El grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria pide dejar en libertad a Rull, Forn, Romeva y Bassa
El grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU ha pedido dejar en libertad a los exconsellers Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva en prisión provisional desde hace más de un año y medio. El organismo cree que los líderes soberanistas podrían ser indemnizados y solicita una investigación “exhaustiva” e “independiente” sobre su encarcelamiento, que considera “arbitrario”.
En sus conclusiones, el grupo de trabajo sigue la línea de lo que dictaminó sobre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y vuelve a dar la razón a los líderes independentistas, que llevaron su encarcelamiento ante este organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al considerarlo contrario a los principios de la declaración universal de derechos humanos.
La decisión del comité no es vinculante para España. De hecho, cuando Sànchez, Cuixart y Junqueras pidieron su puesta en libertad en base al dictamen, el Supremo respondió no solo negando la excarcelación sino con una dura crítica a los expertos del grupo de trabajo. El informe, zanjaron los magistrados, contenía “afirmaciones extravagantes carentes de toda lógica”.
El nuevo documento, en suma, sigue el mismo razonamiento y conclusión que el primero. Descarta todas las alegaciones planteadas por el Gobierno y valora que los líderes soberanistas están en prisión para “reprimir y silenciar su reclamo en favor de la autodeterminación”. “La detención está motivada por su opinión política”, apostillan los expertos del grupo de trabajo, afirmación que el Supremo ha rechazado en los sucesivos autos por los que ha rechazado dejar libres a los presos del procés. El tribunal ha dejado claro que les mantiene en prisión por el riesgo de fuga debido al resto de procesados por el 1-O que vive en el extranjero.
La emisión del primer dictamen del grupo de trabajo provocó una agria reacción del Gobierno, que descalificó a los expertos del comité y transmitió su queja a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Según dijo el Gobierno, los redactores del informe “parecen desconocer el delito” por el que los políticos catalanes fueron juzgados y “desconocen aparentemente la separación de poderes”.
