Los políticos independentistas catalanes deben quedar en libertad y, de permanecer encarcelados, el Gobierno debe acercarles a una prisión catalana. Así lo han defendido representantes de los 'comuns' y Òmnium Cultural este jueves después de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, haya respaldo un traslado a cárceles catalanas de los nueve presos preventivos por rebelión si así lo autoriza el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Desde el PSC, su primer primer secretario, Miquel Iceta, ha reiterado que la prisión provisional de los políticos catalanes es desproporcionada y ha defendido el traslado a una cárcel catalana. Además, una vez acabada la instrucción y hasta que se celebre el juicio, se ha mostrado abierto a que puedan quedar en libertad provisional, una decisión que sí depende en exclusiva del juez Llarena. “La prisión preventiva debe ser un caso excepcional y en este caso nosotros no lo vemos”, ha subrayado en una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio.
En declaraciones en el Parlament, los portavoces de En Comú Podem y Catalunya en Comú en el Congreso y en el Parlament, Josep Vendrell y Elisenda Alamany, han replicado a Grande–Marlaska que el acercamiento a cárceles catalanas de los presos independentistas no dependen del juez Llarena sino de Instituciones Penitenciarias, esto es, del Gobierno.
“La decisión es política, no del juez”, ha afirmado Vendrell, que ha reclamado a Grande–Marlaska que pase “de las palabras a los hechos”. “Lo tiene muy sencillo, basta con que le diga a la secretaría de Instituciones Penitenciarias que ponga en marcha en traslado”, ha añadido el diputado. Alamany ha recordado que los 'comuns' rechazan la prisión provisional de los líderes independentistas porque impide “el diálogo y la normalidad” en Catalunya y España.
Los nueve presos independentistas –los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado de JxCat y exlíder de la ANC Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart– han solicitado a Instituciones Penitenciarias su traslado a cárceles catalanas una vez ya han sido procesados por el juez Llarena, lo que acerca el final de la instrucción de la causa por rebelión.
El Gobierno tiene en su mano el traslado a Catalunya de los políticos presos. La Ley Orgánica y el Reglamento Penitenciario atribuyen a la Administración la competencia exclusiva de los traslados, y el fin de la instrucción agota la excusa de que los preventivos permanezcan en una cárcel próxima al Tribunal Supremo por si deben declarar. El todavía director de prisiones que nombró el PP puede negarse, pero un recurso de alzada otorgaría la decisión final a Grande-Marlaska
En un mensaje en Twitter, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha considerado que sería “más correcto” que el ministro abogara por el acercamiento a cárceles catalanas “porque así lo determina la ley”. “Y no queremos su traslado, exigimos su liberación”, ha zanjado Mauri.
Más crítico se ha mostrado Ciudadanos, el partido que lidera la oposición en Catalunya. En un tono duro, la portavoz adjunta de C's en el Parlament, Lorena Roldán ha considerado que el traslado a prisiones catalanas de Junqueras y los exconsellers muestra “las hipotecas” de Sánchez con los independentistas, y ha sostenido que el nuevo Ejecutivo “da privilegios a los que se saltaron la ley”. “El señor Grande–Marlaska está más pendiente de cumplir los pactos con los nacionalistas que de hablar de Interior, que es lo que tendría que hacer”, ha abundado.