La presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, presionó al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, para que diera su visto bueno a emitir el anuncio institucional del 1-O. Lo hizo ante las reticencias mostradas por Gordillo después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta y advirtiera a los responsables de los medios públicos catalanes de que si no impedían cualquier iniciativa relacionada con la votación podrían incurrir en un delito de desobediencia.
Las discrepancias se plasmaron en una cadena de correos electrónicos entre Llorach, Gordillo y el responsable de marketing de la CCMA, Martí Patxot, entre el 6 y el 22 de septiembre de 2017. Los mensajes revelan una tensión extrema entre los directivos de medios públicos catalanes a las puertas del referéndum.
En un primer correo, Patxot pidió a Gordillo que le diera su “conformidad” para emitir el anuncio del 1-O. El director de Catalunya Ràdio recordó que la publicidad de la emisora no estaba dentro de sus competencias y que, según la normativa de la CCMA, la decisión de emitir cualquier anuncio, también el de la Generalitat sobre el 1-O, correspondía a Patxot, que estaba en su mismo nivel jerárquico, y, en última instancia, a Llorach.
Tras varios correos entre Patxot y Gordillo, Llorach intervino el 16 de septiembre para presionar al director de Catalunya Ràdio. “Lo único que se desprende es un intento de rehuir tus responsabilidades, al contrario de lo que Vicent [Sanchis, director de TV3], Martí [Patxot] y yo hemos hecho en TV3. Asumamos nuestras responsabilidades. Ahora no es el momento de esquivarlas con subterfugios”, lanzó Llorach a Gordillo.
El director de Catalunya Ràdio había propuesto que los servicios jurídicos de la CCMA dictaminaran si la decisión de emitir el anuncio correspondía a él o a Patxot. Asimismo, había mostrado su sorpresa porque era la primera vez que desde el departamento de publicidad se le pedía autorización para emitir un anuncio. “No me puedo negar a ejercer una competencia que no es mía”, insistió Gordillo a Llorach, trasladando la responsabilidad a Patxot.
Llorach redobló su presión sobre Gordillo. “Tú y tu conciencia sabréis, pero recuerda que entraste en la dirección de Catalunya Ràdio avalado por tu compromiso y la confianza que determinada gente depositó en ti”, aseveró la presidenta en funciones de la CCMA en otro correo. Insistió además en que para emitir el anuncio era necesario la autorización de los tres responsables –Llorach, Patxot y Gordillo– y que solo faltaba la del director de Catalunya Ràdio.
“Podemos darle todas las vueltas que quieras al tema si tu objetivo es rehuir tu responsabilidad, pero la cuestión es muy sencilla [...] Nos falta tu autorización y mientras no la des, no se puede emitir la campaña en los medios que tú diriges”, abundó Llorach, para a renglón seguido recordar que Sanchis y Gordillo habían “autorizado la anterior campaña institucional” y preguntarse: “¿Cuál es ahora la diferencia¿ ¿Las notificaciones del TC, que hace una semana no existían?”.
Guerra abierta entre Gordillo, Llorach y Patxot
Finalmente, el director de Catalunya Ràdio propuso una fórmula de compromiso para zanjar el pulso: dar su visto bueno, pero subrayando que se refería estrictamente a lo que prevén sus competencias, que no incluyen la publicidad. “Para desbloquear la situación. No tengo objeción dentro de mis competencias. Adelante”, respondió Gordillo a Llorach y Patxot, ya el día 17 de septiembre.
Los correos evidencian una auténtica batalla campal en la cúpula de los medios públicos y, en cierta medida, entre los partidos integrantes del Gobierno catalán: Llorach, Patxot y el director de TV3, Vicent Sanchis, que dio su conformidad inmediata para emitir la propaganda en TV3, fueron aupados en sus puestos a propuesta del Partit Demòcrata (PDeCAT), mientras que Gordillo fue nombrado a instancias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Los cuatro directivos de los medios públicos catalanes han sido procesados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por un presunto delito de desobediencia en relación con el anuncio del 1-O. A su vez, la publicidad institucional de la votación es uno de los fundamentos del presunto delito de malversación tanto en esta causa como en el juicio que en paralelo se celebra en el Tribunal Supremo de Madrid contra el Gobierno de la Generalitat.
En la vista del Alto Tribunal, el entonces consejero de la Presidència y responsable último de la publicidad institucional, Jordi Turull, aseguró que su emisión era gratuita, con lo que no podría haber malversación. Sin embargo, Patxot declaró en el juzgado de Barcelona que se trataba de una publicidad ordinaria, que había entrado por los cauces habituales como cualquier otra publicidad de pago. Ante la Guardia Civil, Llorach aportó las dos facturas que la CCMA envió a Presidència con el coste de los anuncios, que ascendían a 277.804,36 euros. La directora de servicios de Presidència, Teresa Prohías, declaró como testigo ante Supremo que las facturas remitidas por Llorach nunca respondieron a ningún encargo oficial.
El conjunto de 22 correos electrónicos han sido aportados al juzgado por la defensa de Gordillo en un recurso de reforma contra su procesamiento. La defensa de Gordillo, que ejerce el penalista Carles Monguilod, sostiene, al igual que indicaba su cliente a Patxot y Llorach en 2017, que el director de Catalunya Ràdio no tenía competencias para decidir qué anuncios se emitían por la emisora. La decisión, recalca la defensa, correspondía a Patxot y Llorach.
La defensa de Gordilo carga contra Patxot por haber aportado tan solo una parte de los 22 correos electrónicos, lo que para Monguilod supone un “engaño” y “un uso torticero de su derecho a no decir la verdad como investigado” que solo buscaba descargar en Gordillo la responsabilidad de la emisión del anuncio del 1-O. A criterio de la defensa de Gordillo, los e-mails presentados por Patxot tienen “una clara voluntad de manipular a su antojo la realidad” de forma “burda”, “soez” y “tramposa”.
Tal y como ha podido contrastar este diario en el sumario del caso, en un escrito del pasado 28 de marzo, Patxot adjuntó tan solo seis de los 22 correos electrónicos “como prueba de descargo”. En su escrito, Patxot recalcó que pidió autorización a Gordillo y Sanchis para la emisión de publicidad, pero obvió entre el primer mensaje y la respuesta aportadas por el director de marketing hubo en realidad otros 10 mensajes, que ahora sí se incluyen íntegramente en el recurso presentado por el director de Catalunya Ràdio.
Todo ella muestra, a criterio de la defensa, que Gordillo fue fue objeto de una “presión cuasi coactiva” con el fin de “comprometerle en algo en lo que no le necesitaban para nada”. “Se presionó a nuestro mandante para hacerle asumir, de forma injustificada y hasta cierto punto indecente, unas responsabilidades en la emisión de la propaganda del referéndum que de ninguna manera podía tener”, escribe Monguilod.
En suma, para Monguilod, la secuencia completa de e-mails, ahora sí aportados en su integridad, no solo acredita la manipulación por parte de Patxot, sino que revelan “una suerte de plan premeditado que consistiría en ampliar o expandir las posibles responsabilidades penales que pudieran recaer a cuantas más personas mejor, incluyendo en este grupo a quienes [como Gordillo] podían resultar ajenos a la decisión pretendidamente delictiva”. Y añade: “Con esto sin duda se buscaba lo que podríamos llamar la socialización del daño que, hipotéticamente, preveían que ocurriría en el futuro si se judicializaban sus acciones, buscando con eso salir ellos con menos peso incriminatorio al quedar diluidas sus responsabilidades entre el mayor número posible de partícipes delictivos”.