El referéndum y la declaración de independencia fueron los últimos pasos de un plan para lograr la secesión de Catalunya al margen de la ley. Y en él no sólo participaron los principales líderes políticos, sino que se extendió a varios niveles de la administración catalana y a las entidades independentistas. Así lo sostiene la magistrada Carmen Lamela en el informe por el que ha facilitado al Tribunal Supremo asumir la causa contra Puigdemont y el Govern encarcelado.
En concreto, según Lamela, el Govern puso de forma “ilegal al servicio de los intereses secesionistas” a los Mossos d'Esquadra, así como a organismos como el Centro Tecnológico de la Generalitat (CTTI) o el ente de relaciones públicas exteriores de la Generalitat, el Diplocat. Tenían, según Lamela, roles definidos y diferenciados con el único objetivo de la secesión.
A todos ellos, junto a los exconsellers y a los miembros de la Mesa y entidades independentistas imputados, Lamela les describe como parte de una “organización criminal” con “reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles [ANC y Òmnium]”.
No obstante, ni en una de las 25 páginas de su informe la magistrada habla expresamente de rebelión, delito por el que imputó a los exconsellers. La jueza sí se refiere a “actos sediciosos”. La diferencia entre ambos delitos no es menor: quince años de cárcel como máximo.
Lamela, que mantiene imputados al exmayor Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana por sedición por las protestas contra el registro en la conselleria de Economía del 20 de septiembre, resalta el papel de los Mossos “para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia”, que a su juicio va mucho más allá de su inacción para permitir el 1-O. En el informe la magistrada también revela que tiene abierta una pieza separada y secreta en la que el 30 de octubre acordó diligencias a las ocho regiones policiales de los Mossos y el CTTI.
Destaca la magistrada el “potencial efecto coercitivo” de 17.000 agentes armados, así como la “capacidad intimidatoria e investigadora” de los Mossos, que se tradujo, tal y como indicó la Guardia Civil al juez de instrucción 13 de Barcelona, en labores de “contravigilancia” a los altos cargos del Govern investigados por preparar el referéndum, así como en “espionaje” y “casos de enfrentamiento” con la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1-O.
Entre los cargos imputados por el juez de Barcelona que supuestamente contaron con contravigilancia de los Mossos figura un directivo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), otro de los organismos a los que la magistrada otorga un papel fundamental para prestar “apoyo tecnológico” a la celebración del referéndum y la creación de estructuras de Estado. Tanto este organismo como el Cesicat han sido objeto de una profunda investigación por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La tercera pata dentro de la administración catalana indispensable para la independencia fue, según Lamela, el Diplocat, un ente autonómico destinado a labores de imagen en el exterior que el Govern habría usado “como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal”, algo para lo que la Generalitat carece de competencias. Según Lamela, se buscaba así “obtener apoyos y buscar el reconocimiento y la expansión internacional del conflicto” independentista.
Asimismo, sin citarlos, Lamela se refiere a algunos de imputados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por preparar el referéndum, como por ejemplo los altos cargos de Economía y el asesor del Govern y exvicepresidente del Constitucional, el jurista Carles Viver Pi Sunyer, considerado el arquitecto de las leyes de ruptura. Para Lamela, son una pata más de la “compleja y heterogénea organización” para lograr la independencia cuya responsabilidad merece ser investigada.
Todo ello mientras, según Lamela, Forcadell y los miembros de la Mesa permitían la aprobación de un “marco legal paralelo” en el Parlament contrario al Constitucional y los consellers ejecutaban el plan independentista desde el Govern, a la espera del “momento clave” de ruptura que debía ser apoyada por la “determinación ciudadana en la calle”. Para este fin la organización tenía en los líderes de Òmnium y la ANC a sus protagonistas.
“La confluencia estratégica de todas las actividades, perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal fue lo que en suma permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia”, concluye Lamela.
En manos del Supremo
Al ser partidaria de investigar de forma conjunta los hechos que afectan al exGovern y a la Mesa, la propia Lamela, en contra del criterio de la Fiscalía, da un paso para desprenderse de la causa y entregarla al Supremo. El motivo es la presencia de aforados ante este segundo tribunal: Forcadell y el resto de la Mesa son miembros de la Diputación Permanente del Parlament disuelto.
La jueza entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los imputados. Cabe recordar además que la mayoría de exconsellers van en puestos de cabeza en las listas del 21D, por lo que con casi total seguridad recuperarán el aforamiento que perdieron por la aplicación del 155.
También las defensas de los exconsellers son partidarias de que el Supremo asuma todo el caso. Fue Andreu Van den Eynde, letrado de Carme Forcadell y Oriol Junqueras, el primero en pedirlo el pasado 10 de noviembre.
Fuentes de las defensas han explicado que pedirán la puesta en libertad de los exconsellers ante el Supremo inmediatamente después de que el alto tribunal confirme que asume la causa, cosa que podría ocurrir este mismo viernes o el lunes. Lo harán mediante un escrito. Después la Fiscalía deberá emitir un informe al respecto.
Las defensas ven en el Supremo una de las pocas vías para lograr su salida de prisión, una vez que el acatamiento del 155 y su voluntad de lograr la independencia por vías pacíficas, que han reiterado en sus recursos, no les sirvió para impedir la orden de prisión incondicional tras declarar ante la jueza Lamela. A su favor también puede jugar la renuncia a la vía unilateral que PDeCAT y ERC planean incluir en los programas electorales.
El letrado de Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha mostrado su “optimismo” en que el Supremo acuerde medidas cautelares menos graves para los exconsellers que la prisión decretada por Lamela. Por su lado, Van den Eynde ha contemplado que el exvicepresident empiece en libertad provisional la campaña electoral el 5 de diciembre. “Por plazos sería posible”, ha añadido. Todo dependerá del juez Pablo Llarena.