 1.317 millones de euros, que supondrían en torno al 6% del gasto anual total y que es lo que ahora Aragonès espera recortar con el cierre de caja que ha ordenado. Mientras, el Govern llevará al Gobierno al contencioso-administrativo para tratar de obtener el dinero cuanto antes.