El juez que investiga las cargas policiales del 1-O en Barcelona quiere indagar a fondo la actuación de la Policía Nacional en la capital catalana. Incluso si esto supone ir contra el criterio del fiscal. El magistrado ha rechazado la propuesta del ministerio público para archivar los casos de heridos que aún no han denunciado, y ha anunciado que contactará con todos ellos para ofrecerles la posibilidad de emprender acciones legales contra la Policía.
En un auto, el magistrado Francisco Miralles ha revelado que ya ha recibido 230 denuncias por lesiones. También tiene sobre su mesa otros 50 partes de lesiones que le remitieron los servicios de emergencias, pero que por el momento no se han acompañado de una denuncia de los heridos. El fiscal quería archivar estos casos, pero el juez lo ha rechazado.
Entre los motivos que aporta el titular del juzgado de instrucción 7 para investigar todos los casos, destaca la “evidentísima polémica social” que, indica, causaron las cargas policiales. En consecuencia, añade el juez, “la prudencia exige que todos los pasos que se den se hagan con una sólida base de razonamiento”, por lo que sólo una vez que los afectados manifiesten su denuncia, y no antes, se podrá continuar el procedimiento sobre sus lesiones si son leves.
Además, el magistrado replica al fiscal Juan Carlos Padín que “visto el desarrollo de la causa”, en la que se han presentado hasta el momento 230 denuncias, es necesario mantener el ofrecimiento de acciones penales a todos los afectados, incluidos los que no denunciaron, para “poder tomar las decisiones procesales correctas”.
En este sentido, el magistrado quiere evitar que alguno de los heridos que no denunciaron lo hagan después del archivo de su parte médico. Por ello se pondrá en contacto con los lesionados que no denunciaron, directamente o través de la policía, para ofrecerles la posibilidad de emprender acciones.
Las discrepancias entre el fiscal y el juez a la hora de investigar las cargas policiales en Barcelona son evidentes desde que el magistrado, que estaba de guardia el 1-O, abrió la causa a raíz de una denuncia de la Generalitat contra la Policía por varios delitos además del de lesiones, entre ellos desórdenes públicos y amenazas.
En un primer momento, el fiscal pidió investigar sólo las cargas policiales en un colegio de Barcelona, arguyendo que los heridos representaron el 0,037% de los votantes. Por contra, el juez, ante la “avalancha” de 130 denuncias por lesiones recibidas hasta el 6 de octubre (que han ascendido a 230 a día de hoy), optó por abrir una veintena de piezas separadas, una por cada colegio de la capital en que intervinieron los antidisturbios de la Policía.
Asimismo, el pasado martes, tal y como adelantó este diario, el juez pidió a la Policía que identificara a los agentes que actuaron el 1-O en Barcelona.