Tras ver como el Tribunal Supremo ha rechazado cada uno de sus intentos para lograr la libertad provisional, el exvicepresident Oriol Junqueras se ha sumado este viernes a la petición del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y ha solicitado el traslado a una cárcel catalana. El exconseller Raül Romeva lo hará la próxima semana. Con estas peticiones, el independentismo abre una nueva vía en su estrategia para situar la causa catalana en el marco de los derechos fundamentales. De verse vulnerados, la última parada será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
Los presos independentistas sostiene que al haberse dictado el auto de procesamiento ya no existen diligencias de instrucción que impliquen su intervención personal ante el juez Pablo Llarena. Alegan además que su traslado supone garantizar su derecho a reducir las diferencias entre la vida en prisión y en libertad; su derecho a la defensa (a mayor proximidad geográfica con sus letrados, más garantías para participar en condiciones en el proceso penal); y, en especial, los derechos de sus hijos menores de edad.
“Existen datos para creer que el distanciamiento con mis hijos les está repercutiendo de forma negativa e inmerecida, sobre todo cuando no existe ningún obstáculo para que pueda estar en situación de prisión provisional en instalaciones próximas a mi domicilio familiar”, argumenta Oriol Junqueras en un escrito dirigido a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y que firma el mismo líder de ERC y no su letrado, Andreu Van den Eynde.
Y recuerda la solicitud que la protección del derecho a la vida familiar y los derechos de los menores se encuentran protegidos por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El respeto a la vida privada y familiar, abunda la petición de traslado, es “susceptible de amparo” ante el TEDH. “Es reiterada la jurisprudencia que analiza las situaciones de desplazamiento de presos y presos preventivos de su núcleo familiar con análisis de las situaciones de desprotección del menor víctima indirecta del encarcelamiento de un progenitor”, añade.
La presidenta de la comisión de derecho penitenciario del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Mariam Bataller, recuerda que en el caso de los presos preventivos como los exconsellers la última palabra sobre su traslado la tiene el juez instructor, Pablo Llarena. “El preso preventivo tiene exactamente los mismos derechos que los que estamos en la calle salvo el de la libertad. Partiendo de esta base, los presos tienen derecho a estar lo más cerca posible de su casa”, asevera la letrada, que no ve motivos para que Instituciones Penitenciarias deniegue la petición de los políticos.
Bataller explica que los hijos pequeños no son un requisito automático de traslado, pero que “suman” a la hora de valorar el acercamiento. En el mismo sentido se expresa la abogada del despacho Nèmesi Montse Fernàndez: “Los hijos menores de edad no determinan directamente un acercamiento del preso, pero son un elemento de peso. El contacto con el progenitor es mucho más difícil si se tienen que recorrer más de 600 km”.
“La privación de libertad, preventiva o por condena firme, no tiene que ser un castigo ni implicar quedar aislado del entorno social y familiar”, afirma Fernàndez. “Tienen todo el derecho al acercamiento a su comunidad y podrían estar perfectamente en Catalunya”, valora Bataller.
A no ser que se trate de un caso de urgencia o emergencia –por ejemplo una enfermedad del preso o de un familiar cercano– las peticiones de traslado van a una lista de espera. De esta lista también depende la saturación del centro penitenciario al que se ha solicitado el traslado. “Dependiendo de la cárcel se tardan cuatro, seis meses... pero cada caso es distinto”, apunta Fernàndez.
Según las últimas estadísticas de la población reclusa catalana, a 18 de abril Brians II, el centro al que Junqueras ha solicitado el traslado –Cuixart no lo ha hecho público–, presenta un 77% de ocupación: 1.585 reclusos de 2.048 plazas disponibles. Pero de estos sólo 33 son presos preventivos, a penas un 2% del total de la cárcel. Cada uno de los 14 módulos de la cárcel tiene tres plantas y 72 celdas.
En el caso de los dirigentes independentistas presos, al traslado se le añade una última traba burocrática. Al tener Catalunya transferidas las competencias en prisiones, la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, se tendrá que poner en contacto con la dirección general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat para formalizar el acercamiento. Con todo, el trato entre ambas instancias es habitual y fluido, apuntan fuentes penitenciarias consultadas.