El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha propuesto a Quim Torra constituir la mesa de diálogo entre gobiernos de forma inmediata a lo largo de este mes de febrero. La propuesta es parte de un documento de 44 puntos que el jefe del Gobierno ha llevado a la reunión que ambos presidentes mantienen este jueves en el Palau de la Generalitat, en la que uno de los puntos principales a tratar era precisamente el inicio de la negociación bilateral pactada entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Sánchez.
Además de marcar en el calendario la fecha de inicio de esta mesa, el programa exhibido por Sánchez ante Torra, llamado Agenda para el Reencuentro, incorpora medidas en diversos ámbitos, como evitar la “judicialización de la política”, garantizar el diálogo institucional, una reforma de la financiación autonómica, el impulso a las infraestructuras o una financiación suficiente de diversas políticas sociales y servicios de la Generalitat. Con todo, el Gobierno vincula las ofertas relativas a nuevas aportaciones de recursos a poder aprobar unos nuevos presupuestos generales del estado este año.
Para el presidente del Gobierno la visita a la Generalitat es un requisito para iniciar la mesa de negociación entre gobiernos a la que se comprometió con ERC a cambio de su investidura. Para Torra, verse con Sánchez es necesario para visualizar su apuesta por el diálogo, aunque lo cierto es que su formación no ha apostado en ningún momento por la mesa bilateral, en la que no confían.
Pese a estos condicionantes, Sánchez y Torra vuelven a verse, casi un año después del fallido intento de negociación de Pedralbes. En aquella ocasión, el obstáculo insalvable fue la figura del “relator” pero, ahora, el Govern ha acabado renunciando a él, pese a la insistencia de JxCat de mantenerlo. Con todo, la reunión entre los presidentes de este jueves no se celebrará en un clima más proclive, comenzando por la sensación de provisionalidad que se ha instalado en el Govern tras la promesa de Torra de convocar elecciones tras la aprobación de los presupuestos, es decir, antes de abril.
Para mantener el Govern vivo aún unos meses más, Torra también citó su deseo de “comprobar” la voluntad de diálogo de Sánchez. El Govern acude a la cita con la intención de obtener de la otra parte un calendario preestablecido sobre las fechas de la negociación o, al menos, un día para el inicio. Sin embargo el Gobierno ha rebajado las expectativas en los últimos días. “No esperamos resultados en el corto plazo”, aseguró en rueda de prensa este jueves la ministra portavoz, María Jesús Montero.
El pesimismo sobre los frutos de la reunión se instaló desde la semana pasada, cuando la cita estuvo a punto de cancelarse tras la crisis vivida en el Govern, que acabó con el anuncio de Torra sobre el avance electoral. En respuesta, desde la Moncloa anunciaron que esperarían a que hubiera nuevo Ejecutivo en Catalunya para poner en marcha la mesa de negociación pactada por socialistas y republicanos.
Las intenciones de Sánchez indignaron a ERC, que mostró su descontento en un comunicado mientras el vicepresident Pere Aragonès y el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, realizaban gestiones a toda prisa con el gabinete de Sánchez para no dar por abortado el clima de entendimientos.
La fotografía del deshielo
Sánchez finalmente estará este jueves en Barcelona, con un agenda que incluye varias paradas además de la cita con el jefe del Govern. Será recibido por Torra a las 12 horas en el Palau de la Generalitat y ambos han dejado sus agendas despejadas hasta la tarde, en previsión de que la reunión pueda alargarse. A las 17 horas, Sánchez mantendrá un encuentro con representantes sindicales de CCOO, UGT y PIMEC. La agenda catalana del presidente continuará el viernes, cuando se verá con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta de la Diputación, Nuria Marín; y la patronal de Foment.
Pero, por muchas citas con las que su equipo llene la agenda de Sánchez, la visita al Palau de la Generalitat será la imagen más esperada. Formalmente, será la fotografía del deshielo entre dos hombres que han convertido en asunto político las llamadas que se hacían y que no se descolgaban. La ruptura de las relaciones fue total entre las elecciones de abril y las de noviembre pasado, un momento de especial gravedad para la política y el orden público en Catalunya y que, sin embargo, no movió a Sánchez de su postura de dureza respecto a Torra.
Las cosas han cambiado en solo unos meses, al tiempo que la situación política se destensaba. Empujado por el pacto de Gobierno con ERC y por la necesidad de establecer una mayoría en el Congreso que le permita sacar adelante su proyecto legislativo, Sánchez ha hecho varios gestos hacia el Govern, empezando por una tregua en los recursos al Constitucional o su compromiso con la “desjudicialización”.
Críticas de la derecha
El último de esos guiños por parte del PSOE es que Sánchez haya aceptado ahora verse con el president de la Generalitat incluso cuando sabe que la oposición en el Congreso utilizará esta visita para redoblar sus críticas y acusaciones.
Este mismo miércoles el PP de Pablo Casado ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra Quim Torra por un presunto delito de usurpación. La fecha no es casual, y el delito elegido tampoco. Los conservadores tratan de atizar al president de la Generalitat con suficiente fuerza para que el golpe rebote en la cara de Sánchez. Y, por mucho que el líder socialista ahora esté por la labor de hablar de “desjudicialización”, tal como le exige ERC, una vez las denuncias pasan del registro son los jueces los que tienen la última palabra.
En este momento las causas judiciales abiertas a raíz del proceso independentista se cuentan por decenas. El juicio al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y a la plana mayor de Interior del anterior Govern sigue en la Audiencia Nacional, mientras este mismo miércoles ha comenzado en la Audiencia de Barcelona la vista contra trece activistas que se encadenaron frente al Palacio de Justicia en noviembre de 2018, en protesta por las detenciones de activistas. De fondo están también las causas contra los CDR acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional y, sin ir más lejos, Torra espera respuesta del Supremo a sus recursos por la inhabilitación.