Primeros funcionarios imputados por el 1-O. El titular del juzgado de instrucción 2 de Sabadell (Barcelona) ha pedido identificar a la persona que ejerció el cargo o las funciones de director del colegio Pere Calders de Polinyà entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre para que preste declaración como investigado por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial.
En la misma causa, donde dos agentes ya han declarado como imputados, el juez ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a un inspector, a un subinspector y al jefe de la comisaría en Santa Perpètua de Mogoda, con el objetivo de que declaren como imputados por desobediencia. En una providencia, el magistrado también ha reclamado que en cinco días la policía catalana le entregue la copia de las instrucciones que estos mandos dieron por escrito a los agentes el 1-O.
Fuentes judiciales han informado que estos cinco mossos son los primeros imputados en la decena de diligencias abiertas en los juzgados catalanes por la inacción de la policía catalana el 1-O, todas ellas iniciadas a partir de denuncias de particulares. La causa de Sabadell está abierta por un posible delito incumplimiento de obligación de perseguir delito de los Mossos d'Esquadra el 1-O.
Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, a dos días del referéndum, la Generalitat retiró a los funcionarios las competencias sobre los equipamientos dependientes de las conselleries de Enseñanza y Trabajo hasta después del 1-O, que pasaron a ser asumidas por las titulares de los respectivos departamentos, Clara Ponsatí y Dolors Bassa.
Hasta 17 juzgados en toda Catalunya han pedido información al jefe de la comisaría local de las Mossos para que dé cuenta sobre por qué no actuaron para cerrar ambulatorios o colegios habilitados como puntos de votación. El caso de Sabadell, sin embargo, es el único donde se ha imputado a algunos agentes.
Los agentes y los mandos imputados en el juzgado de Sabadell se suman a la intendente Teresa Laplana y el exmayor Josep Lluís Trapero, que también están investigados. En su caso, por un presunto delito de sedición ante la Audiencia Nacional por su actuación en la protesta del pasado 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía.