Fue Mosso d’Esquadra durante 21 años. Es licenciado en filología hispánica, en derecho y ahora estudia ingeniería de telecomunicaciones. Asegura que no tiene ningún partido político detrás y es el responsable de que se haya paralizado de manera provisional el aplazamiento de las elecciones catalanas.
Josep Asensio presentó el lunes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el aplazamiento de los comicios autonómicos. A diferencia de otros recursos presentados por distintas entidades y partidos, Asensio fue de los pocos que solicitó al TSJC que mientras tomaba su decisión mantuviera de manera provisional las elecciones para el 14 de febrero, la fecha en la que inicialmente se iban a celebrar los comicios.
Según ha asegurado Asensio esta mañana a Rac1, el decreto firmado por el vicepresidente Pere Aragonès en el que se tomó la decisión de aplazar las elecciones “no es legal” y el propio Aragonès no tiene competencias para aprobarlo. Añade, además, que el decreto no contiene argumentos sanitarios que justifiquen el cambio de fecha.
Asensio empezó a estudiar derecho a distancia mientras era policía para poder hacer frente a los procesos disciplinarios que le abrieron en los Mossos d’Esquadra por enfrentarse a “la corrupción del 3%” en Catalunya. Siempre según su relato, decidió aprender sobre leyes ante la dificultad de sufragar el asesoramiento legal que necesitaba. “Utilicé mi único activo, que es la capacidad de asimilar información y estudiar”, ha explicado en la misma entrevista.
Mientras estaba en el cuerpo, Asensio presentó numerosos pleitos contra el Departament d'Interior y participó en organizaciones sindicales minoritarias. A finales de 1999 fue suspendido durante cuatro meses de empleo y sueldo por dirigir por escrito frases insultantes a un funcionario que instruía un expediente sancionador contra otro compañero del cuerpo. Años después el TSJC le dio la razón. Asensio asegura que este cuerpo policial le ha pagado “más de 12.000 euros en indemnizaciones”.
Asensio, que reside en la comarca del Maresme (Barcelona), no se considera un abogado, sino que asegura ser un “policía que ejerce de abogado”. Durante los últimos años ha presentado diversos recursos y demandas relacionadas con el proceso independentista. En diciembre de 2017 se querelló contra la juez Carmen Lamela por el encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Para presentar la querella requería de 6.000 euros de fianza que la ANC le ayudó a recaudar en menos de 24 horas.
Este abogado, que no ha podido atender telefónicamente a elDiario.es, también acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar la destitución del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando se aplicó el artículo 155 en Catalunya. En 2014 presentó un recurso que fue desestimado contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Ley de Consultas de la Generalitat y el decreto que impulsó el Govern de Artur Mas para convocar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de ese año.