La patronal Foment reclama 100.000 euros al sindicato independentista que convocó la huelga del 8-N
El proceso soberanista ha acabado en la vía penal y ahora también tendrá un episodio en los juzgados de lo social. La patronal de la gran empresa catalana, Foment del Treball, ha interpuesto una demanda por huelga ilegal contra el sindicato Intersindical-CSC, la central que convocó la huelga general “de país” del pasado 8 de noviembre. Foment pide que el sindicato le indemnice con 100.000 euros por daños y perjuicios.
En una rueda de prensa este viernes, el abogado y miembro del secretariado del sindicato, Màrius Lleixà, ha sostenido que la cantidad de 100.000 euros reclamada es “astronómica” para su organización. Y ha añadido que esta cifra podría aumentar cuando se celebre la vista, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero en la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En la demanda, a la que ha tenido acceso este diario, Foment acusa a la Intersindical-CDC de convocar una “huelga ilegal de carácter político” y “dirigida contra el Estado”. A su vez, la patronal cree que la convocatoria provocó “un temerario incremento de la inseguridad jurídica” en Catalunya. La huelga del 8-N tuvo una incidencia nula en los centros de trabajo pero provocó más de 70 cortes de carreteras y vías.
El sindicato independentista ha acusado a la patronal de buscar su “muerte civil y social” con la demanda, en palabras del vicesecretario de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló. El sindicalista también la considerado como un “grave ataque” al derecho de huelga de los trabajadores.
La Intersidincal-CSC ha alegado que la demanda de Foment se sustenta en tres “falsedades”: que no fue presentada dentro de los plazos, que el sindicato carece de legitimad para convocarla y que fue una huelga política. Cabe recordar que el TSJC autorizó la huelga al rechazar los recursos de Foment, que pedía prohibirla por ser “política”.
El sindicato catalán ha reivindicado que cuenta con la representatividad necesaria para convocar el paro y que lo registró de forma correcta. Al estar prohibidas en España las huelgas por motivos políticos como la independencia, el sindicato camufló la protesta por los encarcelamientos a líderes independentistas y la aplicación del 155 con la excusa de motivaciones laborales, como la precariedad.
