El aplazamiento de las elecciones catalanas, que hace unas semanas era solo una posibilidad remota, es ahora la más probable. El PSC insiste en que los comicios deben celebrarse el 14 de febrero. El otro partido que estaba más interesado en mantener la fecha era ERC pero ha ido cambiando de opinión a medida que empeoraban los datos de la pandemia. Los expertos del Departamento de Salut así como otros epidemiólogos que se han convertido en referentes mediáticos han aconsejado esperar a un contexto sanitario más favorable para poner las urnas.
Como en tantas otras decisiones del Govern, esta también está siendo motivo de diferencias entre los dos socios que lo integran. Junts, como ERC, asume que lo más posible es que las elecciones se retrasen. Ha constatado que algunos de sus expertos afines son contundentes en reclamar un aplazamiento. Pero en el partido de Puigdemont consideran que los republicanos han ido preparando el terreno para buscar una nueva fecha sin que aún haya un acuerdo. La candidata de Junts, Laura Borràs, primero señaló que la decisión correspondía a los departamentos de Relaciones Institucionales y Salut (ambos controlados por ERC) y este miércoles marcó más distancias al recordar que en Portugal están con un confinamiento más severo y van a celebrar igualmente las elecciones. Jugando con una cierta ambigüedad, afirmó que su partido no pide “mantener o posponer los comicios, sino tener seguridad sobre el proceso”. Fuentes de esta formación alertan del riesgo de que si un partido presenta un recurso, la justicia pueda acabar dándole la razón y obligando al Govern a dar marcha atrás.
Entre este jueves y el viernes se producirán dos reuniones claves entre el Ejecutivo catalán y los partidos. La primera será de carácter únicamente técnico y servirá para que el secretario general de Salut, Marc Ramentol, actualice los datos sobre las previsiones epidemiológicas que ya ofreció el lunes pasado. Los dos escenarios descritos por Salut coinciden en que durante los días de campaña electoral y en la misma fecha en la que está convocada la votación pueda alcanzarse la máxima presión sobre el sistema de salud, con hasta 610 pacientes en la UCI. Según avanzan fuentes del Govern, esas previsiones podrían empeorar en la actualización que las autoridades sanitarias hagan este jueves, debido a que se actualizará con los datos sobre los efectos de la Nochevieja y de la llamada “variante británica” del virus.
El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha reconocido que la actual situación epidemiológica no es el mejor escenario para las elecciones. Argimon ha argumentado que no le preocupan tanto las condiciones de seguridad de los colegios electorales, sino más bien la situación de aquellas personas que están en cuarentena –ya sea por ser positivas o por ser contactos–, a quienes “hay que garantizar un derecho fundamental”. Un informe presentado por el Síndic de Greuges y realizado por un grupo de expertos del ámbito sanitario y del Derecho Constitucional calcula que el 14 de febrero habría entre 190.000 y 216.000 catalanes que no podrían votar de forma presencial.
Patronal y sindicatos
A la reunión de este viernes acudirán representantes de los grupos parlamentarios y destacados miembros del Ejecutivo. Será en este momento cuando los partidos deban posicionarse oficialmente sobre el posible aplazamiento. Después de escuchar las opiniones de los últimos días, el Govern no espera que haya unanimidad, aunque sí buscará el máximo consenso posible. Por la tarde se convocará una reunión extraordinaria del Ejecutivo, que acabará de tomar la decisión definitiva. Una suspensión electoral debería hacerse vía decreto.
El más beligerante a la hora de defender que hay que mantener la fecha actual es el PSC. El primer secretario, Miquel Iceta, lleva semanas insistiendo en lo mismo sin entrar a valorar la evolución de la pandemia: si se puede ir a trabajar, se puede ir a votar. Los socialistas consideran que solo estaría justificado un cambio si la población estuviese confinada en sus domicilios. No creen que los datos ofrecidos por el departamento de Salut el pasado lunes sean motivo para desconvocar las elecciones y apuntan a motivos electoralistas por parte de los partidos del Govern. “Esperamos que no estén más atentos a las encuestas que a garantizar la celebración segura de las elecciones”, han afirmado los socialistas en un comunicado en el que recuerdan que la actual legislación no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas.
Fuentes del PSC añaden además que en su opinión sería “inexplicable” que el 14 de febrero todo estuviera abierto, incluyendo escuelas, trabajos, transporte público, comercio y actividades de ocio, pero no se pudiera votar. “Alguien deberá explicarlo muy bien, porque no se entiende”, indican desde la formación. Con todo, si se acabase acordando la suspensión electoral, los socialistas aún no han decidido si recurrirán la decisión a los tribunales. También las patronales y los sindicatos rechazan aplazar las elecciones. Foment del Treball, Pimec, Cecot y los sindicatos CCOO y UGT coinciden en que el periodo de interinidad en el que está instalada la política catalana no puede alargarse más. El 27 de enero se cumplirá un año desde que Quim Torra dio la legislatura por agotada.
Los adversarios del PSC atribuyen la posición de los socialistas a un interés por aprovechar que su candidato, Salvador Illa, ha supuesto un revulsivo que en las encuestas se traduce en hasta cinco escaños más. Fuentes del partido de Junqueras afirman que al todavía ministro “se le hará largo” tener que compaginar unos meses más su puesto en el Gobierno con su papel de candidato. El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, afirmaba este miércoles en el Parlament que Illa es “el único ministro de salud del mundo que pone por delante los intereses electorales a los colectivos”. El ministro tiene previsto seguir en el Ejecutivo hasta que empiece la campaña, sea cuando sea.
Por su parte, el PP se muestra prudente y hasta el viernes no se pronunciará claramente sobre la fecha electoral mientras que los ‘comuns’ y sobre todo la CUP y Ciudadanos han expresado su rechazo a mantener las elecciones en febrero. “No me veo haciendo campaña con las UCI colapsadas”, reconocía este miércoles el cabeza de lista de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Estén a favor, en contra, en lo que coinciden todos los grupos de la oposición es en reprochar al Govern su falta de previsión.
En el Ejecutivo catalán ya están barajando posibles fechas alternativas al 14F aunque todavía no hay una cerrada. En ERC señalan que no serían antes del 16 de mayo mientras que en Junts son partidarios de que si posponen las elecciones se alejen más en el calendario y señalan que como muy pronto podrían celebrarse el 30 de mayo. Ambas formaciones apuntan que no es descartable irse al mes de junio.