Lejos de destensar la soga, Junts y ERC siguen apretando el cuello del Govern. A los posconvergentes les ha molestado la última intervención de Oriol Junqueras, quien, con un tono que en privado definen como “macarra”, aprovechó su discurso del sábado ante el consejo nacional del partido para acusar a algunos dirigentes del PSC y de Junts de “taparse las vergüenzas y los casos de corrupción los unos a los otros” y de querer dividir a los catalanes para repartirse despachos en las instituciones. Públicamente se opta por rebajarlo y calificar la andanada del líder republicano como una provocación fruto de los nervios que pueda haber en las filas de ERC.
Este fin de semana no solo pudo escucharse la opinión de Junqueras. También Carles Puigdemont utilizó su discurso en una reunión del Consell per la República (que desde este domingo ha cambiado la preposición y se denomina Consell de la República) para elevar la presión sobre los suyos y también sobre sus socios: “Nosotros tenemos la función de no dejarnos atrapar por la lógica y la estrategia de los partidos y ser interlocutores con ellos”.
Puigdemont no ocupa cargo alguno en Junts, pero su ascendiente en la dirección es evidente, mientras que en ERC no se hace nada que Junqueras no quiera. Aunque ninguno de los dos ahora esté en el Govern, sus intervenciones no han hecho más que alimentar la enésima bronca en que andan enzarzados sus respectivos partidos y que esta vez, de no reconducirse, puede acabar con una ruptura. El divorcio situaría a Junts en la intemperie y a ERC le obligaría a tener que entenderse sí o sí con el PSC para aprobar leyes fundamentales como los Presupuestos, puesto que solo con los comuns no podría sobrevivir en el Parlament.
Ya no son un matrimonio mal avenido. Es más que eso, es una de esas parejas que ya hace tiempo que no se soportan. No es ninguna novedad y se comprobó al inicio de esta legislatura cuando Junts, tras tres meses de negociaciones, obligó a Pere Aragonés a someterse a tres votaciones para lograr ser investido president. Los posconvergentes entraron en el Govern pese a que algunos sectores afines a Puigdemont eran partidarios de quedarse fuera. “Confrontación y negociación son dos caras de la misma moneda”, afirmó el portavoz parlamentario de Junts, Albert Batet, durante el debate de investidura.
Pronto se vio que lo de la negociación sería complicado. Junts no participa de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y considera que es un instrumento que sirve “para quedar y para volver a quedar”, como ha repetido Jordi Turull en más de una ocasión. En la ponencia política del último congreso de Junts se señalaba el quinto aniversario del 1-O como un punto de inflexión para dar por finiquitada la vía del diálogo. Pero los posconvergentes no concretan cuál sería su alternativa, más allá de exigir que en la mesa no estén solo representantes gubernamentales y que en ella solo se hable de amnistía y autodeterminación.
Además, reclaman que, tal y como prometió ERC, exista una mayor coordinación. Una entente que se visualice en el Congreso de los Diputados y en “un espacio de dirección estratégica” donde estén presentes las entidades independentistas. Los republicanos siguen dando largas a todas las peticiones. Recuerdan que ya hubo una decena de reuniones para intentar crear ese órgano y que al final se dio por imposible porque, según la versión de ERC, Junts pretendía que el Consell per la República, controlado por los afines a Puigdemont, acabase fijando la estrategia.
Los republicanos aseguran estar cansados de lo que tildan de “chantaje permanente” de sus socios y les reclaman “responsabilidad, lealtad y altura de miras”. Insisten en que Junts debe aclararse y afirman no sentirse interpelados por sus prisas.
Consulta aún sin fecha
En la ponencia política de Junts se planteaba la posibilidad de consultar a la militancia una posible salida del Govern. Turull se esforzó en no plantear esta opción como una amenaza, sino como una señal de advertencia de que la cosa se podía complicar. Y así ha sido. Las presiones del sector próximo a Laura Borràs, que no perdonan a ERC que votase a favor de suspenderla como diputada y presidenta del Parlament, y el pulso de la ANC a los republicanos, del que Junts quiere beneficiarse, lo han embarullado todo bastante más.
Los republicanos, por su parte, recuerdan que cuando al principio de la legislatura se propuso el nombre de Borràs para presidir la Cámara catalana, ellos ya avisaron de que si se le acababa abriendo un juicio por un caso de presunta corrupción, votarían a favor de apartarla.
En el otoño de 2017 se comprobó que cuando las formaciones independentistas llevan al límite el partidismo, puede pasar cualquier cosa. Por eso, ahora nada es descartable, puesto que el futuro del Govern se fía a las decisiones que se adopten en el debate de política general, convocado para la próxima semana. La lectura que Junts haga del discurso del president y las propuestas de resolución que se acuerden servirán para preparar la consulta a su militancia. No hay aún fecha, pero la intención es celebrarla antes de acabar el año. Tampoco está decidida la pregunta, pero ya se sabe que en función de cómo se formule se puede condicionar más la respuesta de las bases. O al menos intentarlo.