El Parlament ha aprobado este jueves reclamar la retirada de los efectivos de la Guardia Civil del territorio catalán. Mediante una propuesta de resolución conjunta de JxCat y ERC, a la que se han sumado los votos de la CUP, la Cámara catalana ha aprobado un batería de declaraciones cuestionando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sistema judicial o el Gobierno central a raíz de las diversas actuaciones judiciales y policiales contra líderes y activistas independentistas.
El texto aprobado manifiesta que los cuerpos policiales hacen un uso “arbitrario” de la legislación antiterrorista para “reprimir el activismo”, reclama la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera (PSC), y considera necesaria la salida de Guardia Civil, a la que considera “una policía de tipo político”. La misma moción llama a los partidos con representación en el Congreso a revocar la última modificación del Código Penal en materia de terrorismo, del año 2015.
Con la aprobación de esta moción, el Parlament en su conjunto se ha posicionado respecto al juicio del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. En este caso, el texto considera que ha sido “un proceso arbitrario y sesgado en el que los derechos fundamentales de la ciudadanía se han visto repetidamente abusados y violentados, tanto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, como de la Fiscalía, el juez instructor, el juzgado del tribunal supremo, el Gobierno del Estado y el Jefe de Estado”.
Esta propuesta de resolución se ha aprobado en el marco del debate de política general, la sesión con la que el Parlament abre cada curso parlamentario y en la que cada grupo presenta diversas propuestas de orientación del Govern, que se votan en batería en al fin de la sesión. Las propuestas de resolución no son jurídicamente vinculantes pero actúan, en su la exposición de motivos, como declaración de la Cámara y, en su parte dispositiva, como un mandato parlamentario hacia el Ejecutivo.
Pancarta sobre los presos
En este mismo debate, la Cámara ha salido en apoyo del president de la Generalitat, Quim Torra, en el contencioso que mantiene con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a cuenta de los símbolos que exhibe en la facha del Palau de la Generalitat. Mediante una resolución, el Parlament ha apoyado a Torra en su decisión de mantener la pancarta y le ha reclamado que continúe “difundiendo por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que exigen la puesta en libertad inmediata de los presos políticos catalanes”.
Este capote lanzado a Torra desde el Legislativo catalán llega después de que el TSJC haya abierto juicio contra el president por negarse a retirar los símbolos durante a pasada campaña electoral, a requerimiento de la Junta Electoral. El juez considera que esta acción puede ser constitutiva de un delito de desobediencia, por lo que el president irá a juicio el próximo 18 de noviembre. Pero, además, el TSJC volvió a requerir a Torra que retire la pancarta la semana pasada, en esta ocasión ya no por el deber de neutralidad durante la campaña sino como mandato general.
La petición desde el Parlament no exime al jefe del Govern del cumplimiento de la orden del TSJC, cuyo plazo acabó este miércoles por la tarde. Pero sí le ofrece una cobertura política a su actuación, en la medida que pueda alegar que desobedeció al tribunal haciendo caso del mandato de la asamblea.
El independentismo consensúa la amnistía
Otro de los acuerdos que se ha visualizado este jueves en el hemiciclo ha sido el mínimo común que une a los grupos independentistas ante las sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del procés. Una propuesta de resolución conjunta entre JxCat, ERC y la CUP, que ha sido aprobada, compromete al Parlament a “trabajar por la libertad [de los condenados] a través de la aplicación de una ley de amnistía, como parte de la solución al conflicto”.
En la misma línea, el Parlament se compromete a “liderar una respuesta institucional a la sentencia” basada, entre otras cosas, en el “derecho a la autodeterminación”. Con la aprobación de este texto el independentismo muestra por primera vez un punto en común como reacción a las condenas de sus líderes encarcelados. Una acuerdo que hasta ahora había sido imposible, pese a que Torra se comprometió hace meses a prepararlo, y que ahora llega en el último momento y de forma más retórica que efectiva.
Además este misma tarde el independentismo ha aprobado una moción de la CUP que busca unificar la lectura sobre los hechos de octubre pasado y, con ello, los próximos pasos que deben dar. En su moción, el grupo anticapitalista reclamaba reconocer la votación del 1 de octubre de 2017 como el ejercicio del derecho de autodeterminación, y reafirmar la validez de la resolución de ruptura de 2016, anulada por el Constitucional, que en su momento inició el proceso por desobediencia contra los antiguos miembros de la Mesa del Parlament.
Pese a que Ciudadanos y el PSC habían pedido retirar esta moción del orden del día, por considerar que votar este texto podría ser constitutivo de delito, finalmente la Mesa la ha llevado a la Cámara y ha sido aprobada por el conjunto de los diputados independentistas. Los representantes de Ciudadanos no han participado en la votación, mientras que el resto la han rechazado.
Sin condena del franquismo y el terrorismo
De entre las propuestas que ha presentado Ciudadanos, una de las que más ha destacado el propio grupo era la que llamaba a la “condena del franquismo, el fascismo, el nazismo y cualquier movimiento totalitario de extrema derecha o extrema izquierda” que utilicen “cualquier tipo de violencia con el objetivo de imponer sus ideas”. La formación proponía además que el Parlament declarase “que la violencia y el terrorismo no son métodos en democracia para alcanzar fines políticos”.
La Cámara catalana ha rechazado esta propuesta con los votos de los independentistas por contener en uno de sus puntos una declaración de apoyo a “las investigaciones que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial”.
Precisamente minutos antes de la votación de esta propuesta el portavoz de la CUP, Carles Riera, ha reclamado interrumpir las votaciones tras conocer el internamiento en prisión preventiva sin fianza de los siete detenidos por la Audiencia Nacional el pasado domingo, acusados de terrorismo. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha rechazado suspender la sesión y ha conminado a los grupos a esperar al fin de las votaciones para hacer propuestas al pleno.
Prohibición de 'correbous' y fiestas taurinas
El Parlament también ha aprobado una propuesta de resolución de Catalunya en Comú Podem que reclama al Govern realizar los cambios necesarios en la legislación para que los 'correbous' y las fiestas con toros dejen de celebrarse en Catalunya. Se trata de un posicionamiento importante de la Cámara a favor de la prohibición de este tipo de eventos, pero será el Govern quien tenga la última palabra.