Falta de competencias, oposición del gobierno central, necesidad de negociar con terceros o gasto disparado. Las medidas presentadas este martes por el president Carles Puigdemont como guía de la acción de su gobierno durante la próxima legislatura encontrarán problemas de diversos tipos para poder ser aplicadas a lo largo de la legislatura. A continuación siete de las medidas que puede dar al Govern verdaderos quebraderos de cabeza si desea cumplir:
1- Ampliación y mejora de la Renta Mínima de Inserción
El Govern se ha comprometido a restablecer la RMI a su estado en 2011, antes del recorte dado por el primer Govern de Artur Mas, lo que la volvería a convertirla en un derecho subjetivo y dotado de una partida abierta, ampliando su cobertura y eliminando dilaciones administrativos. Esta era una de las promesas contenidas en el programa de JxSí y también fue una medidas aprobada en el pleno de pobreza de marzo pasado.
Una Renta Mínima de Inserción como la que se propone el Govern podría costar a las arcas públicas unos 300 millones de euros, según se cifró en las negociaciones de investidura entre la CUP y JxSí. Casi el doble de los 173 millones presupuestados en esta partida en 2015 –el Govern asegura que ha gastado unos 200–, y todavía por encima de los 70 millones de ampliación presupuestaría que contempla el plan de choque.
2- Aplicación de la ley contra la pobreza energética y los desahucios
La Ley 24/2015 contra la pobreza energética y los desahucios, aprobada gracias a una ILP de la PAH que consiguió poner de acuerdo a todos los grupos en el Parlament, ya se está aplicando por algunos ayuntamientos pero necesita ser desplegada a nivel autonómico. Además, sobre ella pende la posibilidad de un recurso del Gobierno central al Constitucional, lo que la suspendería cautelarmente.
Para desplegar la ley, el Govern debe firmar convenios con las compañías suministradoras, que están incumpliendo su obligación de contactar con los servicios sociales antes de efectuar un corte y además deberían asumir parte del coste de los impagos de personas en situación de vulnerabilidad. Por lo que respecta al sobreendeudamiento por hipoteca, el Govern debe elaborar un reglamento de segunda oportunidad que 9 meses después de aprobarse la ley todavía no ha desplegado.
3- El incierto futuro de BCN World
El Govern ha incluido en el plan de gobierno presentado este martes el macrocomplejo turístico de Vila-Seca con el mismo redactado que aparecía en el programa electoral de Junts pel Sí: “Revisión e impulso del proyecto de complejos turísticos integrados del Campo de Tarragona”. Con este epígrafe el Govern hace referencia al BCN World, un proyecto que ahora mismo se encuentra parado por el acuerdo de investidura con la CUP, que suspende el Plan Director Urbanístico hasta que no haya un acuerdo por consenso. Sin embargo, el Govern se ha reunido con grupos inversores que han mostrado interés por la operación, como Hard Rock o el grupo internacional de juego Melco.
La oposición de la CUP no es el único problema del BCN World. ERC nunca ha apostado por el proyecto y las únicas fricciones conocidas entre Puigdemont y Junqueras hasta ahora tienen que ver con la consulta que se pretende llevar a cabo sobre el BCN World, que el primero quiere extender a todos los catalanes y el vicepresident restringe a los habitantes de la zona. Durante la legislatura pasada el complejo turístico contó con el respaldo del CiU y PSC, pero estos dos grupos solos ahora no sumarían mayoría en la Cámara.
4- Renegociación de las condiciones financieras
Uno de los grandes epígrafes a los que deberá dar solución el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, es el del endeudamiento y la financiación de la Generalitat. El plan de gobierno se marca varias tareas que serán imprescindibles para cumplir con la promesa de “revertir los recortes”, como renegociar los intereses del FLA, redistribuir los objetivos de déficit de las CCAA o revisar el modelo de financiación autonómica. Pero, para todo esto, no valdrá con la voluntad del Govern sino que deberá conjugarse con la del Gobierno central, que hasta ahora se ha mostrado frío a las reclamaciones de Junqueras.
