“Al 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale”, repetían en el entorno de los partidos que apoyaron la intervención de la autonomía en octubre pasado. Medio año después el pronóstico se ha cumplido y el 155 se ha convertido en un verdadero laberinto para los independentistas. Pese a la toma de posesión del nuevo president Quim Torra, la promesa de la “restitución” de los consellers cesados está complicando la constitución del nuevo Govern que levantaría por fin las medidas de la intervención.
La “restitución” es uno de los objetivos de la candidatura de JxCat desde su nacimiento, lo que idealmente implica devolver a Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat, pero también a los consellers cesados. Torra se ha comprometido por ello a devolver su cartera a todos los que lo deseen, una oferta que, en principio, Jordi Turull y Josep Rull, encarcelados, y Lluis Puig y Toni Comín, en Bruselas, se decantan por aceptar.
Técnicamente no está claro que sea posible sin el permiso del juez Pablo Llarena para salir a tomar posesión. Este viernes el diputado de JxCat Francesc de Dalmases ha apuntado la posibilidad de que la toma de posesión pueda adaptarse al requisito de hacerla en presencia del president, trasladando el acto al propio centro penitenciario.
Su inclusión o no en el esquema final del Govern no es una cuestión ligera, puesto que cambia un tercio de la composición del Consell Executiu y obliga a buscar fórmulas para solventar la ausencia práctica de los altos cargos. Entre las barajadas, introducir comisionados que actúen como delegados de los consellers o nombrar consellers sin cartera. Ninguna opción convence a ERC ni a buena parte de JxCat y de hecho algunos de los nombres que sonaban como fichajes para las consellerías han declinado incorporarse si hay situaciones de interinidad o están bajo las órdenes de un conseller ausente.
El president anunció que visitaría a los presos este viernes, aunque finalmente cambió la cita al lunes por petición del Ministerio del Interior, que alegó razones de “organización”. La idea de Torra es proponer personalmente a los exconsellers su restitución y acabar de cuadrar el esquema del Govern con Oriol Junqueras. No se prevé que se anuncie la nueva lista de consellers hasta que Torra no hable con los presos, es decir, el próximo martes, con la toma de posesión el miércoles.
Desde JxCat dan por hecho que deberán nombrar consellers a sus diputados Turull, Rull y Puig. Con todo, una opción es nombrar de forma simbólica a los dos presos y destituirlos a los pocos días. De lo contrario, serían consellers hasta que el juez Llarena los suspenda para ejercer cargos públicos, algo que ocurrirá cuando la sala de apelaciones del Supremo confirme el auto de procesamiento por rebelión contra ellos. Se prevé que esto ocurra el próximo mes.
Respecto al diputado de ERC Comín la situación es similar a la de Puig, en la que ambos desean dirigir el departamento desde Bélgica. Con la diferencia de que Esquerra ha manifestado abiertamente que esa no es su opción ideal.
Pese a esto, el entorno del president y los partidos son conscientes de que hay problemas legales más allá de esto que desaconsejan la llamada “restitución” de consellers. La primera tiene que ver con el levantamiento del 155. Según el texto de intervención de la autonomía aprobado por el Senado en octubre pasado, las medidas solo acaban cuando los consellers tomen posesión, es decir, el Gobierno debe autorizar al menos la publicación en el BOE de los nombramientos.
La segunda tiene que ver con la defensa personal de los restituidos. Algunos equipos legales de las defensas de algunos exconsellers les han trasladado los inconvenientes que podría tener volver a tomar una cartera para sus situaciones procesales.