JxSí y la CUP han registrado en el Parlament el texto de la declaración de independencia suspendida el pasado 10 de octubre para votarlo en el pleno de este viernes, que incluye la constitución de “la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social”. Al contar con la mayoría absoluta del Parlament, previsiblemente el texto saldrá adelante.
Los independentistas han presentado dos propuestas de resolución. La primera, para votar en el Parlament e intentar dotar así de valor jurídico la declaración de independencia suspendida y que firmaron sus diputados en el auditorio de la Cámara el pasado 10 de octubre. Además, proponen activar la ley de transitoriedad jurídica, la norma de ruptura que, según el plan independentista, estará en vigor durante seis meses hasta las elecciones “constituyentes” del nuevo estado catalán.
Sólo hay una diferencia entre la declaración del pasado día 10 y el texto que JxSí y CUP han registrado para votarse este viernes. Los independentistas han incluido un último párrafo a la declaración de independencia: “Asumimos el mandato del pueblo de Catalunya expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Catalunya se convierte en un estado independiente en forma de República”, reza el fragmento añadido a la declaración.
El resto de la primera propuesta de resolución de JxSí y la CUP insta al Govern a “dictar todas las resoluciones necesarias para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica”, a pocas horas de que el Gobierno puede acordar el cese de Puigdemont y los consellers en base al artículo 155, que también comportaría dejar la actividad del Parlament en la irrelevancia.
En concreto, el texto insta a activar una serie de artículos de la ley de transitoriedad, como los que prevén la redacción de un tratado de “doble nacionalidad” con el Gobierno de España o los decretos para “recuperar” las normas aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Constitucional.
También pide que la Generalitat “promulgue” los decretos necesarios “para la expedición a la ciudadanía de los documentos acreditativos de la nacionalidad catalana”, así como a adoptar “las medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal”, es decir, asegurar el pago de impuestos. Cabe recordar que, pese a que el 155 no se ha aplicado todavía, las finanzas de la Generalitat están intervenidas por el ministerio de Hacienda.
La segunda propuesta de resolución declara “el inicio y apertura” del proceso constituyente, e insta al Govern a constituir el Consejo asesor del proceso constituyente y el Fórum social constituyente. Según el texto, una vez ratificadas en consulta ciudadana las propuestas de dicho foto, constituirán un “mandato vinculante” para el Parlament que resulte de las elecciones constituyentes.