El juez Pablo Llarena envió al tribunal de Schleswig–Holstein miles de folios para intentar la extradición de Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Una ingente cantidad de información en la que incluyó documentación que no consta en ninguna de las causas abiertas en España a raíz de la convocatoria y posterior celebración del 1-O. Este es el caso de las cartas que el propio Maza (fallecido en noviembre del año pasado) recibió del Ministerio de Hacienda sobre la vigilancia que el Ejecutivo central mantenía sobre la Generalitat para evitar la votación.
Hacienda transmitió directamente a la Fiscalía General del Estado en las vísperas del 1-O sus sospechas sobre el uso de fondos públicos para la consulta secesionista. En cuatro cartas, a las que ha tenido acceso este diario, el por entonces secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, puso en conocimiento de José Manuel Maza el resultado de varios controles que el Ministerio mantenía sobre las finanzas de la Generalitat para que el fiscal general valorara si se derivaban “responsabilidades penales” para consellers o funcionarios.
Las misivas, fechadas los pasados 14, 20 y 29 de septiembre y 4 de octubre, son anteriores a la querella que el propio Maza interpuso el 30 de octubre ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y el Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación y que derivó en la causa del 'procés' del Tribunal Supremo.
Pero Maza no mencionó las cartas en la querella. De hecho, las misivas no han sido incluidas en ninguno de los sumarios abiertos sobre el 1-O, sino que han aparecido en la documentación que el juez Llarena envió a Alemania. La defensa de los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret ha pedido a Llarena investigar las comunicaciones previas a la querella de Maza entre Hacienda y la Fiscalía General del Estado, sin obtener respuesta por parte del instructor.
Por las fechas en las que se enviaron las cartas dos juzgados ya indagaban sobre la presunta malversación en el 1-O. Eran el juzgado de instrucción 13 de Barcelona fruto de la partida oculta de 400 millones del Govern para el 1-O sobre la que departía el exsenador Santiago Vidal en sus conferencias y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a raíz de la primera querella de la Fiscalía contra el Govern, limitada a los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación y posteriormente asumida por el Supremo. La Fiscalía Superior catalana había abierto diligencias en marzo.
Anuncios y Diplocat
En la primera de las cartas, Fernández de Moya expuso a Maza la respuesta de la Interventora General de la Generalitat a su requerimiento sobre el anuncio del 1-O emitido por TV3. Rosa Vidal trasladó a Hacienda que en la contabilidad de la Generalitat “no constaba” ningún contrato o factura relacionado con el vídeo y dijo “desconocer” cómo se había financiado.
Fernández de Moya consideró sospechosa la respuesta de la Interventora e informó a ella a Maza, indicando además los controles que Hacienda ya mantenía e intensificó antes del 1-O sobre las finanzas catalanas. La misiva concluía exponiendo que todo ello se ponía en conocimiento de Maza “en relación con las actuaciones penales que se estén o puedan ejercitarse desde esta Fiscalía General del Estado” y para que se practicaran las actuaciones necesarias para “valorar si pudieran derivarse responsabilidades penales contra autoridades y/o funcionarios de la Generalitat de Catalunya que debieran ser depuradas”.
Esa misma conclusión expuso Fernández de Moya en una carta a Maza quince días después, en la que ampliaba los “indicios de incumplimientos legales” a cuenta del anuncio del 1-O. Tras otro requerimiento, la Interventora remitió todos los expedientes de gasto relacionados con la publicidad institucional de la Generalitat. Fernández de Moya reportó al fiscal que una de esas campañas era sospechosa de enmascarar el contrato para el anuncio del 1-O por haberse tramitado mediante un acuerdo marco, como ya ocurrió con los gastos de la consulta del 9-N. La oferta terminó desierta por la renuncia de todas las empresas candidatas a la adjudicación.
En la tercera misiva el secretario de Hacienda puso en conocimiento de Maza el control financiero total de la Generalitat decretado por Hacienda quince días antes del 1-O y los recursos planteados por el Govern. También los “problemas técnicos” en la plataforma digital de Hacienda alegados por la Interventora para retrasar los certificados de gasto impuestos por el Ministerio.
En la última carta, del 4 de octubre, Fernández de Moya trasladó al fiscal que “se tiene constancia de que el Diplocat se ha hecho cargo de los gastos del grupo de expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum”. Asimismo, adjuntó la respuesta de la Interventora a su requerimiento. Vidal, que ha terminado imputada, contestó que había pedido detalles a la conselleria de Exteriores pero que no podía entregar directamente información del Diplocat al ser un consorcio que no depende funcionalmente de la Generalitat (en su patronato están las diputaciones, ayuntamientos, bancos o el F.C. Barcelona).
Hacienda negó la malversación
Maza no incluyó ninguna respuesta de la Interventora de la Generalitat trasladada por Hacienda en su querella por rebelión, sedición y malversación contra el Govern presentada ante la Audiencia Nacional el 30 de octubre. La querella se limitaba a indicar que fruto de los contactos previos del Diplocat, el Govern pudo contar con observadores el 1-O.
El peso de la investigación sobre los gastos del 1-O lo ha llevado la Guardia Civil en vez del Ministerio de Hacienda. Los resultados se conocieron meses después de las cartas: en noviembre de 2017, el Instituto Armado entregó un informe al juzgado de instrucción 13 de Barcelona que indicaba que el Govern gastó medio millón de euros en la publicidad del 1-O. Los políticos niegan cualquier malversación. Los responsables de los medios públicos aseguraron ante el juez que la Generalitat se negó a pagar a TV3 por el anuncio del 1-O porque lo consideró un servicio público.
En el caso de los gastos vinculados a los observadores, la Guardia Civil aportó en abril al juzgado de instrucción 13 un informe en el que cifraba en casi 200.000 euros la cantidad abonada por el Diplocat en viajes, hoteles y honorarios de los observadores. Responsables de Diplocat imputados declararon que el consorcio pagó el viaje a diputados de parlamentos regionales europeos para el 1-O pero negaron que fuera por orden de la Generalitat.
Por contra, el exministro Montoro llegó a negar que hubiera malversación en el 1-O. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, aseguró el exministro en una entrevista en 'El Mundo'. El juez Llarena reclamó a Hacienda un informe al respecto para zanjar la polémica. El Ministerio pidió el 5 de julio al juez una prórroga de un mes para entregar el informe sobre las cuentas de la Generalitat y los requerimientos a la Interventora. Llarena lo consideró una “demora innecesaria” y dejó sin efecto la petición a Hacienda para poder cerrar el pasado 9 de julio el sumario de la causa del 'procés'.
Llarena no se ha pronunciado sobre la petición de la defensa de Comín y Serret, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, para investigar “las comunicaciones que la Fiscalía General del Estado haya remitido al Ministerio de Hacienda con anterioridad” a la querella que interpuso el fiscal Maza. La defensa señaló que no le constaba que los expedientes se hayan incorporado a las actuaciones. El juez ni mencionó dicha petición en el auto por el que cerró el sumario de la causa y sí denegó el resto de diligencias solicitadas por las defensas referentes a la intervención policial del 1-O o la huelga del 3-O.