Pacto salomónico entre las formaciones independentistas para que la sangre, en forma de reproches cruzados, no llegue al río. JxCat, ERC y la CUP han reafirmado este jueves en el Parlament los “objetivos” de la declaración del 9 de noviembre de 2015, con la que comenzó la causa penal contra el independentismo. Con ella, la Cámara ha vuelto a mostrar una mayoría con “firme voluntad” de “culminar la independencia”.
La CUP había registrado una moción que contenía la primera declaración votada en la legislatura pasada, la que llevó al Tribunal Constitucional a ejercer por primera vez sus nuevas atribuciones ejecutivas. Los anticapitalitas pretendían así presionar a JxCat y ERC, algo que finalmente han conseguido suavizar gracias a un acuerdo del bloque independentista que ha rebajado el texto. Antes que eso, los letrados han vuelto a alertar a la Mesa de las posibles consecuencias penales de votar la propuesta de la CUP, pese a lo que el presidente Roger Torrent ha seguido adelante con el debate.
El pacto sobre el papel no ha sido suficiente para que las tres formaciones hayan ahorrado reproches cruzados. Desde el atril, el diputado de la CUP Vidal Aragonés ha asegurado que la propuesta pretende volver a poner de manifiesto la “incapacidad” de avanzar en la agenda social desde el Parlament si antes no se consigue la soberanía, cargando contra el discurso republicano de “ensanchar la base” gobernando. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha respondido que volver a traer iniciativas de 2015 renuncia “a hacer avanzar” al movimiento independentista.
Finalmente los independentistas han sumado sus 70 votos para sacar adelante la resolución, mientras que Ciudadanos, PSC y PP han preferido no votar, como ya hacían en la legislatura pasada con las propuestas que consideraban abiertamente inconstitucionales. Los comuns, por su parte, se han abstenido en la mayoría de los puntos de contenido social, y rechazado los que proponían avanzar hacia la independencia.
El texto pactado, el Parlament “ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas” para “alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Catalunya”. Para ello, la moción asegura reiterar los “objetivos” de la declaración del 9 de noviembre, no así el texto genérico, que conminaba a las instituciones catalanas a desobedecer a los tribunales Supremo y Constitucional. Además, manifiesta la validez del referéndum del 1 de octubre como mandato hacia la independencia, e interpreta en el mismo sentido las elecciones del 21 de diciembre.
Plan para recuperar leyes
Más allá de la parte declarativa, la moción pactada entre las formaciones ata en corto al Govern para que lleve a cabo uno de los compromisos centrales de la legislatura: recuperar leyes suspendidas. La moción que previsiblemente se aprobará este jueves da 90 días al president Quim Torra para presentar ante la Cámara un plan sobre las medidas para conseguir poner en vigor las medidas vetadas desde el Tribunal Constitucional.
De la misma forma, da 6 meses al Govern para que presente al trámite parlamentario los proyectos de ley o la normativa necesaria para recuperar todas aquellas leyes. Esta es una maniobra ensayada por el Govern en ocasiones anteriores -y con escaso éxito- que consiste en reelaborar leyes suspendidas con el objetivo de que pasen el filtro del Constitucional.
La moción incluye además una lista de leyes en la que aparecen las principales normas sociales, económicas y de desarrollo competencial de la anterior legislatura. No aparecen, sin embargo, ni la ley del referéndum ni la de transitoriedad jurídica, aprobadas en los días 6 y 7 de septiembre pasados. La lista incluye 14 normas que coinciden con las que Torra ha mostrado voluntad de rescatar, aunque la vía preferente del Ejecutivo es negociar con el Gobierno central la retirada de los recursos ante el Constitucional.