El reglamento permite que el nuevo Gobierno catalán sea formado después de las generales
En medio de unas difíciles negociaciones entre los partidos independentistas y a punto de acabar un ciclo electoral que ha visto hasta tres citas con las urnas durante el último año y medio, el juego entre los calendarios catalán y español ha surgido como un factor clave a la hora de determinar la composición del nuevo Gobierno catalán. Después de que Junts pel Sí ganara las elecciones del 27-S sin mayoría absoluta y que necesite el apoyo de la CUP, el nuevo Ejecutivo podría no ser elegido hasta pasadas las elecciones generales al Congreso.
Las dos candidaturas independentistas, Junts pel Sí y la CUP, tienen ante sí más de tres meses de margen para encarrilar sus conversaciones. En concreto, según el reglamento de la Cámara catalana, corresponde al president en funciones, Artur Mas, convocar la sesión consecutiva del Parlament, que tiene hasta 20 días para ello, yéndose al 26 de octubre si agotara los plazos.
Una vez formada la Mesa, el reglamento da 10 días para celebrar el primer pleno de investidura, que podría celebrarse como fecha límite el 9 de noviembre, una fecha especial pues caería en el primer aniversario del proceso participativo del 9 de noviembre por el que Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, están imputados.
Para ganar la primera votación de investidura, el candidato que se proponga necesita obtener los apoyos de la mayoría absoluta de la Cámara, de 68 diputados. Si no la obtiene, se volvería a repetir la votación dos días después, en la que se votaría 'Sí' o 'No' al candidato y vale con una mayoría simple de síes para ser investido. La complicación para Junts pel Sí radica en el resultado de las elecciones del 27 de septiembre, que otorgaron a Junts pel Sí 62 diputados, 10 a la CUP y 63 al resto de formaciones. Estos números hacen que el candidato a president de Junts pel Sí necesite el apoyo y no solo la abstención de la decena de representantes de la CUP.
La necesidad de al menos un voto favorable de la CUP ha complicado las negociaciones entre las dos listas independentistas, pues la formación encabezada por Antonio Baños ha dejado clara su negativa a prestar sus votos para que Artur Mas sea reelegido. Los cupaires han propuesto diferentes fórmulas, entre ellas un Gobierno coral o rotativo, pero todas pasan por dejar fuera al actual presidente del primer asiento de la Generalitat. Por su parte, Junts pel Sí considera que la candidatura a la presidencia de Mas es clara, y han dado señales de no tener intención de ceder en esa cuestión.
De no ponerse de acuerdo entre ambas listas antes de la primera votación de investidura, los diputados todavía tendrían dos meses de plazo para seguir celebrando sesiones de investidura. Este periodo por tanto podría alargarse hasta después de las elecciones generales, que el presidente Mariano Rajoy ha anunciado para el 20 de diciembre. El resultado de las elecciones al Congreso podrían tener efectos en la negociación entre ambas listas si el legislativo español da un vuelco favorable a las formaciones que han propuesto un referéndum de autodeterminación pactado como Podemos o si, por el contrario, los partidos que más se oponen a él, como PP y Ciutadans, sumaran una mayoría amplia.
Los miembros de Junts pel Sí, y entre ellos el propio Artur Mas, han sostenido en diversas ocasiones que estarían de acuerdo con votar una nueva propuesta hecha por el Gobierno español, una posición en la que se encontrarían con formaciones como Catalunya Sí que es Pot o el PSC. En este sentido, saber el desenlace de las elecciones al Congreso y el Senado puede ser una información útil para la lista de Convergència y ERC a la hora de establecer su negociación con el resto de fuerzas.
En cualquier caso, si tras los dos meses desde la primera votación no hubiera una mayoría simple que respaldara a un candidato, el Parlament se considerará disuelto y el president tendrá la obligación de convocar elecciones de forma automática, que deberían tener lugar entre los 40 y 60 días posteriores a la disolución. Un escenario, el de unas segundas elecciones, que podría paralizar el legislativo catalán hasta febrero de 2016.
