La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga el papel de los Mossos d'Esquadra en el proceso soberanista, ha citado a declarar como imputado –investigado, según la nueva denominación– por sedición al exmajor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por el 1-O. Trapero ya estaba investigado por la inacción de la policía catalana en la protesta frente a la conselleria de Economía del pasado 20 de septiembre.
La jueza ha citado a declarar a Trapero para este viernes, 23 de febrero, a las 9.00 horas en calidad de investigado, cuatro meses después de su última declaración, tras la que quedó en libertad sin fianza. Su sustituto al frente de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferrán López, también deberá comparecer el viernes ante la magistrada, aunque en su caso como testigo.
En un duro auto, Lamela se reafirma en que la policía catalana jugó un papel caudal no sólo para facilitar el 1-O, sino también en el supuesto “plan estratégico” de la cúpula independentista hacia la secesión. “La conducta de los Mossos d'Esquadra desde el 20 de septiembre al 1 de octubre, enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”, indica la magistrada.
Un “plan premeditado”
“Se diseñó un plan premeditado el 1 de octubre para obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, abunda Lamela, que ve el origen de dicho plan en la cúpula de los Mossos d'Esquadra que comandaba Trapero, destituido de su cargo y destinado a tareas administrativas desde la aplicación del 155. A criterio de la instructora, Trapero actuó “en conexión directa con los miembros del comité estratégico”, los líderes independentistas investigados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Cabe recordar que el magistrado Llarena rechazó este viernes asumir las pesquisas contra Trapero. De hecho, a diferencia de Lamela, Llarena no situó a Trapero al mismo nivel que la cúpula independentista, sino como un ejecutor de sus planes. Argumentó el juez que, en el actual momento de la instrucción, era “exorbitante” extender la investigación del Tribunal Supremo a todos los que “prestaron su colaboración” para ejecutar el plan hacia la independencia del Govern, Òmnium y la ANC, como por ejemplo Trapero.
Según Lamela, el exmajor no fue un actor secundario: “La finalidad inmediata de D. Josep Lluís Trapero Álvarez estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales”. Y podría no ser la última vez que Trapero tenga que comparecer ante Lamela, ya que la magistrada insinúa que la conducta del exmayor podría calificarse una vez avance la instrucción como constitutiva de un posible delito de organización criminal.
“Controlar e increpar” a Policía y Guardia Civil
A criterio de Lamela, los Mossos no solo actuaron con pasividad para facilitar el 1-O, sino que también se dedicaron a “controlar” la labor de Policía Nacional y Guardia Civil. Apunta la jueza que los agentes de la policía catalana “debían comunicar a sus superiores de forma prioritaria” las acciones de los cuerpos estatales durante el referéndum. Además de estas labores de vigilancia, Lamela acusa a los Mossos de “obstaculizar”, “increpar” e “incluso llegar a enfrentarse” con agentes de Guardia Civil y Policía.
Respecto al plan para, en contra de lo ordenado por el TSJC, permitir el 1-O, Lamela expone que los Mossos también “infrautilizaron deliberadamente” sus unidades antidisturbios, diseñaron un sistema de comunicación que “ralentizaba” la toma de decisiones y los mandos de las nueve regiones policiales dieron, el mismo día de la votación, unas instrucciones orales “distintas y contrarias” tanto a las transmitidas por escrito en días anteriores como a la prohibición del TSJC.
Por todo ello la magistrada, además de la declaración de Trapero, ha ordenado que los Mossos le entreguen “la identidad de las personas y medios orales y escritos” a través de los que se comunicó a los agentes las pautas de actuación del 1-O, la identidad de los jefes de las unidades antidisturbios y la “composición y funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas”.
Asimismo, la jueza ha pedido a la Guardia Civil que identifique a los agentes de los Mossos que, según su tesis, “realizaron actuaciones de vigilancia sobre cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de Policía Nacional o sobre efectivos de dichos cuerpos” el 1-O.