En Catalunya nunca un candidato a la presidencia de la Generalitat se había visto en la situación de no ser investido en la segunda votación. Los anteriores o bien lo consiguieron in extremis (Puigdemont fue elegido un domingo por la tarde), o se apartaron antes, como fue el caso de Artur Mas, o bien no les dejaron, como le pasó a Jordi Turull, cuando entre una votación y otra fue encarcelado por orden del juez Llarena. En Catalunya tampoco se ha llegado jamás a una repetición electoral. Lo primero ha cambiado tras el pleno de este martes en el que el nuevo portazo de Junts ha frustrado la elección de Pere Aragonès por segunda vez. El reloj hacia unos nuevos comicios se puso en marcha ya con la sesión del viernes pasado y el plazo expira el 26 de mayo. Junts asegura que, pese a haber hecho pasar al candidato de ERC por lo que algunos grupos de la oposición califican de “humillación”, no dinamitará la legislatura.
“Nadie quiere nuevas elecciones”, afirman en el partido de Puigdemont. Insisten en que no se agotará el límite de los dos meses que marca la ley para ir a la repetición de los comicios. En abril, vaticinan, llegará el acuerdo. ¿Y por qué no ha podido ser antes? Los republicanos lo atribuyen a las pocas ganas de negociar de Junts, a una mala digestión del resultado por parte de algunos dirigentes de esta formación, y a las reticencias de Carles Puigdemont a validar un acuerdo que le deje en segundo plano.
Mientras en ERC intentan contener la indignación (no sin dejar de recordar que ellos han votado a favor de todos los candidatos que los posconvergentes han presentado desde que empezó el procés), en Junts señalan que los republicanos han planteado esta negociación como si tuvieran una mayoría absoluta en la que se daba por descontada que la investidura de Aragonès debía votarse sí o sí. “Ahora han entendido que tienen 33 diputados pero que necesitan a un grupo que solo tiene uno menos que ellos”, afirman para insistir en que ERC se equivocó al llamar primero a la puerta de la CUP. La diputada Gemma Geis, que este martes intervino para fijar la posición de Junts, proclamó públicamente lo que llevan días explicando en privado y es que no se dan por aludidos por el acuerdo entre ERC y los anticapitalistas: “El acuerdo no nos interpela”.
En la CUP y también entre algunos dirigentes republicanos se atribuye la estrategia de Junts a una concepción patrimonialista del Govern. No falta quien estos días recuerda la frase de Marta Ferrusola cuando después de 23 años de Convergència espetó aquello de “es como si entran en tu casa y te encuentras los armarios revueltos, porque te han robado”. La esposa de Jordi Pujol expresaba así su enfado porque el socialista Pasqual Maragall fuera a presidir el Govern gracias a un acuerdo de las izquierdas. Ahora el escenario es diferente, pero será la primera vez que un Ejecutivo independentista estará liderado por un republicano tras unas elecciones en las que la diferencia de un solo escaño entre ambas formaciones no permite clarificar lo suficiente quién es el partido hegemónico en este ámbito.
Debate sobre los “acuerdos líquidos”
Junts exige un acuerdo que fije la estrategia a seguir en Madrid y que comprometa al grupo que lidera Gabriel Rufián a una unidad de acción en las votaciones relacionadas con las reivindicaciones soberanistas. Ahora la expresión más repetida es la del “embate al Estado”, sin que nadie aclare qué significa o qué implica. Junts también reclama saber cómo se va a enfocar la negociación en la mesa de diálogo, que no se convocará hasta que no haya un nuevo Govern. En lo que coinciden los dos partidos es en que hasta ahora la mesa no ha permitido avanzar en nada, pero los republicanos defienden que hay que seguir explorando la vía de la negociación con el Gobierno de Sánchez. Además, Junts quiere que el compromiso que se alcance para desencallar la investidura esté por escrito, con medidas concretas, para de esta manera poder hacer un seguimiento y ver si se cumple o no. “No podemos llegar a Madrid sin estar unidos ni aceptar más acuerdos líquidos con el Gobierno”, argumentan.
El papel de Puigdemont y del Consejo de la República sigue siendo un problema pese a que se han acercado posiciones para intentar que no bloquee más el acuerdo. ERC está dispuesta a reconocer este organismo creado en el 2017 y que ha pretendido actuar como una especie de Ejecutivo paralelo (con más bien poco éxito), después de que el propio Consejo se haya abierto a dar un mayor peso a los republicanos y la CUP. Lo que ERC rechaza de plano es que pretenda funcionar como un Govern en la sombra. En las filas de Junqueras consideran que la figura del expresident debe tenerse en cuenta para coordinar determinadas estrategias sin que ello implique que Aragonès tenga que acatar sus órdenes, algo que sí aceptó, no sin algunas tiranteces, su antecesor, Quim Torra. La Generalitat, recordaba el candidato republicano este martes, es “indelegable e insustituible”. “Quiero ser claro y honesto en este sentido: sin sustituciones ni tutelas”, subrayó por dos veces en su discurso. Puigdemont no estaba en la sala pero el mensaje era para él.
Pese al enojo que les ha provocado el nuevo portazo, tanto Aragonès como los dirigentes de ERC que se han expresado en público en las últimas horas subrayan que las discrepancias con Junts son “mínimas” y que es más lo que les une que lo que les separa. Lo que les une es la voluntad o necesidad de asociarse de nuevo para formar un Govern. Lo que les divide todavía es la estrategia a seguir en Madrid, el diseño del nuevo Gabinete, algunas de las competencias en el ámbito económico (la más destacada es el control de los fondos europeos) y el reparto de cargos siempre controvertidos como son los responsables de los medios públicos. La música es algo distinta pero la partitura no es tan diferente de la que sonaba durante las negociaciones posteriores a las elecciones del año 2017.