Catalunya Sí Que Es Pot, la candidatura de Podemos, ICV y EUiA a las elecciones del 27-S, ha completado este martes el proceso de validación de su lista con unos resultados de participación que no llegan a las 3.000 personas. De ellas, algo más de 2.500 han mostrado su apoyo a la confección de las 4 listas, una por cada circunscripción catalana, que en Barcelona estará liderada por el activista vecinal Lluís Rabell. El resto, cerca de 400 participantes, se han abstenido, en un proceso en el que no había opción de votar 'no'.
La cifra de participación queda por debajo de las obtenidas en primarias similares, como las 4.600 personas que logró movilizar Barcelona en Comú, que también presentó una lista cerrada, o las cerca de 5.000 que participaron en la elección de secretaria general de Podem Catalunya. Sin embargo, Catalunya Sí Que Es Pot ha logrado superar por la mínima la cifra de 2.500 participantes que obtuvo Podem para elegir a su cabeza de lista, los mismos que movilizó la CUP en sus primarias para confeccionar la lista a las elecciones del 27-S.
La apuesta electoral catalana de Podemos, ICV y EUiA optó por un proceso de validación y no por uno de primarias después de los problemas que encontraron para confeccionar su lista, con retrasos a la hora de encontrar a su cabeza de lista y difíciles negociaciones entre partidos por los puestos clave. Finalmente, las listas fueron confeccionadas por los partidos y se abrió un proceso de validación, que comenzó el 11 de agosto y ha terminado este lunes. En él han podido votar todos los afiliados y registrados de cada formación, además de las personas que se han registrado para la nueva marca.
Validación del código ético
En el mismo proceso los registrados de Catalunya Sí Que Es Pot debían validar el código ético de la candidatura, un documento presentado el mismo día que se abrieron las votaciones. El 93,5% de los casi 3.000 participantes han dado su visto bueno a la hoja de buenas prácticas de la organización.
El código ético de Catalunya Sí Que Es Pot limita el sueldo de sus diputados a 2.500 euros, ampliables según las atribuciones, la obligación de dimitir de forma inmediata ante una imputación por corrupción, o el compromiso de hacer públicas todas las agendas de los representantes. Además, la candidatura también prevé establecer mecanismos de revocación del cargo por incumplimientos del programa.