“Fatal”. Así responde un alto dirigente de Esquerra cuando se le pregunta por la petición formulada por la Abogacía del Estado en la que este órgano, que depende del Ministerio de Justicia, descarta que los líderes independentistas hayan cometido un delito de rebelión aunque les acusa de sedición y malversación. Una acusación por la que reclama hasta 12 años de cárcel. Otro representante de la cúpula republicana asegura que se esperaban la dureza de la Fiscalía pero que no contaban con el “insulto” de la Abogacía del Estado. El vicepresidente del Govern y responsable de las finanzas de la Generalitat, Pere Aragonès, lo resume de esta manera: “No ha habido movimiento de Sánchez, tampoco lo habrá de Esquerra”.
Donde PP y Ciudadanos ven una claudicación del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo, los partidos secesionistas no solo no vislumbran el gesto que esperaban para facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sino que, en el caso del partido de Oriol Junqueras, se interpreta como una falta de respeto. Y no son los únicos. “No es un gesto, es un menosprecio”, ha proclamado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
La contundencia de la Fiscalía, que pide prácticamente el doble de años de prisión para los dirigentes y activistas encarcelados, aleja todavía más un acuerdo para desencallar las cuentas acordadas entre el PSOE y Podemos. La suma de más de 200 años de cárcel es interpretada como un ataque a todo el independentismo. “No claudicaremos ante la represión”, ha resumido el presidente del Parlament, Roger Torrent.
El PDeCAT, que siempre ha defendido (y mantiene) que no hay que intercambiar presos por presupuestos, señala que las peticiones tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado confirman cómo es de “complicado” el escenario político. En privado, a diferencia de ERC, no cierra la puerta a acabar negociando los presupuestos. “Falta aún mucho para el debate”, explica uno de los diputados que mejor conoce los entresijos de las conversaciones entre ambas partes. Pero en público endurece el discurso.
El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, identificado con los sectores más moderados del independentismo, tilda las peticiones del Ministerio Fiscal directamente de “venganza” y asegura que los escritos de acusación implican “un no rotundo a negociar los presupuestos del Estado”. “Pensábamos que Pedro Sánchez era diferente a Mariano Rajoy, y propiciamos un cambio de Gobierno, y lo hicimos a cambio de nada. Ahora que se arreglen con sus presupuestos”, ha advertido Bonvehí.
Tanto ERC como el PDeCAT coinciden en que la contundencia de la Fiscalía, que pide prácticamente el doble de años de prisión para los dirigentes y activistas encarcelados que la Abogacía del Estado, aleja un acuerdo para desencallar las cuentas acordadas entre el PSOE y Podemos.
Más allá de la indignación expresada en público y en privado, los partidos secesionistas mantienen su intención de no adelantar las elecciones hasta que se conozcan la sentencias del juicio al 'procés'. El pacto alcanzado para no romper antes del próximo verano se mantiene aunque las diferencias entre los afines a Carles Puigdemont y Junqueras persisten.
Lo que no será nada fácil es contar con el apoyo de los 'comuns' a los otros presupuestos, los de la Generalitat, si no prosperan los que Sánchez y Pablo Iglesias han pactado. Así se lo ha trasladado la formación de Ada Colau al equipo económico del Govern. La alcaldesa de Barcelona tampoco sabe si logrará aprobar sus cuentas en el Ayuntamiento y a estas alturas no está nada claro que tenga los votos que necesita. Unos y otros se necesitan para lograr disponer de sus respectivos presupuestos.
A la pregunta que, entre otros, ha formulado Artur Mas de si ERC y el PDeCAT están dispuestos a dejar caer ya al Gobierno de Sánchez, un destacado dirigente independentista pronostica que al PSOE no les interesa antes de las elecciones andaluzas una fotografía con el independentismo. Después, ya se verá.