Los líderes soberanistas continúan con su estrategia internacional para denunciar su situación de prisión provisional. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha reclamado este viernes a las autoridades españolas la puesta en libertad “inmediata” del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez al considerar “arbitraria” la prisión provisional antes del juicio al 'procés'.
La OMCT es la mayor asociación del mundo de ONG para los derechos humanos que trabajan para acabar con la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos o degradantes. En sendas cartas enviadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la fiscala general del Estado, María José Segarra; y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock, expresa su “seria preocupación” por la prisión provisional de Cuixart y Sànchez.
“La OMCT condena la continua detención arbitraria y la persecución judicial contra Cuixart y Sánchez, que constituyen una restricción desproporcionada de sus derechos fundamentales a la libre expresión, la reunión pacífica y la libertad personal”, reza la misiva de Staberock, que pide además retirar los cargos de rebelión y sedición contra ambos líderes por ser, a su juicio, “infundados”.
Cuixart y Sànchez permanecen en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017. El pasado 2 de noviembre la Fiscalía formalizó la acusación de rebelión contra ambos y la petición de pena de 17 años de cárcel. La Abogacía del Estado, por su lado, les reclama ocho años de cárcel por sedición.
Además de la libertad de Cuixart y Sànchez, en su carta, Stabercock insta a las tres autoridades españolas a “garantizar” su derecho a un juicio justo. En este sentido, la OMCT rechaza que el Tribunal Supremo sea la instancia competente para juzgar el caso y reclama que la causa pase a los juzgados catalanes. La organización alerta además de que, al ser juzgados por el Supremo, Cuixart y Sànchez no tendrán derecho a la doble instancia (como sí tendrían si lo hiciera el TSJ catalán o la Audiencia de Barcelona).
La OMCT entra además discutir la acusación de la Fiscalía, que cree que el plan hacia la independencia contemplaba la utilización de “la violencia necesaria” a través de manifestaciones “tumultuarias” de Òmnium y ANC, como por ejemplo la concentración contra los registros del 20 de septiembre. La OMCT replica que los estándares internacionales compartidos por organizaciones tanto gubernamentales como ONGs indican que el derecho de reunión y manifestación “debe interpretarse de modo que incluya una conducta que pueda molestar u ofender, e incluso una conducta que obstaculice u obstruya temporalmente las actividades de terceros”.
La carta de la OMCT concluye reclamando al Gobierno cumplir con las “obligaciones internacionales” de respetar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión. Por ello pide modificar la denominada 'ley mordaza' y el Código Penal “para garantizar los más altos estándares internacionales de derechos humanos en relación con el derecho a la protesta social” así como “garantizar en todas las circunstancias el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y los instrumentos internacionales ratificados por España”.