La Fiscalía lo advirtió y este martes se ha hecho realidad. La Guardia Civil ha detenido este martes en Viladecans (Barcelona) a una activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) como presunta responsable de la coordinación de las protestas en carreteras y peajes de la pasada Semana Santa. La arrestada, que está acusada de rebelión y terrorismo, será trasladada al juzgado de instrucción central 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado la operación.
La Fiscalía ha informado que el operativo de este martes, denominado Cadera por los CDR, también contempla la detención de otro activista, un hombre investigado pero que se encontraba ausente de su domicilio de Esplugues de Llobregat (Barcelona) este martes por la mañana. En las casa de los dos investigados –antiguos imputados– se han practicado sendos registros y no se descartan más detenciones.
El ministerio público asegura que los dos investigados “habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación en los actos de sabotaje llevados a cabo durante la Semana Santa de forma coordinada por los CDR concebidos para provocar un clima de agitación social”.
Se refiere la Fiscalía a las protestas de los CDR de la pasada Semana Santa, cuando decenas de activistas levantaron barreras en cuatro peajes de la red viaria catalana y cortaron carreteras para reivindicar la “república catalana” y pedir la liberación de los presos soberanistas. En concreto, se produjeron cortes en la A-2, la N-340 o la AP-7, donde se levantaron durante dos horas las barreras del peaje de la Roca del Vallès. Asimismo, los CDR también se manifestaron frente a la estación de Sants de Barcelona, sin llegar a cortar las vías del AVE, como sí sucedió en la huelga del pasado mes de noviembre.
La detenida es la una mujer que difundió en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo distintos comités y en el que no descartaba extenderlas a los puertos y a Mercabarna. También difundió en las redes un audio con consignas y planes de acción de los CDR, en los que no excluía la colaboración de algunos sindicatos.
La investigación de la Audiencia Nacional se abrió tras los cortes de carreteras de la pasada Semana Santa, la última acción de los CDR, que fue tildada de “kale borroka” por el PP. La Fiscalía señaló que las protestas podrían constituir “delitos de rebelión, malversación y otros delitos de orden público”. Los delitos de rebelión y terrorismo pueden ser castigados con más de 30 años de cárcel.
De carácter asambleario, los CDR nacieron para defender el referéndum del 1-O y posteriormente para reclamar la república catalana. Su horizontalidad hace que mientras muchos CDR apuestan por avanzar hacia una huelga general, otros prefieran estrategias de sensibilización social y de menos contundencia en las protestas.
Los CDR ya protagonizaron cortes de carreteras y de vías del AVE en las huelgas de los pasados 3 de octubre y 8 de noviembre. Las investigaciones de estas protestas las han asumido juzgados catalanes, que abrieron causas por desórdenes públicos (delito castigado de seis meses a tres años de prisión). Algunas investigaciones ya se han archivado porque los jueces no apreciarion violencia en el corte de carreteras y por la vaga identificación que realizaron los Mossos d'Esquadra de los manifestantes.