Cuando a finales del pasado abril el Tribunal Constitucional suspendió el grueso de medidas de derecho a la vivienda de la ley catalana antidesahucios, el Govern de la Generalitat impulsó un frente común con ayuntamientos y entidades con el objetivo de elaborar una nueva norma que garantizara los derechos perdidos los más rápido posible. Se calculaba que la ley catalana había permitido detener más de 4.000 desahucios en nueve meses, y era un instrumento imprescindible para los ayuntamientos en esta materia.
Este miércoles, poco más de medio años después, el Parlament ha dado luz verde al proyecto de ley elaborado por el departament de Gobernación que dirige Meritxell Borràs, al no haber interpuesto ningún grupo mociones a la totalidad en su contra. Sin embargo, la norma que se preveía de amplio consenso ha perdido el respaldo de diversas plataformas sociales y ayuntamientos, que acusan al Govern de haber ido demasiado lejos en la rebaja que ha llevado a cabo para evitar que la nueva norma vuelva a ser derribada en el Constitucional.
Entre los apoyos más importantes que la nueva ley se ha dejado por el camino se encuentra el de la PAH, entidad impulsora de la ILP que dio lugar a la antigua ley. Desde la Plataforma consideran que el texto es insuficiente y son pesimistas respecto a los resultados que dará, aunque aseguran que tratarán de sacar el máximo provecho del texto que se apruebe.
Rebaja respecto a la antigua ley
En concreto, las entidades ponen el acento en dos aspectos que la nueva norma rebaja respecto a la ley nacida de su ILP. En primer lugar, sobre la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ser desahuciadas y la cesión de pisos vacíos de grandes propietarios a la administración. La ley 24/2015 preveía ambas cosas con carácter general, mientras que ahora se limita a los propietarios que forman parte del registro de pisos vacíos de la Generalitat, que es de carácter voluntario.
En segundo lugar, las medidas sobre el alquiler. Tanto la PAH como el ayuntamiento de Barcelona piden dotarse de instrumentos para hacer frente de forma audaz a la burbuja del alquiler. La administración local y Plataforma han visto cómo las familias en riesgo de desahucio por impagos de alquiler han superado a las hipotecadas. Por ello, proponen que la ley entre a regular el precio del arrendamiento de vivienda habitual.
El presidente del grupo parlamentario de CSQEP, Lluís Rabell, ha anunciado una batería de mociones en este sentido, para “hacer más ambiciosa” una ley que apoya. Una de las propuestas recurrentes del grupo es que se declare como alquiler abusivo el precio que supere el 30% de la media de ingresos del municipio, una línea que comparte el Ayuntamiento de la capital catalana y el grupo parlamentario de la CUP. Por su parte, JxSí y el PP rechazaron al inicio del curso parlamentario regular el precio del alquiler en la nueva.
El Govern blinda la ley contra un recurso al TC
Todas estas críticas y peticiones son rechazadas de plano por el Govern, que asegura que este texto debe tener como prioridad rescatar los derechos perdidos por la anterior ley, sin ir más allá, y blindarse para que no pueda ser recurrida por el Gobierno. “Las mejores leyes son las que se pueden llevar a cabo”, ha asegurado la consellera Meritxell Borràs, quien ha dejado claro que el Govern no está dispuesto a entrar en una espiral de recursos constantes con el Gobierno central que dejarían a Catalunya sin una ley de estas características de facto.
Además, Borràs ha asegurado que si el actual texto no tiene el apoyo de las plataformas es porque estas reclamaban ir más allá de la ley suspendida, algo que suscitaba nuevos debates parlamentarios que retrasarían la tramitación de la medida, en contra del compromiso inicial de su departamento.
Tanto la consellera como su grupo, JxSí, han defendido por todo ello una ley de claro marco autonómico, algo que ha sido reprochado por la CUP, quien ha asegurado que se debía haber vuelto a aprobar la ley suspendida, en lógico cumplimiento de la resolución del 9 de noviembre que no reconoce al Constitucional.
Por parte de Ciutadans han culpado al Govern y a los independentistas de que la anterior ley fuera suspendida por el Constitucional ya que, a su parecer, gestionan mal para generar “frustración”. La diputada Noemí de la Calle ha acusado a JxSí de seguir esta estrategia conscientemente para convencer a los catalanes de que deben salir de España, razón por la que ha considerado que los independentistas están “no solo en contra del Estado español, si no del estado social”.