Los Comités de Defensa de la República (CDR) se saben en el punto de mira de la acción judicial y de algunos partidos políticos. Acusados de protagonizar actos violentos, aseguran que seguirán realizando protestas que, como los cortes de carretera o el levantamiento de barreras en los peajes, enmarcan dentro de la desobediencia y el pacifismo. También dentro de la paralización de la economía, que según defienden muchos de ellos (no todos, puesto que cada colectivo depende de su asamblea) es una de las principales vías para denunciar el conflicto catalán.
“Somos un movimiento pacífico y no vamos a cambiar nada en nuestra forma de trabajar”, sostiene un miembro de uno de los CDR que participó en la apertura del peaje de la Roca del Vallès, en la AP-7, el pasado domingo. En su círculo han valorado la puesta en marcha de la investigación de la Audiencia Nacional, que acusa a todos los CDR de amparar con violencia delitos como el de rebelión, y han concluído que seguirán convocando el mismo tipo de protestas, aunque “quizás evitando que se vean caras y nombres por precaución”, sostiene.
Su última acción, el levantamiento de barreras en peajes este domingo y lunes, ha sido precisamente el detonante de una alud de acusaciones a los CDR por parte de partidos como PP, Ciudadanos o el PSC. Los primeros los compararon con la “kale borroka”, a lo que el presidente Mariano Rajoy ha añadido este martes que su actitud es “violenta e intimidatoria”. Los socialistas, por boca de su secretario de Organización Salvador Illa, calificaron la acción en los peajes de “insurreccional”.
Incluso los ‘comuns’ manifestaron que las actuaciones de los CDR podían “llevar a expresiones de conflicto violento”. Así lo manifestó Xavier Domènech, aunque luego aseguró haberse expresado mal. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau manifestaba este lunes que las protestas han sido pacíficas excepto algún caso aislado.
“Constantemente repetimos que somos un movimiento pacífico y si vemos que alguien puede causar conflictos, lo apartamos”, asegura el miembro de este CDR del área del Vallès. “Nos hemos encontrado alguna vez con gente con actitudes conflictivas”, reconoce, “pero rápidamente los echamos”. Que las asambleas sean abiertas, expone, impide un control sobre quienes asisten, pero a la vez insiste: “El relato que crean sobre supuesta violencia es falso y solo falta ver las imágenes”.
Desde que encarcelaron a cinco políticos más el pasado 23 de marzo, los CDR han vivido unas de sus semanas más activas. Primero, con las protestas frente a la Delegación del Gobierno ese mismo día, que acabaron con altercados, cargas policiales y 35 heridos leves. Luego, con más movilizaciones y cortes de tráfico en varios puntos neurálgicos de Catalunya por la detención en Alemania de Carles Puigdemont. Y, por último, con la acción de levantar barreras en los peajes para denunciar la situación en plena operación de vuelta de Semana Santa.
¿Cómo se defiende la República en la calle?
Tras un período en el que las entidades ANC y Òmnium Cultural habían canalizado las protestas soberanistas, el surgimiento de los CDR ha abierto una nueva vía de movilizaciones, más vinculada a la acción directa y con una organización horizontal que los aleja de los partidos y las instituciones. Tras nacer con un objetivo bien claro, hacer posible el 1-O, su debate actual consiste en decidir cómo se defiende ahora la República catalana, asumiendo que no se materializó y que por lo tanto hay que seguir presionando para conseguirla.
Aunque no es por ahora el posicionamiento oficial de la coordinadora catalana de CDR, muchos de ellos apuestan por avanzar hacia una huelga general, según difunden estos días en sus canales de comunicación habituales, como son Telegram o Twitter. “En el CDR Girona siempre hemos defendido la huelga como vía efectiva y necesaria para implementar la República”, aseguran sus integrantes, que recuerdan que en todas las acciones que han llevado a cabo ha habido cánticos a favor de la huelga.
Aun así, estos colectivos son conscientes de que una huelga requiere de mucha organización y apoyos previos, más aún cuando no se cuenta con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios. El último paro general, del 8 de noviembre, convocado por el minoritario Intersindical CSC, se notó mucho menos en los centros de trabajo que el del 3 de octubre, en el que estaban los principales sindicatos y entidades, aunque ellos no llamaran a la huelga sino a un “paro de país”.
Con todo, la paralización de la economía es para los CDR una forma de hacer patente la situación de bloqueo que vive Catalunya y llamar la atención fuera de España, puesto que los extranjeros se encuentran con las carreteras cortadas a la entrada por Francia.
Pero no todos los CDR piensan igual. Su naturaleza asamblearia y descentralizada hace que tomen sus decisiones en función de la composición de sus integrantes. Sirve como ejemplo el caso del comité del barrio de la Verneda, de tradición obrera y castellanoparlante en Barcelona, que ha optado mayoritariamente por campañas de sensibilización de los vecinos, mayoritariamente no independentistas.
“Somos un poco menos combativos que otros CDR, creemos que los cortes de carretera no ayudan a convencer”, sostiene uno de sus integrantes, que asegura que ven más efectivo pensar formas para “ensanchar la base” del independentismo. Asimismo, se han implicado en movilizaciones sociales como la campaña a favor de la municipalización del agua o la marea pensionista.
Otros frentes abiertos contra los CDR
No es exagerado afirmar que la investigación de la Audiencia Nacional por posible delito de rebelión ha encendido las alarmas en muchos activistas de los CDR, más precavidos ahora que antes a la hora de dar la cara, pero tampoco es este el primer frente judicial que se les abre. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa contra los dirigentes independentistas, ya pidió a la Guardia Civil un informe sobre la actividad de estos comités.
El Instituto Armado les achacó “promover sabotajes simultáneos”, “provocar graves alteraciones en los servicios públicos” o “desarrollar acciones de resistencia activa y pasiva”, pero lo cierto es que los juzgados han ido archivando la mayoría causas abiertas contra miembros de CDR que participaron en los numerosos cortes de carretera del 3 de octubre y 8 de noviembre.
Un juez de Igualdada optó por archivar la causa contra 51 personas que cortaron carreteras el 8-N por la imposibilidad de los Mossos d'Esquadra de atribuirles los hechos, ya que la mayoría de ellos se identificaron por las matrículas de sus coches. Los mismo sucedió con los diez jóvenes que cortaron la vía del AVE en la estación de Sants el 8-N. Con todo, quedan algunas causas abiertas, como la de 16 personas en La Floresta (Barcelona) por cortar carreteras el mismo 8-N.