El bajón de actividad política tras el frenesí previo al 9-N ha sentado mal a la unidad de acción que entidades, sindicatos y partidos mantenían en torno del proceso soberanista. Pasado el momento de la épica y de vuelta a la hoja en blanco de la política diaria, las negociaciones para impulsar un nuevo plan común que contente a todos los actores, sobre todo a los partidos, se encuentran en un momento de estancamiento, una calma crítica que aumenta el temor de los sectores más independentistas de las formaciones a que el procés acabe en nada.
Los partidos están teniendo serias dificultades no solo en abordar el contenido de la nueva hoja de ruta sino en detallar el calendario. ERC quiere cerrar un acuerdo antes de las elecciones municipales de mayo pues considera que solo así tendrán tiempo de llevar a cabo una campaña para que los catalanes voten en clave nacional el 27-S. Pero CDC se ha escurrido durante las últimas semanas, aunque el secretario general de Convergència, Josep Rull, señaló que no será más tarde de marzo cuando cerrarán un preacuerdo a dos con ERC.
Primero fue Unió quien se desligó de el plazo de las municipales al dejar para el 14 de junio la consulta a la militancia para decidir su posición sobre el proceso. “No nos marcarán los ritmos de fuera”, advirtió el secretario general, Ramon Espadaler, en el último Consell Nacional de UDC. Las reticencias de los democristianos a asumir el nuevo perfil de CDC como propio ha creado un cisma importante en ámbitos compartidos, como el grupo en el Congreso. Por si eso fuera poco, el pasado sábado fueron los convergentes quienes moderaron su impulso independentista al presentar las ideas en las que basarán su refundación. Rull aseguró que el partido no se definirá como independentista sino que seguirá haciéndolo como nacionalista, algo que generó desdén en algunos sectores del partido.
La idea de CDC es moverse cuanto menos mejor en medio del peligroso clima preelectoral. Con los presupuestos aprobados y pista despejada para la máquina gubernamental, deslizarse hasta el 24 de mayo parecería la opción más segura habida cuenta de que los equilibrios, tanto internos con Unió como de cara a su electorado, penden de un hilo que podría romperse ante cualquier posicionamiento brusco o paso en falso. Sin embargo, ERC presiona para alcanzar un acuerdo, aunque sea de mínimos, para comenzar a sentar las bases de un frente mayor. Este lunes la portavoz republicana, Anna Simó, pidió “claridad” a CDC. “El PP, el PSOE y el PSC, y C's son clarísimos y trabajan para que no nos movamos o nos movamos atrás”, aseguró la portavoz. “Los soberanistas también debemos ser claros de palabra y de acción”.
Fracaso de las negociaciones del Pacte Nacional
El enfriamiento de las relaciones entre el soberanismo no es solo una cuestión de los partidos. Las entidades agrupadas en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, uno de los motores del proceso soberanista, no pudieron llegar la semana pasada a un acuerdo sobre si las elecciones del 27-S deben ser calificadas de plebiscitarias o no. Un problema semántico que reflejaba las diferentes posiciones de los agentes sentados en la mesa que presiden Joan Rigol.
Para los representantes de CDC, enmarcar la convocatoria electoral en un escenario plebiscitario obtendría el visto bueno de Europa. Para Iniciativa, que bloqueó el acuerdo junto con otras entidades, plantear un “atajo” es un error estratégico. Finalmente el Pacte Nacional solo pudo producir un texto que se reitera en los acuerdos básicos, es decir, sin novedades.
Este no acuerdo es toda una advertencia para CDC y ERC a la hora de avanzar en planteamientos conjuntos en las próximas semanas. Si finalmente el acuerdo a dos se consuma hay un riesgo claro de que el resto de entidades no les secunden, empezando por ICV-EUiA y la CUP, lo que encogería la principal alianza por el proceso soberanista, la de los partidos, que hasta ahora está en receso.
La CUP quiere un 27-S constituyente e ICV recrimina a CDC su “tacticismo”
Para acabar de echar leña al fuego, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, insinuó este domingo la posibilidad de que Mas no convoque las elecciones al Parlament para el 27-S. Según De Gispert, si no hay acuerdo entre los partidos en que las elecciones sean plebiscitarias, el president debería de planteárselo. Un llamamiento claro a las dos formaciones que apoyaron la consulta del 9-N pero que en el último tiempo se han desmarcado de las negociaciones, ICV-EUiA y la CUP.
Por su parte, la CUP cerrará a finales de este mes su debate sobre la hoja de ruta. Los independentistas aceptan que las elecciones del 27-S sean calificadas como plebiscitarias, pero quieren llevarlo a más, para convertirlas en constituyentes. La CUP ha mostrado su intención de volver a sentarse en la mesa de negociación junto al resto de partidos, una mesa de la que se había ausentado, pero advierte que no aceptará “platos precocinados” ni negociaciones a dos.
Más reacios son los ecosocialistas, que no desean convertir las de septiembre en unas elecciones sobre la independencia. La portavoz de ICV, Laia Ortiz, criticó este lunes a Convergència su exceso de tacticismo y le acusó de “embrollar” las elecciones sin explicar sus propuestas. “Hace demasiado tiempo que juegan a cómo se presentarán y no tanto a cuál es el proyecto de país que defienden”, aseguró Ortiz. La formación fijó sus preferencias nacionales en la última Convención Nacional, en la que apostó por un Estado catalán libre dentro de una España plurinacional.