¿Prevaricación es corrupción? ¿Puede haber una prevaricación buena y otra mala? ¿Una menos mala que otra? ¿Depende de quién sea el imputado al que se va a juzgar?
Vayamos a la teoría, que además es fácil porque esta vez el legislativo y el judicial nos lo dan masticado. La “prevaricación de funcionarios públicos” está considerada por el Consejo General del Poder Judicial como un delito “relacionado con la corrupción” cuya concreción se establece en los artículos 404, 405 y 408 del Código Penal.
O sea que a la primera pregunta la respuesta es que sí, prevaricación es corrupción. Es probable que alguien incluso pueda enfadarse por cuestionar algo que parece tan evidente. Lo es, pero el PP está intentando que no lo parezca para no tener que aplicar sus propios estatutos en el caso de la imputación del exalcalde de Badalona y coordinador de candidatos a alcaldes en el equipo de Feijóo, Xavier García Albiol. Reglamento interno en mano, debería suspenderle de militancia y de cargo público puesto que un juez ya ha decidido que le envía a juicio. Los populares se escudan en que por más que se le impute por una presunta prevaricación no se puede hablar de un delito relacionado con la corrupción.
La Fiscalía pide 2 años y 10 meses de cárcel para Albiol por una instalación irregular de antenas de telefonía móvil en una comisaría de la Guardia Urbana. Le acusa de un delito continuado de prevaricación, otro de prevaricación urbanística y un tercero de prevaricación ambiental en su modalidad de silenciar la infracción de normas ambientales y urbanísticas y no realizar las inspecciones obligatorias.
El juez sostiene que aunque el exalcalde era conocedor de la instalación irregular de estas antenas ante las quejas de un sindicato de la Guardia Urbana, no realizó gestión alguna de información y retirada de estos dispositivos. Es una causa en la que están imputados, además del dirigente popular, otros siete cargos de distintos gobiernos municipales, entre ellos el exteniente de alcaldía de Urbanismo Oriol Lladó (ERC), por permitir la instalación de esas antenas entre los años 2012 y 2018.
La ley es clara y la hemeroteca sonrojante para el PP puesto que hasta que esta semana se supo que Albiol se sentaría en el banquillo, el partido parecía tener claro el listón de exigencia si se trataba de imputados por el mismo delito pero de otras formaciones. Por ejemplo, el ahora mano derecha de Feijóo, Elías Bendodo, cuando era portavoz del PP en Andalucía afirmó que la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya tenía su “macroescándolo de corrupción” con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Se refería así a la imputación de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de la explotación de la mina. La investigación se archivó dos veces, pero finalmente la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar el juicio, que sentará en el banquillo a 16 personas, en marzo del 2025.
Otro ejemplo. En Almería, los populares exigieron hace más de un año la dimisión del alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores (PSOE), por estar acusado de un presunto delito continuado de prevaricación. Hace poco más de un mes, la Audiencia Provincial de Almería le ha absuelto.
Esta misma semana, la Audiencia Nacional ha ordenado abrir juicio oral contra los alcaldes de Chinchón y Velilla de San Antonio por un presunto delito de prevaricación administrativa. El primero es de la Agrupación, Transparencia y Servicio y la segunda es del PSOE. En esta ocasión, al PP le ha faltado tiempo para equiparar prevaricación a corrupción. El momento procesal es el mismo que el de Albiol. Investigados y pendientes de la fecha del juicio.
El PP parece haberse olvidado de que alguna vez sí ha hecho caso de su reglamento cuando se trata de imputaciones como la de Albiol. Un alcalde suyo, en circunstancias parecidas, decidió renunciar a la militancia (o se le obligó), de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, cuando se le acusó de prevaricación. Es posible que si alguien se acuerda sea Feijóo puesto que se trataba del alcalde de Xinzo de Limia (Ourense), Antonio Pérez Rodríguez. Fue en el 2016. Dos años después se le condenó a ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público por prevaricación administrativa continuada.
Las encuestas son favorables a Albiol y tiene opciones de regresar a la alcaldía de Badalona tras las elecciones de mayo. Es la única ciudad importante que está en condiciones de obtener en Catalunya. Probablemente eso y una interpretación a conveniencia de sus reglas internas que nada tiene que ver con la regeneración explican que el PP de Feijóo intente hacer creer que, cuando le conviene, prevaricación no rima con corrupción.
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