“Sí, efectivamente”. Con estas dos palabras ha dado carpetazo Oriol Pujol Ferrusola al caso de las ITV. En una vista que ha durado diez minutos, el hijo del expresident de la Generalitat ha ratificado ante la magistrada presidenta del jurado el pacto al que llegó con la Fiscalía Anticorrupción por el que ha admitido que cobró comisiones a cambio de facilitar los negocios de empresarios dedicados a la Inspección Técnica de Vehículos.
Pujol Ferrusola ha aceptado dos años y medio de cárcel por los delitos de falsedad documental (un año y cinco meses), cohecho (ocho meses) y tráfico de influencias (cinco meses), así como una multa de 76.000 euros. Inicialmente la Fiscalía Anticorrupción reclamaba cinco años y dos años de cárcel. Su mujer, Anna Vidal, se ha conformado con 15 meses de prisión sustituibles por una multa de 83.250 euros por un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil.
Durante la breve vista, Pujol Ferrusola se ha sentado al lado de su mujer. Ha sido el primero en ratificar el acuerdo. Después le han seguido su esposa y los otros cuatro políticos y empresarios acusados en la trama. Pujol Ferrusola ha evitado mirar a Sergi Alsina, Josep Tous, Ricard Puignou y Sergio Pastor. Movía los dedos y tocaba su anillo mientras los procesados ratificaban sus confesiones.
El abogado de Pujol Ferrusola, Xavier Melero, ha explicado el próximo paso del expolítico de CDC una vez la sentencia sea firme (la magistrada presidenta del jurado popular que tenía que juzgar a Pujol la redactará en las próximas semanas, por lo que formalmente el hijo del expresident todavía no es el primer miembro de la familia condenado por corrupción). La defensa pedirá suspender la entrada en la cárcel de Pujol Ferrusola pese a que su condena suma más de dos años de cárcel. Previsiblemente los magistrados encargados de decidirlo serán los de la sección 20 de la Audiencia de Barcelona, encargados de ejecutar los fallos del tribunal del jurado.
Según el texto del pacto definitivo, que se convertirá en la sentencia del caso una vez la firme la magistrada Carmen Zabalegui, el hijo del expresident Jordi Pujol urdió un plan y usó sus “influencias políticas” para adjudicar los nuevos lotes de las ITV a los empresarios Alsina y Pastor en el año 2011.
La corrupción no terminó aquí: Pujol Ferrusola “intervino directamente” gracias a sus cargos al frente de la secretaría general de CDC y del grupo de CiU en el Parlament en las negociaciones para la venta de la planta de la empresa Sharp de Sant Cugat en 2010, una de las deslocalizaciones más importantes en Catalunya durante la crisis. La planta se vendió a una empresa controlada por Alsina. A cambio, una sociedad de la mujer de Pujol, Anna Vidal, facturó a Alsina 236.000 euros, enmascarados como estudios financieros cuando en realidad eran mordidas por los contactos facilitados por su marido para poder obtener la planta.
Mismo esquema se siguió en el caso de la deslocalización de una fábrica de Yamaha. En conjunto, Vidal facturó a empresas de Alsina 381.450,4 euros, que se intentaron justificar como trabajos de asesoría pero que eran en realidad “retribuciones a la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol Ferrusola”, destaca el acuerdo.
El pacto también comporta el decomiso de un total de 311.838,1 euros entre los seis acusados. La causa supuso la dimisión de Pujol de su cargo de secretario general en la antigua Convergència y de su escaño en el Parlament. Se frustró así su carrera política, en la que aspiraba a liderar, como hizo su padre, el partido del nacionalismo catalán conservador. Casi cinco años después, Pujol Ferrusola se convierte en el primer miembro de la familia condenado por corrupción.