Nuevo movimiento de la defensa del exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, para intentar salir de la cárcel de Soto del Real, donde está encerrado desde el pasado 16 de octubre. Sànchez, que va de número 2 en la lista de Junts per Catalunya que encabeza Carles Puigdemont, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el alto tribunal deje en suspenso su prisión provisional y concurrir así “en condiciones de igualdad” con los otros candidatos a las elecciones del 21 de diciembre.
Se trata de un primer paso necesario para poder, en caso de no prosperar el amparo, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su recurso ante el TC, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, valora que el encarcelamiento del exlíder de la ANC por parte de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela vulnera hasta tres derechos fundamentales.
En primer lugar, el derecho al juez ordinario porque, a su juicio, la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar el delito de sedición por el que está imputado Sànchez por alentar las protestar contra el registro de la conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre.
En este sentido, la defensa de Sànchez invoca expresamente el artículo publicado en eldiario.es por más de cien profesores de derecho penal y constitucional que rechazan la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los posibles delitos de rebelión y sedición.
Asimismo, consideran vulneradas las garantías y derechos de Sànchez porque la magistrada justificó la prisión de Sànchez en motivos no esgrimidos por el fiscal en la vista oral, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. “Enmendando la plana al fiscal, la magistrada perdió su imparcialidad e impidió al Sr. Sànchez defenderse adecuadamente”, señala el recurso.
Recuerda la defensa además las palabras del magistrado de la Audiencia Nacional de Prada, que votó en contra de que Sànchez permaneciera en prisión al resolver su primer recurso. En su voto particular, el magistrado señaló que la decisión de la jueza se basó en meros “esteretipos al uso”, absolutamente insuficientes para privar a un ciudadano inocente de su libertad.