Respecto a los intereses del FLA, para este 2016 están marcados en el 0,83%. Junqueras busca que el ministro Montoro los deje a 0, como en 2015, algo a lo que por el momento el Ministro no ha accedido. Algo similar ocurre con los objetivos de déficit, fijados por Hacienda y más duros para las comunidades que para la administración central, y cuyo cumplimiento Montoro volvió a reclamar este mes.
Para mejorar la grandes cifras económicas, el Govern de Junqueras solo puede contar con un giro de 180º en la actitud del gobierno central, o directamente un cambio de este. De menor cuantía es la renegociación de las financiaciones estructuradas, que Economía deberá discutir con las empresas privadas que hicieron infraestructuras en tiempos de la burbuja. Esta tarea ya fue comenzada por el anterior conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, con resultados aceptables.
5- Reducción de las listas de espera médicas
Este punto ha sido rebajado en el plan de gobierno respecto a cómo figuraba en el plan de choque pactado con la CUP. En el documento pactado con los anticapitalistas, el Govern se comprometía a una reducción del 50% en listas de espera de primera visita y pruebas diagnósticas, y de un 10% en listas de espera para quirúrgicas. El plan de gobierno presentado este martes, en cambio, no entra en porcentajes y se limita a hablar de una “mejora de la situación de las personas en lista de espera para intervención quirúrgica, prueba diagnóstica o visita al especialista”.
La reducción de las listas de espera en los porcentajes en los que se proponía en el plan de choque era una medida valorada en unos 100 millones de euros. Además, implicaría aumentar en más de 20.000 las operaciones quirúrgicas en centros del SISCAT, todo en reto para el conseller Toni Comín si se tiene en cuenta que esta promesa va a aparejada a sacar algunos centros de la red del SISCAT.
6- Sacar los centros privados del Sistema Sanitario Integral
Esta es otra de las medidas contenidas en el plan de choque pactado con la CUP y el primer anuncio hecho por el conseller Comín en la comisión de Salut del Parlament. “¿Qué pasará con los enfermos del Taulí cuando las urgencias estén saturadas y las camas de planta llenas?”, se preguntaba tras el anuncio del conseller Jorge Serrano, presidente del comité de empresa de ese Hospital. Serrano ponía sobre la mesa una cuestión central y que por el momento Salud no ha resuelto, como es la capacidad de la red solo pública de absorver toda la actividad que actualmente se deriva a centros privados.
Según diversos expertos consultados, la medida es posible, destinando todos los recursos que antes iban a convenios a los centros públicos. Sin embargo, los convenios con los tres principales centros privados –Cínica del Vallès, Hospital General de Catalunya y Sagrat Cor– seguirán operativos hasta su vencimiento, en el caso de los dos primeros. Por lo que respecta al Sagrat Cor, Salud reconoce necesitar algo más de tiempo para decidir cómo canalizar la importante demanda que ahora absorbe.
7- Traspaso de los ferrocarriles de Rodalies y Regionales
La reclamación de la gestión completa de los servicios de ferrocarril de Rodalies y Regionales es una vieja demanda de la Generalitat, acrecentada por el mal servicio y pronóstico brindado en los últimos tiempos por Renfe y Adif, en comparación con el servicio de FGC, que gestiona la Generalitat.
El Govern Puigdemont plantea un traspaso escalonado que comportaría 4 fases: Desclasificación del interés general de la red ferroviaria, en un primer momento, para que la Generalitat asuma, primero, los corredores con servicio mayoritario o único de cercanías, después el resto de la red, y por último la red de alta velocidad.
Estos propósitos chocan con las intenciones del actual gobierno central, que han negado en repetidas ocasiones a un traspaso que ceda la titularidad de la infraestructura ferroviaria a Catalunya. El Congreso instó al Gobierno de Rajoy a constituir un grupo de trabajo con la Generalitat para estudiar la transferencia de algunas líneas férreas, pero los grupos del PP y Ciudadanos se niegan a este traspaso aduciendo razones técnicas o que trenes de larga distancia y mercancías, que deberían continuar usando la red, no son competencia de la administración autonómica.