Reacción conjunta de los dirigentes independentistas en prisión preventiva al terremoto en el Poder Judicial provocado por los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han pedido al Tribunal Supremo que el magistrado Manuel Marchena, que ha renunciado a la presidencia del Poder Judicial, se aparte del juicio al proceso soberanista por su proximidad al PP.
Si a primera hora el propio Marchena comunicaba que renunciaba a presidir el Poder Judicial, antes del mediodía los independentistas han presentado ante el Tribunal Supremo sendas peticiones de recusación contra el magistrado. Al no ascender Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seguirá presidiendo la Sala de lo Penal del Supremo. En consecuencia, será el encargado de presidir el tribunal del juicio al 'procés' y de redactar la sentencia.
Los escritos de todos los dirigentes comparten dureza contra Marchena, al que acusan, en base al whatsapp de Cosidó, de ser un magistrado próximo al PP, y por lo tanto incapaz de contar con la imparcialidad necesaria para presidir al tribunal. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva llegan a calificar de “whatsapp de la vergüenza” el mensaje en el que Cosidó alardeó de que el ascenso de Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suponía “controlar desde atrás” la sala que juzgará el 1-O.
El escrito de los exconsellers de ERC, al que ha tenido acceso este diario, considera a Marchena “protagonista” del pacto entre el PP y el PSOE “para controlar el Poder Judicial”. En concreto, el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, argumenta que Marchena “está vinculado a una determinada orientación política [el PP] que hace dudar de su imparcialidad” para presidir el tribunal que juzgará el 'procés'. “A la politización general de la justicia, no podemos dejar de vincular la politización concreta del presente pleito”, asevera la defensa de los exconsellers.
Remarca el escrito de Junqueras y Romeva que la vinculación de Marchena con el PP no es un argumento que aporta la defensa, sino que lo ha desvelado “nada más y nada menos que un senador [Cosidó] encargado de negociar y acordar su candidatura a la presidencia del CGPJ para la persecución de unos intereses políticos públicamente conocidos ya”.
Por su lado, la defensa de Sànchez, Rull y Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, ha considerado que el pacto entre PP y PSOE para que Marchena fuera presidente del CGPJ muestra que el magistrado es una “correa de transmisión de los designios” de los populares. De ser ciertos los mensajes de Considó, añade la defensa, se confirmarían los “vínculos” con el PP de Marchena, lo que no garantiza a los exconsellers un juicio imparcial.
La proximidad de Marchena con el PP, a criterio de las defensas, implica que el magistrado tiene un “interés directo” en la causa del 'procés' (en concreto, en condenar a los dirigentes independentistas), uno de los motivos que marca la ley del poder judicial para promover la recusación de un juez. Además, la expulsión de Marchena del juicio al 'procés' se pide “sin perjuicio de la abstención” del magistrado. En otras palabras, una invitación a que Marchena renuncie a presidir el juicio a los 18 dirigentes independentistas, tal y como ha hecho con el GGPJ. También se pide que Cosidó testifique para que confirme “la veracidad” del mensaje.
Cabe recordar que las defensas ya plantearon la recusación de Marchena, que fue descartada por el tribunal en septiembre. Sin embargo, a criterio de los abogados, los whatasapps de Cosidó (que a su vez han provocado la ruptura del pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ) son un nuevo ejemplo de que no contarán con un tribunal imparcial, sino con una presidencia orientada a posiciones cercanas a los populares. Todo ello en un contexto de crisis en el Supremo por el cambio de criterio con el impuesto a las hipotecas y a las puertas del juicio al 1-O.
Más tiempo y cambio de tribunal
Por otro lado, los dirigentes independentistas han presentado otro escrito por el que piden que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y no el Supremo quien juzgue el caso del 'procés'. Alegan los acusados que el Supremo no es el tribunal competente para juzgar la presunta rebelión.
En un minucioso escrito, Pina argumenta que ni los escritos de acusación ni la investigación de la causa exponen qué elementos internacionales justifican que la causa se juzgue en el Supremo en vez del TSJC. Recuerda Pina que el elemento clave del presunto delito de rebelión (el supuesto alzamiento violento), y que marca dónde se tiene que juzgar el caso, sólo se pudo cometer en Catalunya, por más que en la preparación del presunto delito se observen vínculos con el exterior –contratar a observadores internacionales o registrar a los votantes extranjeros. Por todo ello la causa debe ir al TSJC, zanja.
Por su lado, la defensa de Jordi Cuixart, que ejerce la letrada Marina Roig, ha recordado al Supremo que en el caso de la consulta del 9-N, donde también se articuló un registro exterior de votantes, Artur Mas y el resto de dirigentes procesados fueron juzgados por el TSJC. El Supremo solo enjuició a Francesc Homs, en aquel momento diputado en el Congreso. Cuixart también ha reclamado la traducción íntegra de la causa al catalán y ha alegado que la celebración del juicio en el TSJC “permitiría el uso indistinto del catalán y el castellano sin necesidad de intérpretes”.
La sala del Supremo que juzgará a los dirigentes independentistas dio este lunes 10 días a las defensas de los 18 acusados para que presentaran sus escritos de defensa. La ley de enjuiciamiento criminal permite no obstante a las defensas plantear, antes de presentar sus escritos, cuestiones relativas a derechos fundamentales, como por ejemplo la competencia del tribunal para juzgar los hechos. Se trata de los llamados artículos de previo pronunciamiento.
Las defensas han solicitado además que el plazo de diez días para presentar los escritos de defensa quede en suspenso hasta que el Supremo resuelva qué tribunal juzgará la causa, aunque todos ellos son conscientes de que el Alto Tribunal rechazará desprenderse del caso. Asimismo, Sànchez, Rull y Turull han solicitado al Supremo que amplíe hasta 90 días el plazo para presentar sus escritos para “garantizar” el derecho a la defensa. De acordarse, el juicio, previsto para el mes de enero, se retrasaría y terminaría en plena campaña electoral de las municipales.