El Parlament celebrará este miércoles un nuevo pleno para debatir las diferentes propuestas de resolución presentadas por los grupos. Los independentistas aprobarán dos textos para reclamar la puesta en libertad de Carles Puigdemont y los diputados presos, a la vez que reivindican el derecho de todos ellos a ser investidos. JxCat, ERC y la CUP habían pedido un pleno urgente para esta cuestión, que finalmente ha sido convocado para el último día antes de los días de Semana Santa.
No serán los independentistas los únicos que llevarán resoluciones al pleno. Ciutadans ha decidido obligar al resto a posicionarse sobre la petición de dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha anunciado este lunes que ha trasladado la petición de dimisión a Torrent en una conversación telefónica. El motivo aducido por la líder de C's es doble: por un lado, lo acusa de contribuir a una “ruptura de la convivencia” y, por otro, considera que no habiendo convocado aún el pleno que le exigieron hace 13 días ha “vulnerado sus derechos”.
El PSC deberá manifestarse así sobre la cuestión de la dimisión de Torrent, en un momento en el que Miquel Iceta había optado por un discurso de unidad y entendimiento entre bloques. Tanto es así que este mismo lunes Iceta ha asegurado que los suyos no verían mal un Govern de concentración, idea que enlanza con el discurso que Torrent realizó el pasado domingo por la noche como máxima autoridad del país.
Esta actitud de los socialistas también estará reflejada en el pleno, que votará una propuesta de resolución que pide, por un lado, garantizar el respecto a la legalidad como marco del Parlament, pero también se enuncia contra la judicialización de la política. “Los conflictos políticos deben resolverse en el marco de la política, y no encontrarán solución en su judicialización”, asegura el texto del PSC que hace suya una reivindicación que en la legislatura pasada estuvo siempre en boca de los soberanistas.
Por su parte, las tres fuerzas independentistas reclamarán también que el Parlament de Catalunya se comprometa a adoptar “las medidas necesarias” para garantizar que tanto Puigdemont como Jordi Turull puedan ejercer sus derechos políticos y civiles, y que ello incluya el derecho de ambos a someterse al debate y votación en un pleno, para ser investidos como president de la Generalitat.
En sus textos, JxCat, ERC y la CUP apelan al artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU para asegurar que el Parlament garantizará el ejercicio político de los presos, incluyendo la investidura del líder de JxCat. La supuesta violación de este artículo sería una de las posibles alegaciones de Puigdemont y el resto de diputados en el exterior para evitar ser repatriados por los diversos estados a cuenta de la euroorden.
JxCat, con apoyo de la CUP y de la ANC, ha recuperado la idea de que Puigdemont pueda ser el candidato a ser presidente, una idea que en ERC de momento no hacen suya. Para ello tienen diversas vías, una de las cuales pasa por la modificación de la ley de la Presidència, que ya está en trámite. En este sentido, el PSC ha anunciado este lunes que reclamarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la modificación que los independentistas pretenden llevar a cabo.