La paradoja de la euroorden se ha cumplido. ha Mesa del Parlament ha aceptado este martes que el diputado de ERC, Toni Comín, pueda delegar su voto pese a encontrarse en Bélgica, al entender que las medidas cautelares impuestas por el juez belga tras la reactivación de la orden de detención europea contra él le impiden salir del país y, por tanto, su ausencia de los plenos está justificada.
Con la aceptación del voto delegado de Comín, JxCat y ERC tienen mayoría suficiente por sí solos para imponerse al bloque de la oposición, sin necesidad de que la CUP dé más que una abstención. Esto permitiría al independentismo investir a un candidato que solo tuviera el apoyo de los dos principales grupos independentistas. Con todo, el Tribunal Constitucional impuso, en respuesta al requerimiento del gobierno central, unas inéditas medidas cautelares que impiden la delegación de voto en algunos supuestos en el caso de investiduras.
La Mesa ya aceptó hace unas semanas el voto delegado de Carles Puigdemont, por las mismas razones judiciales. El president cesado pudo votar mientras estuvo interno en la prisión alemana de Neumünster y, tras su salida, mantuvo su voto delegado. El voto de Comín era el último que faltaba por delegar hasta que este lunes ERC formalizó su petición.
Los partidos de la oposición agotaron los plazos sin recurrir la delegación de voto de Puigdemont, pese a que algunos de ellos, como Ciutadans o el PP, habían anunciado que lo estudiarían. La complejidad para justificar ante el Constitucional un tratamiento diferente para los diputados presos en España y bajo medidas cautelares en países europeos, hizo finalmente desistir a los partidos de recurrir la delegación.
Tras la reunión de la Mesa la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha anunciado la petición de reconsideración de su grupo contra la decisión de la Mesa, considerando que los “fugados” no pueden pedir la delegación por no estar incapacitados. Arrimadas ha exigido también al Gobierno central que interponga un recurso ante el Constitucional sobre esta cuestión. “Es el Gobierno el que tiene todos los recursos para impedirlo, más allá de lo que podamos liderar nosotros desde el Parlament”, ha asegurado.
Por su parte el PSC ha anunciado que actuará con la delegación del voto de Comín de la misma forma que ya lo hizo con el de Puigdemont, es decir, reclamará la reconsideración a la Mesa. Ahora bien, si la mayoría independentista mantiene su criterio, el PSC no llevará ante el Constitucional esta decisión. Según ha avanzado la portavoz Eva Granados, su opinión es que ni Puigdemont ni Comín deberían tener el voto delegado, en vista de las cautelares impuestas por el Constitucional, pero valoran que debe ser el propio tribunal quien actúe de oficio si considera que se han vulnerado sus autos.