La aparición en la prensa de los nombres y fotografías personales de los 9 profesores de Sant Andreu de la Barca denunciados por la Fiscalía en relación a comentarios hechos presuntamente a alumnos hijos de guardias civiles ha sido la gota que ha rebasado el vaso de la comunidad educativa del instituto El Palau. Este fin de semana el diario El Mundo publicó un reportaje sobre los docentes investigados, que fue difundido por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
La consecuencia directa ha llegado este lunes, cuando los nombres y apellidos de los profesores han aparecido escritos en la fachada del centro junto a insultos. Una espiral que la comunidad docente quiere cortar de raíz. Según ha explicado este lunes el delegado sindical de la CGT Josep Lluís del Alcazar, la sensación entre el profesorado es que el señalamiento hecho por Rivera trata de “quebrar la convivencia” en el centro. “Las consecuencias están a la vista en las paredes del instituto. Cualquiera entiende que esas pintadas ayudan poco a celebrar las clases en un clima de normalidad”, explica.
En conversación con eldiario.es, Del Alcazar ha explicado que hasta el momento la comunidad de profesores se había mantenido callada al entender que las denuncias recibidas se resolverían por el trámite administrativo de la inspección, como ocurrió en noviembre pasado, cuando se le dio carpetazo al expediente al no encontrar indicios de las acusaciones.
De la misma opinión es Mireia Valentí, representante del sindicato Ustec en el centro. “Trabajando con adolescentes surgen problemas y nuestra posición siempre ha sido que es mejor solucionarlo dentro del centro”, indica. Pero la entrada en escena de la Fiscalía la semana pasada les hizo cambiar esta actitud. Una vez todos los intentos de mediación y de rebajar los ánimos ha sido inútil, la comunidad docente se ha lanzado a dar su propia versión de los hechos. Comenzando por denunciar la “instrumentalización política” de la que se sienten víctimas.
4 familias entre 1.300 alumnos
“Los guardia civiles son unos animales, solo saben dar palos”; “parecen perros rabioso”; “¿estarás contento con lo que hizo ayer tu padre?”. La denuncia interpuesta por la Fiscalía recoge estas expresiones, que presuntamente habrían dirigido los denunciados a los alumnos hijos de guardias civiles el pasado dos de octubre. El fiscal les acusa de lesionar la dignidad de las personas “por motivos de discriminación por nacionalidad”. La comunidad educativa niega directamente que estas palabras se llegasen a pronunciar.
“En el centro hay 1.200 alumnos, muchos de ellos hijos de guardias civiles, por la proximidad con el cuartel. Nunca ha habido ningún problema y, con la inmensa mayoría, no lo hay”, asegura Valentí, que recuerda que las denuncias están interpuestas por 4 familias concretas. La docente asegura además que, después de que se haya dado a conocer el informe de la Fiscalía en el que se indican las palabras concretas a los profesores, varios alumnos testigos del momento han salido a desmentir que se produjeran.
Respecto a las frases que se citan en las diversas denuncias (algunas atribuidas de forma idéntica a más de un profesor en el mismo momento), el Del Alcazar asegura que la comunidad docente está segura de que no se produjeron. “Son profesionales que lleva años trabajando en el centro, por el que han pasado cientos de hijos de guardias civiles y nunca han tenido problemas con nadie”, explica.
La comunidad educativa se remite a dos documentos para probarlo. El primero de ellos, la resolución del Consell Escolar del centro, que agrupa a los docentes, padres y ayuntamiento, que el pasado 6 de noviembre mostró apoyo a los docentes y rechazó las acusaciones realizadas. El segundo es el informe de los servicios territoriales con los que Enseñanza dio por cerrado el expediente abierto. Este último, sin embargo, no está en poder de los docentes, y desde el Departamento remiten al Ministerio.
Comunicado de la asamblea
Tras la judicialización del caso, buena parte de los docentes del instituto se organizaron en asamblea y se redactó un comunicado de apoyo con los investigados. Del Alcazar denuncia que desde los servicios territoriales de la zona se les amenazó con “consecuencias” si lo difundían. Unas supuestas amenazas que desde el Departamento de Educación se niegan a desmentir o confirmar, remitiendo al Ministerio que ha tomado todas sus competencias gracias a la aplicación del 155.
Finalmente los trabajadores publicaron el comunicado, en el que daban su apoyo a los profesores investigados por la Fiscalía. Subrayaban la “profesionalidad y buen hacer” de los denunciados y llamaban a “romper el silencio para que la verdad se acabe imponiendo”. A partir de entonces, las intervenciones mediáticas de los diversos docentes que ejercen como portavoces se han multiplicado.
Saltándose el cerco impuesto en el Departamento por el 155, este lunes el presidente del Consell Escolar de Catalunya, Lluis Font, también ha emitido un comunicado, en el manifiesta su “repulsa” por lo que califica como “linchamiento” contra los educadores. “Familiares de profesores denuncian difamación, calumnias y
injurias y explican que al día siguiente del referéndum del 1-O dieron opción a
alumnos de bachillerato a participar en un pequeño acto en el patio, que consiste en hacer unos minutos de silencio“, continúa el comunicado. ”En ningún caso los profesores impusieron su opinión ni señalaron los alumnos hijos de guardia civiles“, concluye.