El juez imputa a la interventora de la Generalitat que negó gasto público en el 1-O
El juez que indaga los preparativos del referéndum ha citado a declarar como investigada a Rosa Vidal, la Interventora General de la Generalitat que certificó que el Govern no había gastado ni un euro en el 1-O en varias ocasiones. Argumenta el juez que la interventora ha tratado de “impedir” que se conozca el coste público de la consulta.
En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cita a declarar para el próximo 24 de julio a Rosa Vidal, junto a Montserrat Vidal, responsable del área de procesos electorales y consultas populares de la Generalitat, y a la secretaria general de Gobernación, Meritxell Masó, entre otros, informa EFE.
La interventora ya estaba bajo el foco de los investigadores por negar el gasto público en la consulta. La Guardia Civil ya trasladó al juez que Vidal, que ha negado hasta cuatro veces el uso de fondos públicos para la votación, no activó “ningún procedimiento” para denunciar un “intento fraudulento” de la empresa postal Unipost para cobrar al menos una factura de 238.965 euros a la administración por gastos vinculados al 1-O.
El juez ha imputado a la Interventora General después de que ésta contestara a los requerimientos remitidos por Hacienda que en ningún Departamento constaban gastos de preparación o ejecución del referéndum, una afirmación que para el magistrado es contraria a “las más elementales reglas de la lógica”. El juez también recibió un anónimo que le instaba a rastrear las autorizaciones de contratos y pagos efectuadas por la investigada y que Hacienda advirtiera de que la interventora no había respondido a un requerimiento sobre gastos del Govern para el 1-O.
Para seguir el rastro de los gastos del 1-O, el juez también autorizó a la Guardia Civil a acceder al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas de los investigados por los preparativos del referéndum.
En un auto en que desestima una vez más los recursos de los investigados contra esa línea de investigación, el juez defiende la necesidad de acudir al SEPBLAC y reprocha a la interventora que pretenda que el material y los gastos de personal vinculados a la consulta se imputen “a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones, ya sea de particulares, de empresas o de instituciones”. Además, añade el juez, si ese fuera el caso, la interventora “debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías”.
“Es por ello que no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad y del gasto y la utilización de fondos públicos, deba acudirse a otros medios de investigación (...)”, sostiene el juez en su auto.
