El cese de Daniel de Alfonso ha abierto una etapa de interinidad en la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). ¿Cómo debe ser su futuro? Más allá de la nueva mujer o el hombre que dirija Antifrau, el ente afronta el reto de desligarse de la etapa de De Alfonso. No solo por sus conversaciones conspiradoras con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Antes de que Público divulgara las grabaciones, desde ambientes políticos, judiciales y de lucha ciudadana contra la corrupción ya se cuestionaba por motivos distintos la gestión de De Alfonso al frente de Antifrau.
“Cuando se nombró a De Alfonso se sabía que era conservador, pero no que era un impresentable”, resuelve el exfiscal superior de Catalunya, José María Mena. Y es que De Alfonso ha torpedeado dos pilares básicos de Antifrau –la rendición de cuentas al Parlament y la confidencialidad de actuaciones– al compartir el contenido de informes y presentándose ante Fernández Díaz como “un cabo de tu cuerpo nacional”. No obstante, la confianza en su pilotaje de la Oficina ya venía tocada.
“En febrero valoramos que Antifrau estaba estancada después de la muerte de Martínez Madero”, recuerdan la gestora cultural, Simona Levi, y el periodista y cooperativista, David Fernàndez (exdiputado de la CUP), ambos miembros del Grup de Treball Ciutadà contra la Corrupció de Catalunya (GTCCC). No lo hacían por gusto, sino por “la reiterada sospecha por parte de los denunciantes de la no custodia de sus denuncias, que se habían terminado filtrando”, y por la proximidad al poder de algunos directivos de Antifrau (la número dos de la OAC y que tras el cese de De Alfonso lidera temporalmente el ente es Maite Masià, cercana a CDC y que aparece en grabaciones del caso ITV).
Por su lado, fuentes de Antifrau consideran que las grabaciones han puesto de manifiesto cómo De Alfonso puso la institución a su servicio durante su mandato. Asimismo, agradecen al Parlament el espaldarazo que ha dado a Antifrau (era una ocasión fácil para cerrarla y que los empleados de la Oficina se distribuyeran en otras instituciones como la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán), y confían en que la Cámara nombre en pocas semanas a otro director. En este sentido, el exfiscal Mena se muestra rotundo: “El personal de la OAC sabe hacer su trabajo, el que no sabe es De Alfonso”.
“Necesitamos que Antifrau vuelva a su funcionamiento normal para recuperar su prestigio”, añaden las mismas fuentes de la Oficina. La semana pasada los grupos parlamentarios se conminaron para acordar una transición rápida en el ente aunque sobre el pleno que destituyó a De Alfonso sobrevolaban los problemas y los meses que tardaron los partidos para desencallar el relevo a David Martínez Madero, el implacable fiscal anticorrupción fallecido en 2011 y antecesor de De Alfonso.
¿Bastaría con volver a los orígenes, que el nuevo director recupere el ímpetu fundacional de Martínez Madero y cumpla a rajatabla la ley de 2008 que creó la Oficina, aunque no guste a determinados intereses políticos, económicos o judiciales? Posiblemente sería un inicio, aunque desde el GTCCC piden un “replanteamiento de arriba a abajo” de la OAC. “La corrupción está dentro de las instituciones. Esperar que se vigilen a si mismas y que el director de esta u otra institución pueda ser el garante absoluto de sus prácticas es una falacia y una ingenuidad”, valoran Levi y Fernàndez.
La independencia de Antifrau
Fieles a su voluntad de poner “luz y taquígrafos”, Fernàndez y Levi explican que De Alfonso les reconoció que las tres primeras llamadas de políticos que recibió tras asumir el cargo en 2011 fueron de dirigentes de los partidos que le habían nombrado: CiU, PP y PSC. En concreto, cuentan, de la popular Alicia Sánchez Camacho y el socialista Joaquim Nadal. Aunque el primero de todos fue Jaume Camps, exdiputado de CiU y por aquel entonces imputado por el caso Palau. En uno de los registros, se encontró un documento en el que aparecía escrito: “Jaume Camps. Pago 105.000m. Ferrovial”. Su caso terminó archivado al prescribir los delitos.
Por contra, cuando Antifrau inició su andadura en 2009, los socialistas recelaban darle competencias para investigar a sus consistorios del área metropolitana de Barcelona, mientras que CiU y PP no querían ver a Antifrau ni en pintura. Esta anécdota muestra las conexiones políticas en la etapa De Alfonso de una institución, que, sobre el papel, está para vigilar a los políticos. Lo dijo el mismo De Alfonso en tono amenazante a los diputados: guarda “fichitas” de todas las reuniones privadas que ha celebrado con miembros de varios gobiernos y grupos parlamentarios (salvo la CUP).
“Antifrau sigue siendo útil y necesaria, y, sobretodo, podría ser eficaz, potente, innovadora y extremadamente útil, pero depende de una voluntad política inexistente”, lamentan Levi y Fernàndez. Por si no fuera suficiente con los políticos, desde ciertos ambientes fiscales y judiciales siempre se ha mirado con recelo la labor de Antifrau.
Más allá de que las investigaciones de la Oficina terminen o no en la Fiscalía y se abra la vía judicial, la otra pata menos visible pero tan o más relevante de Antifrau es la detección y evaluación de los riesgos de corrupción y malas prácticas en la administración. La OAC, que no tiene una institución homóloga en el resto del Estado, está concebida por ley como una herramienta para proponer reformas legislativas o en la actuación de la administración. Muestra de ello es el exhaustivo informe que Antifrau presentó tras la comisión Pujol.
“Antifrau no debe ser una policía judicial bis”, señala Mena, que recuerda que la OAC dispone de competencias para actuar en ámbitos donde la Fiscalía no puede llegar. “Antifrau está llamada a cubrir un vacío existente: investigación, sí; pero también prospección y análisis de riesgos; corrección y monitorización de la administración; formación continuada; memoria evaluadora; y elaboración y proposición de medidas”, afirman Levi y Fernàndez.
Con todo, siempre quedará la ciudadanía organizada. “Acabe como acabe, nosotros seguiremos”, concluyen Levi y Fernàndez. Para empezar, en septiembre publicarán Llums i Taquígrafs, una memoria en cuatro volúmenes de tres décadas de corrupción, sus causas y efectos y propuestas alternativas para terminar con el expolio de lo público.