¿Qué hizo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la rebelión que supuestamente se gestaba en Catalunya en el otoño de 2017? Esta pregunta centrará no solo la declaración del expresidente del Gobierno en el Tribunal Supremo sino que también será su límite. El tribunal del juicio por el 1-O será “implacable” en el control de las preguntas de las partes y las respuestas de los testigos, explican fuentes del Alto Tribunal. Se trata, según el término utilizado al principio de la vista por el presidente de la sala, Manuel Marchena, de evitar que la práctica de la prueba se convierta en un “debate ideológico”.
Está previsto que el miércoles comparezca Rajoy, una vez se dedique la jornada del martes a las declaraciones de Jordi Cuixart y Carme Forcadell, últimos acusados en declarar. El testimonio del expresidente del Gobierno fue propuesto por Vox y la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que ejerce el penalista Jordi Pina. El hecho de que ninguna de las otras partes lo solicitaran motiva que sea el partido de extrema derecha, que ejerce la acusación popular, quien abra el turno de preguntas a Rajoy.
La utilización de los estrados por parte de los ultraderechistas para hacer campaña electoral fue un temor que el tribunal diluyó en la primera semana del juicio. Ni aceptó la petición de que Jordi Sánchez se quitara de la solapa un lazo amarillo, ni permitió que sus abogados pudieran enunciar las preguntas que Oriol Junqueras ya había adelantado que no iba a contestar.
En ese momento, la siguiente cita electoral era a finales de mayo, con las europeas, autonómicas y municipales. Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 15 de febrero que antes de las autonómicas habrá unas elecciones generales, el 28 de abril. El tribunal ya tenía previsto separar todo lo posible las declaraciones de los políticos de la celebración de las autonómicas, pero el anuncio de Sánchez ha influido en adelantar, en la medida de lo posible, el inicio de las declaraciones de los políticos.
Vox no podrá convertir las preguntas en un cara a cara entre su secretario general y abogado en la causa del procés, Javier Ortega Smith, con el expresidente para presumir ante el electorado de la mano dura contra el independentismo que le habría faltado al Ejecutivo del PP.
Lo avisó el magistrado Marchena en el arranque del juicio. Y no fue casual: al mismo tiempo que reiteró la negativa a la petición de la defensa de Jordi Cuixart para expulsar a Vox de la acusación popular, Marchena advirtió a todas las partes que de interrogatorios “sólo van a poder centrarse en aspectos fácticos” y que “no va a ser posible un debate ideológico” sobre las preguntas que el partido de extrema derecha pueda hacer. Y anticipó Marchena que la sala buscará “evitar cualquier riesgo de caer en argumentos ideológicos”.
El citado control “implacable” en las preguntas también será ejercido en las respuestas. Artur Mas, Gabriel Rufián, Albano Dante-Fachin, Roger Torrent o Ada Colau deberán limitarse a responder al objeto de la pregunta que les formule Vox, Fiscalía, Abogacía del Estado o los abogados de las defensas. Con sus testimonios comienza la práctica de la prueba, la fase más relevante del juicio para determinar la posible responsabilidad de los acusados. Los políticos, que declararán durante dos jornadas, son tan solo una veintena del medio millar de testigos citados.
Las defensas, a descartar la rebelión
Antes de que arrancara el juicio, el tribunal había pedido a las partes que concretaran los motivos por los que querían interrogar a cada uno de sus testigos. Si en sus escritos indicaron que las preguntas versarían solo sobre la protesta del 20-S o el 1-O, por ejemplo, el tribunal no permitirá que interroguen por nada más, precisan las fuentes consultadas.
En el caso de Rajoy, el abogado Jordi Pina se cuidó de no limitar a un hecho concreto su solicitud de comparecencia de Rajoy. Según dejó por escrito el letrado y aceptó el tribunal, la declaración de Rajoy es “útil para el esclarecimiento de los hechos objeto de enjuiciamiento”. Esto es, todo el proceso soberanista y su supuesta violencia, lo que dejaría un margen amplio para preguntar.
Queda por conocer si eso basta para que el tribunal permita al abogado interrogar a Rajoy por cuestiones que trasciendan a las cartas remitidas desde Moncloa a la Generalitat sobre si había declarado la independencia. El exconseller Santi Vila habló en su declaración de las negociaciones con la Generalitat mediante distintos mediadores eclesiásticos, empresariales o políticos, como el lehendakari Urkullu, también citado como testigo. Las fuentes consultadas dan por hecho que esas preguntas serán dirigidas y toleradas a la vicepresidenta en ese momento, delegada para los asuntos de Catalunya, Soraya Sáenz de Santamaría.
Más allá del indudable interés político del testimonio del expresidente, las defensas emplearán dichas negociaciones para exponer un argumento de descargo a nivel jurídico: que el Gobierno de Mariano Rajoy nunca consideró que hubiera una rebelión en ciernes, es decir, una situación política con riesgo de armas, disparos y violencia generalizada, que debía ser frenada en Catalunya. Y lo reafirmarán además en base a documentos admitidos como prueba del juicio.
Por ejemplo, el certificado que ha enviado la secretaria general técnica del secretariado de gobierno del Ministerio de Presidencia, Clara Mapelli, en el que confirma que en ninguna reunión del Consejo de Ministros del año 2017 se valoró proponer al Congreso la declaración del estado de sitio, alarma o excepción. También se preguntará sobre si se preguntó aplicar la ley seguridad nacional o elevar el nivel de alerta antiterrorista por el 1- O, que habría permitido al Ejército o a la Policía asumir funciones de los Mossos d'Esquadra.
Por su lado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado buscarán confirmar respectivamente la rebelión y la sedición no con los políticos, sino a través los policías y guardias civiles heridos el 1-O y que participaron en el registro del 20 de septiembre en la conselleria de Economía, aunque también podrán preguntar al presidente.