Un trámite más antes de la decisión definitiva. La titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha enviado a juicio al exsecretario general de Convergència Democràcia de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, y a su esposa, Anna Vidal, por el caso de corrupción de las ITV. Con todo, que Pujol se siente en el banquillo de los acusados dependerá de si el magistrado presidente del tribunal popular de Barcelona acepta el pacto al que el expolítico y su esposa llegaron con la Fiscalía, una decisión que podría tardar varias semanas.
El hijo del expresident Jordi Pujol, que también está imputado en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra, caso que ha llevado a su hermano Jordi Pujol Ferrusola a la prisión provisional, llegó en julio a un pacto con la Fiscalía por el que reconoció que cobró comisiones de empresarios afines a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) catalanas.
Pujol Ferrusola aceptó dos años y medio de cárcel, que podrían suponer su ingreso en prisión, por las comisiones del caso ITV. A cambio, su esposa, Anna Vidal, se salvaba de entrar en prisión.
Según el auto por el que les envía a juicio, Vidal cobró un total de 381.450,40 euros entre 2010 y 2012 mediante la simulación de facturas de trabajos para empresarios de las ITV, que en realidad eran retribuciones a la “inestimable colaboración prestada” por Oriol Pujol Ferrusola para conseguir los contratos de las estaciones de vehículos.
Y es que tanto el auto, como la acusación del fiscal y el propio Pujol al reconocer los hechos, constatan que el hijo del expresident usó su influencia política para favorecer a determinados empresarios del sector de las ITV y cobró estos servicios a través de su mujer.
Al tratarse de un pacto parcial, dado que ni el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergio Alsina –amigo íntimo de Oriol Pujol– se han sumado al acuerdo, será el magistrado presidente del tribunal del jurado que deba juzgar el caso el que decidirá en los próximos meses si da por bueno el pacto del expolítico de CDC con la Fiscalía.