Si los crímenes del franquismo no se pueden juzgar dentro del Estado español, habrá que juzgarlos fuera. Esto es lo que ha expresado este miércoles el Parlamento de Cataluña, que ha aprobado una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a realizar las gestiones que sean necesarias para que el gobierno español acepte extraditar a Argentina a los dos ministros franquistas investigados por la justicia de ese país.
En concreto se trata de Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, dos de los altos cargos de la dictadura a los que la juez argentina María Servini ha imputado por la causa abierta contra los crímenes del franquismo. Hoy por hoy, sobre Martín Villa y Utrera pesa una orden de detención internacional que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha desestimado.
El texto, presentado por ICV-EUiA, en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento (CAI) ha recibido los votos favorables de CiU y ERC mientras que el PSC se ha abstenido y el PP, en coherencia con el Gobierno del Estado, ha votado en contra. Ni C 's ni la CUP estaban presentes en el momento de la votación, a pesar de que la izquierda independentista hubiera votado en clave positiva, tal y como han recordado fuentes del partido a este medio. De hecho, la CUP tenía hasta tres comisiones a la misma hora, lo que ha hecho imposible a sus tres diputados pudieran estar en todas partes a la vez.
El diputado de ICV-EUiA que ha defendido la propuesta, Jaume Bosch, ha destacado que su grupo parlamentario ha personado la querella en representación de los militantes del PSUC y sus familias que fueron asesinadas o perseguidas por el franquismo. Bosch ha expresado que “se esperaba el voto en contra del PP dada su vinculación con el franquismo”, pero lamentó la abstención del PSC, que consideró “inexplicable”.
En octubre del año pasado, Servini ordenó la detención a efectos de extradición Martín Villa -ex ministro de Relaciones Sindicales de 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979- así como de del ex ministro Utrera Molina -secretario general del Movimiento-, en la causa penal contra los crímenes del franquismo. La jueza había solicitado los arrestos preventivos de ambos -y otros ex cargos- con el objetivo de procesar la las respectivas extradiciones en Argentina y así poder tomarles declaración como imputados.
A Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte del joven activista Salvador Puig Antich, en 1974; y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores en una protesta en Vitoria, la conocida como la Masacre del 3 de marzo de 1976.