Situación de desborde en la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), la principal institución de transparencia de la Generalitat. De los cinco vocales con los que comenzó en 2015, al verano de 2018 llegan con solo dos, poniendo al límite la capacidad operativa de la institución. Desde el pasado octubre la Comisión está un miembro por debajo de lo que marca la ley, pese a que su actividad no ha parado de crecer en los últimos años.
“Ya nacimos infradotados, pero ahora estamos aún más desbordados”, explica Elisabet Samarra, presidenta de la institución y una de las dos vocales de la Comisión. Según la ley de Transparencia catalana y el reglamento de la GAIP, los miembros de la Comisión son los únicos que pueden elaborar resoluciones, que es la forma en la que el ente responde a las reclamaciones de los particulares sobre posibles incumplimientos del derecho al acceso de la información pública.
En los últimos meses solo dos personas, junto al equipo jurídico y administrativo de la casa, han asumido toda la tarea de resolver a las reclamaciones, una carga de trabajo que comenzaron haciendo cinco vocales.
La ley considera que la GAIP debe tener un número de entre tres y cinco vocales. Pero en octubre pasado el tercer miembro de la entidad se jubiló, por lo que la Comisión se vio obligada a dictar un criterio que les permitía trabajar con dos miembros.
La falta de renovación de la Comisión que vela por la transparencia en Catalunya se debe a diferentes factores. Durante la pasada legislatura, la fragmentación y polarización en el Parlament impidió que formar los consensos necesarios para varios entes que, como la GAIP, necesitaban nuevos nombramientos. Ejemplo de ello es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, o el magistrado vacante en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
“Hemos conseguido que la Comisión no se paralizase, manteniendo dentro de los plazos legales todas las resoluciones”, explica Samarra. Pese a que considera necesario que el Parlament nombre a nuevos vocales, la presidenta considera que tan urgente como eso es poder tener más medios humanos. “Tenemos cuatro técnicos de refuerzo y otros cuatro administrativos, pero una parte de estos no son plazas fijas, por lo que cuando salen perdemos parte de la formación que hemos dado”, apunta la jurista.
La situación por la que está pasando la GAIP no es halagüeña, pero todavía respiran aliviados mirando al Consejo de Transparencia. La situación en esta importante institución estatal es aún peor, al haber encarado el mes de julio con la presidencia vacante, una plantilla colapsada y un presupuesto que ha ido menguando. A diferencia de la GAIP, el Consejo sí comenzó el año pasado a incumplir los plazos legales.
En el departamento de Acción Exterior y Transparencia de la Generalitat son conscientes de la situación en la que se encuentra el organismo. El conseller Ernest Maragall trasladó a los responsables de la GAIP que una de sus prioridades sería nombrar a nuevos miembros. La Comisión se ha convertido en uno de los instrumentos más efectivos a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley de Transparencia, un aspecto necesario también para la Generalitat, que es finalmente la encargada de la efectividad de la ley.