Lunes decisivo en el frente judicial del proceso soberanista. La Justicia belga celebrará a partir las 9:00h la primera vista para decidir si extradita a Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas. Mientras, en España, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena comunicará si deja en libertad bajo fianza o mantiene en prisión incondicional a los ocho exconsellers encerrados desde el 2 noviembre y a los líderes de Òmnium Cultural y la ANC encarcelados desde el 16 de octubre.
Todo ello pocas horas antes del arranque de la campaña electoral del 21D. En el equipo del expresident se da por descontado que Puigdemont intervendrá en el acto de inicio de campaña de este lunes por la noche en Barcelona, aunque no pueda participar físicamente en la tradicional pegada de carteles.
La cautela sobre la decisión del Supremo preside el estado de ánimo de ERC, que arrancará la campaña en Vic, JxCat y las entidades independentista. Los matices al acatar la Constitución que pueda apreciar el magistrado Llarena serán clave en el futuro los exconsellers y los 'Jordis'.
La jornada de este lunes en los tribunales belgas se prevé más larga que las declaraciones breves de los exconsellers ante el Supremo del pasado viernes. La Fiscalía belga ha advertido de que no es posible determinar la duración de la vista a la que han sido convocados Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret. Una vez termine la sesión, el juez hará pública la fecha en que pronunciará su decisión o, si fuera necesario, acordará una nueva declaración.
Fuentes de la defensa del expresident explican que “por regla general” las euro-órdenes de arresto y entrega entre países se conceden por la confianza mutua entre los sistemas judiciales. Sin embargo, remarcan que la propia Fiscalía belga advirtió a la Audiencia Nacional de que “sólo referirse a la confianza mutua no será suficiente” para extraditar a los políticos catalanes y tildó de “excepcional” el caso de Puigdemont y los exconsellers. Prevén que la vista sea un intercambio de argumentos entre abogados defensores y la Fiscalía, con un papel secundario de Puigdemont y los exconsellers.
Las defensas de los exconsellers ya han entregado sus alegaciones por escrito contra la orden de arresto ante la 'Chambre du Conseil' belga, el tribunal donde se celebrará este lunes la vista. Versarán sobre la falta de garantías a un proceso judicial justo que tendrían Puigdemont y los exconsellers en España y en cuestionar el principio de doble incriminación, esto es, la correspondencia en la jurisdicción belga de los hechos supuestamente delictivos por los que la magistrada Carmen Lamela pidió extraditar a Puigdemont a España.
En el documento enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, Lamela habló de cinco delitos al Govern cesado (prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). Sin embargo, en el listado que Lamela debía cubrir simplemente poniendo una equis en las casillas de la treintena de delitos por los que persigue a las personas reclamadas –listado que no incluye la rebelión o la sedición– la magistrada marcó el delito de corrupción.
La Justicia belga no accedió a la petición de Lamela y no consideró corruptos a Puigdemont y los exconsellers. Con todo, la Fiscalía belga sí pidió la extradición de todos ellos a España. También consideró que dentro del ordenamiento jurídico belga los supuestos delitos de Puigdemont no comportarían penas de prisión tan graves como la rebelión (30 años). En concreto, la Fiscalía ve traducida en el código penal la actuación del expresident y los exconseller en los delitos de 'coalición' y malversación de funcionarios, penados en Bélgica con un máximo de seis meses y diez años de cárcel respectivamente.
Fuentes jurídicas consultadas explican que las opciones de la Justicia belga pasan por aceptar o denegar la extradición. Lo que no pasará es que el juez de Bruselas entregue a Puigdemont por los delitos belgas, o que el expresident se enfrente a la cárcel en Bélgica por los delitos presuntamente cometidos en España, ya que para esto sería necesario que los hechos se denunciasen en ese país.
En todo caso, el proceso judicial belga de Puigdemont se alargará hasta después de las elecciones del 21D, e incluso hasta bien entrado el mes de enero. El primer fallo tras la vista de este lunes no será definitivo, pues tanto la defensa de Puigdemont como la acusación podrán recurrirla.
Ahí empezará un plazo de quince días tras los que un tribunal de apelación emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva. Para los exconsellers encerrados en España no habrá que esperar tanto: a media mañana de este lunes el magistrado del Supremo Pablo Llarena dirá si los deja en libertad o los mantiene en prisión.