La secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, ha comunicado a la magistrada que los 17 procesados por malversación en el 1-O no han abonado 2,1 de los 5,8 millones de euros de fianza que les fueron impuestos. En un escrito, la secretaria judicial constata que los procesados han consignado 3,7 millones pero que faltan 2,1. Precisamente esta cantidad está en discusión por las defensas de los procesados, que han pedido a la instructora restarla de la fianza porque ya la pagaron los exconsellers en la causa del Tribunal Supremo.
Antes de que la jueza resuelva los recursos de las defensas sobre la cantidad a depositar como fianza, la secretaria judicial hace constar que los 2,1 millones recurridos por las defensas “se hallan, en su caso, depositados a favor de personas distintas de los procesados” en el juzgado de instrucción 13, en referencia a los exconsellers acusados en el Supremo.
Indica además la secretaria –-cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20-S en la conselleria de Economía es una de las patas de la acusación por rebelión a los dirigentes soberanistas– que se trata de una cantidad depositada como fianza “en un procedimiento distinto del que se instruye aquí, ante un órgano judicial distinto de este juzgado instructor y respecto a unos hechos que ninguna resolución judicial firme haya declarado coincidentes con los investigados en este sumario”.
Por ello, la letrada de la administración de justicia considera que “procede dar cuenta” a la magistrada de que “queda pendiente de afianzar la cantidad de 2,1 millones, debiendo proceder conforme a lo dictado en el auto de procesamiento de fecha 4 de abril de 2019 y a lo establecido en la ley procesal respecto a la responsabilidad civil”.
En su auto de procesamiento, la juez advertía a los altos cargos que debían aportar la fianza –de forma solidaria–, y que si no lo hacían se procedería al embargo de sus bienes. En este sentido, el juzgado ha solicitado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación, informaron este martes fuentes judiciales. Se trata de un trámite habitual en estos casos que no comporta el embargo directo de los bienes, según las mismas fuentes.
La cantidad de 5,8 millones está en cuestión y recurrida por las defensas. Entre los argumentos de las defensas destaca el hecho de que 2,1 de los 5,8 millones ya están consignados en la fianza que los exconsellers abonaron en el Supremo, por lo que el juzgado de Barcelona impone una “fianza doblada” por las mismas partidas y gastos.