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La tercera reunión entre los equipos negociadores encabezados por la socialista Adriana Lastra y el republicano Gabriel Rufián se celebra este martes en Barcelona en un clima de expectativas rebajadas. Si bien ambas partes reconocen que en este encuentro puede haber avances sustanciales, ERC enfriaba este lunes el optimismo del PSOE, que la semana pasada aún contemplaba una investidura de Pedro Sánchez antes de Nochevieja. “No tenemos ninguna prisa, vemos muy difícil el acuerdo antes de enero”, zanjaba este lunes la portavoz independentista, Marta Vilalta, indicando que nada ha cambiado desde la última reunión.
Sobre los ritmos, esta es la dinámica que se ha seguido desde el inicio de la negociación. Los socialistas han tratado de acelerar lo máximo posible las conversaciones con ERC –y el cierre del diseño del Gobierno con Unidas Podemos– para reunir suficientes apoyos a Sánchez en la fecha más próxima posible. Primero hablaron del día 19 de diciembre, opción que Esquerra rechazó de inmediato. Después, en la recepción del 41º aniversario de la Constitución del pasado viernes los socialistas deslizaba la semana de Navidad y Fin de Año como fecha posible para una investidura. Los independentistas han avanzado que les aguarán la fiesta.
En ERC repiten la frase que se ha convertido en su amuleto de negociación: “no tenemos prisa”. Los de Oriol Junqueras quieren demorar las conversaciones en el tiempo, en primer lugar, para conseguir ir a la investidura con un acuerdo lo más detallado mejor. Sus objetivos ya se conocen: a cambio de sus 13 abstenciones aspiran a conseguir una mesa entre gobiernos tras la investidura, en la que se aborde el que llaman “problema político entre Catalunya y España”, con un calendario y con garantías de que ambas partes cumplan lo que allí se pacte.
Ambas delegaciones consideran que de la reunión de Barcelona –de la cual no se conoce aún ni el lugar ni la fecha exacta donde se celebrará– puede salirse con un consenso sobre el formato que debería tener esa mesa de negociación. El problema, de entrada, no es el qué o el quién, sino cómo anclar el foro entre ejecutivos a la ley o, al menos, cómo respaldarlo desde el legislativo. Si se llegara a un pacto sobre eso, según la lista de ERC quedaría aún por definir el calendario, las garantías de cumplimiento, y un último punto capital para los republicanos: cómo debe rubricarse el compromiso de Sánchez con dicha mesa.
Pero el interés de los republicanos por aplazar en lo posible el acuerdo de investidura se explica sobre todo por razón del complicado calendario judicial y de congresos que el independentismo vivirá la semana anterior a la Navidad. El lunes día 16 de diciembre, Carles Puigdemont tiene su primera vista en los juzgados belgas sobre la nueva euroorden activada por el Tribunal Supremo. Y ese mismo fin de semana, días 21 y 22, ERC celebrará un congreso nacional en el que el objetivo de la formación es apuntalar el giro estratégico hacia el independentismo pragmático iniciado en los últimos meses de 2017 tras el fracaso de la DUI, que quiere que ocurra sin sobresaltos. Por eso en la dirección republicana se ha descartado en todo momento la posibilidad de acudir a ese congreso con Sánchez investido.
Pero la fecha que sobresale por encima de todas es la del día 19 de diciembre. En esa jornada se conocerá el veredicto definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si Oriol Junqueras era eurodiputado pese a no haber acudido a la Junta Electoral Central a acatar la Constitución –por estar preso– y si tenía inmunidad parlamentaria cuando fue juzgado. En esa sala judicial de Luxemburgo podría pasar casi cualquier cosa y cabe tanto la posibilidad de que Junqueras vea frustradas todas sus pretensiones como de que el Tribunal Supremo deba adaptar su histórica sentencia del procés. Ese fallo es tan importante para el líder de ERC como para Puigdemont, pues su situación respecto al escaño europeo es muy similar, con la diferencia de que él está en libertad y sin haberse iniciado ningún juicio contra él.
La situación política del expresident es de especial importancia para el conjunto de la política catalana, porque Puigdemont se ha convertido en la mejor baza electoral de JxCat y del espacio posconvergente. El inquilino de la llamada Casa de la República en Waterloo disfruta, a no ser que el juez belga diga lo contrario, de libertad de movimiento en Bélgica y de derecho al sufragio, por lo que podría volver a presentarse a unas elecciones. Pero, si además de eso la justicia europea le reconociese como eurodiputado de plenos derechos, la inmunidad parlamentaria le permitiría moverse por toda Europa –incluyendo a España– sin que nadie pudiera detenerle sin obtener antes un suplicatoria del Parlamento Europeo.
El regreso de Puigdemont a Catalunya, bien físicamente o bien como candidato en un avance electoral en las elecciones al Parlament, es una posibilidad con la que JxCat fantasea y que fustiga especialmente a los republicanos. En ERC podrían encontrarse con la peor situación electoral posible si Quim Torra aprovechando su inminente inhabilitación, convocara unos comicios catalanes pocas semanas después de que Esquerra invistiese a Sánchez y en los que se enfrentasen contra Puigdemont.