El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no ha amparado que particulares retiren símbolos del espacio público por considerarlos ilegales. Esta es una interpretación torticera de una sentencia que en las últimas semanas han difundido diversas entidades, en el marco de la campaña de retirada de lazos amarillos que está liderando Ciudadanos junto a diversas entidades. Ahora bien, tampoco ninguna ley ni sentencia prohíbe quitarlos. Ambas actuaciones, siempre que sean pacíficas, están avaladas por la libertad de expresión.
La confusión principal viene de la decisión del TSJC del pasado 5 de julio, que rechazó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Cugat a una sentencia anterior, que le obligaba a retirar una bandera independentista colocada en un mástil en una plaza de la localidad. La sentencia explicaba que, aunque la decisión de colocar la bandera se hubiera tomado por el pleno municipal, el acuerdo no era legal al ser la 'estelada' un símbolo partidista instalado por una administración pública.
De esta sentencia se han derivado al menos dos conclusiones erróneas, que diversas entidades y formaciones están usando para sus propias campañas. La primera, sobre que esta decisión produzca efectos generales para otras administraciones e, incluso, para particulares. Al contrario, la sentencia de 2016 y la posterior desestimación del recurso obliga únicamente al Ayuntamiento de Sant Cugat a retirar la 'estelada', pero en ningún caso prohíbe que ciudadanos puedan colocar cualquier símbolo, tanto en espacios privados –por ejemplo, una ventana– como en la vía pública, siempre que no dañen otros elementos.
La segunda idea equivocada tiene que ver con un supuesto “amparo” que daría el TSJC a ciudadanos particulares para que puedan eliminar por su propia mano los símbolos que consideren partidistas. Bajo esta premisa, Ciudadanos retiró el pasado 10 de agosto una pancarta con la inscripción “libertad presos políticos” del balcón del Ayuntamiento de Reus, descolgándola desde el suelo gracias a una escalera de mano y una alargadera. “Ciudadanos (Cs) ha retirado la pancarta colgada de la fachada del Ayuntamiento de Reus para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a garantizar la neutralidad y el respeto a la pluralidad de los ciudadanos”, aseguraba la formación en una nota de prensa.
También desde la asociación Unió de Mossos per la Constitució se ha trasladado la idea de que los particulares pueden retirar símbolos de los edificios municipales.
Pero de la sentencia citada no puede interferirse tal “amparo” a una actuación discreccional de ciudadanos en espacios municipales como el balcón de un ayuntamiento. Al contrario, si alguien persigue que el consistorio retire un símbolo político de sus dependencias, el camino que marca el TSJC no es otro que llevarlo ante los tribunales, como ocurrió en el caso de Sant Cugat.
De hecho, además de la consabida sentencia del 5 de julio, el TSJC dictó otra solo unos días más tarde en la que rechazaba obligar a la Generalitat a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. No porque diera carta de legalidad a la colocación de lazos, sino porque consideraba que la entidad que reclamaba su retirada, la plataforma Aixeca't/Levántate, carece de legitimación activa para promover el recurso contencioso para la protección de los derechos fundamentales que había planteado contra el Govern.
Retirar símbolos tampoco está prohibido
A la confusión sobre si es legal o ilegal colocar lazos se ha sumado la misma confusión sobre la supuesta prohibición de retirarlos. Más aún cuando el pasado fin de semana la Generalitat aseguró haber denunciado a 14 personas, organizadas para llevar a cabo acciones de retirada de lazos, por supuestos “daños al dominio público”.
Más allá del caso concreto, del que se deberá esperar a la propuesta sancionadora de la Generalitat para conocer más detalles, lo cierto es que retirar símbolos que otros particulares hayan dejado colgados en verjas, pasarelas o mobiliario urbano en general, tampoco puede considerarse una infracción penal o administrativa, siempre y cuando la acción se haga de forma pacífica y sin dañar los elementos donde estaban instalados.
Ni la ley de seguridad ciudadana –la conocida como “ley mordaza”– ni ninguna otra prohíbe retirar simbología que pueda considerarse que haya quedado abandonada. Eso no quiere decir que no pueden producirse otras infracciones durante la retirada, por ejemplo si hay amenazas o se exhiben armas prohibidas, como ha pasado en diversas ocasiones.
Así explicaba su visión sobre la cuestión el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Jacobo Dopico:
Más allá de las posibilidades de la ley de seguridad ciudadana, que impone multas administrativas, este lunes la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha salido a clarificar la posición del Ministerio Fiscal sobre la relevancia penal de este asunto. Al parecer de Segarra no hay “delito alguno” ni en quitar ni en poner símbolos, al considerar que ambas prácticas están amparadas por la libertad de expresión. Respeto a la ley mordaza, la Fiscal General ha preferido no pronunciarse sobre su posible aplicación, sobre la que tendría competencias la administración catalana.
El precedente de Baleares: una ley para callar la protesta
No es la primera vez que el uso de símbolos en los espacios públicos genera controversia. Uno de los precedentes más cercanos ocurrió en 2013, cuando el PP de Baleares aprobó, en solitario, una Ley de Símbolos para dificultar las protestas de la comunidad docente, que colgaba pancartas y lazos con la bandera de la 'senyera' en espacios públicos, sobre todo colegios, para protestar por la voluntad del Ejecutivo autonómico de acabar con la inmersión lingüística en catalán.
José Ramón Bauzá, por entonces presidente de las islas, quería implementar un sistema trilingüe en la enseñanza y encontró una fuerte oposición ciudadana y educativa. Con la ley que impulsó, prohibía la exhibición en espacios públicos de todos aquellos símbolos que no fueran oficiales. Para ello la ley preveía multas pensadas especialmente para los profesores que se manifestaban, imponiendo sanciones de hasta 10.000 euros a quienes colocaran símbolos en bienes inmuebles de la Comunidad, como son los centros escolares.
Tras la nueva composición parlamentaria a raíz de las elecciones autonómicas de 2015, PSOE, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca, Gent per Formentera y el PI votaron a favor de la derogación de la ley de Símbolos. Ciudadanos se abstuvo y los diputados del PP decidieron salir del Parlamento para evitar la votación. La mayoría progresista entendía que la polémica Ley de Símbolos atacaba la libertad de expresión y que respondía al “anticatalanismo” de Bauzá.