“Señor Carrizosa, ¿por qué me pide la palabra?”. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pregunta al portavoz de Ciutadans por algo que ya conoce de antemano. Ambos hacen su papel. Carrizosa trata de dilatar todo lo posible el debate sobre la ley del referéndum, a la espera, quizás, de que el Constitucional tumbe la proposición de ley antes de votarla. Forcadell trata de apresurar todo lo posible la sesión, para evitarlo. El de Ciudadanos pide reconsideraciones de la Mesa a cada paso. Forcadell, a cada una, entrega el correspondiente informe razonado del montón de documentación que había preparado para ganar tiempo.
En los días 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament de Catalunya debatió y aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. Dos normas que, con claridad, no caben en la Constitución. Pero las cámaras autonómicas aprueban con frecuencia leyes inconstitucionales que el Alto Tribunal anula después. El problema era que el independentismo necesitaba tener la ley en vigor para convocar el referéndum del 1-O con apariencia de legalidad, aunque luego todo ello quedara suspendido. Algo que la oposición quería evitar a toda costa.
“Puedo entender que quisieran aprobar la ley del referéndum. No lo comparto, pero lo puedo entender. Lo que resulta inconcebible es que estuvieran dispuestos a hacer saltar el sistema parlamentario por los aires para conseguirlo”, asegura Joan Coscubiela, entonces diputado de Catalunya Sí Que Es Pot y el autor de uno de los discursos más aplaudidos por la bancada de la oposición. “Recuerdo aquel día con la satisfacción de haber podido poner voz a lo que pensaba mucha gente, que estaba viendo en directo el proceso de degradación del Parlament”, asegura.
El independentismo había fijado hacia meses la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre. A menos de un mes para la fecha, aún necesitaba dotarse de la arquitectura legal para ello, pero tenía inmensos obstáculos. Para empezar, de tipo penal, pues desde octubre de 2015 el Constitucional había venido reclamando a la Mesa que impidiese llevar al pleno cualquier iniciativas independentista. Entendía que no hacerlo era incumplir su anulación de una de las primeras resoluciones de ruptura, lo que podía constituir un delito de desobediencia.
Por si eso fuera poco, la mayoría independentista quería aprobar la norma en un solo día para evitar la suspensión del Constitucional. Con este objetivo habían reformado el reglamento parlamentario para introducir la lectura única, un mecanismo que tienen varias cámara autonómicas y el propio Congreso y que el TC acabaría considerándolo legal para Catalunya. Pero, durante aquellos días, la reforma se halla suspendida de forma cautelar por el propio Alto Tribunal. Por ello, los diputados acabaron usando otro artículo, el famoso 81.3 para cumplir su cometido. Un punto que, si bien permite aligerar el proceso legislativo, no faculta a saltarse tantos trámites como se suprimieron.
La Mesa soportó buena parte del peso de aquel choque entre bloques. Así lo recuerda Anna Simó, en aquellos momentos secretaria de la Mesa por ERC. “Fue muy intenso. Recuerdo un nivel de tensión muy fuerte, sobre todo en las Juntas de Portavoces y reuniones de la Mesa. La oposición apostó por el filibusterismo para desgastarnos, y mi percepción es que iban concretamente a por Forcadell de una forma que a un hombre no le hubieran hecho”, rememora.
Según explica Simó, el objetivo de los miembros independentistas de la Mesa era “poder garantizar los derechos políticos de los diputados”, que son “debatir todas las iniciativas políticas y poder votarlas”. Esta fue una de las ideas que Carme Forcadell más repitió bajo su mandato: “En un Parlament se debe poder hablar de todo”. Con esta bandera, la mayoría independentista llevó las dos leyes al pleno pese a la advertencia penal de los letrados con los que comenzó la jornada.
Aquellos dos maratonianos debates, que duraron cerca de 18 horas en total, abrieron en canal el Parlament. No solo por la división entre independentistas y no independentistas, que quedó patente en la fotografía con medio hemiciclo vacío, sino sobre todo por el desgarro institucional que supuso para buena parte del sector no independentista de la sociedad catalana. Aquellos plenos además pusieron en alerta a los poderes del Estado, que hasta entonces veían el referéndum como un arma propagandística que nunca se llegaría a consumar como tal.
“Fue un antes y un después”, asegura el vicepresidente segundo del Parlament por Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra. “El independentismo mostró su verdadera cara, que era la que nosotros veníamos anunciado. Hubo momentos de tensión porque algunos no estamos dispuestos a que se pisoteasen nuestros derechos y los de los votantes”, explica Espejo. Su grupo fue uno de los más beligerantes denunciando que se estaban eliminando trámites parlamentarios que el artículo 81.3 no permitía, como la petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.
También lo hizo el PSC. El diputado Ferran Pedret había preparado cuidadosamente el pleno y disponía de una batería de informes y argumentaciones jurídicas para cualquier eventualidad. Los socialistas registraron en esa misma jornada un recurso de amparo ante el Constitucional que, meses después, les acabaría dando la razón en que sus derechos fueron vulnerados.
Aunque el pleno del día 6 estaba convocado para las 10 de la mañana, el debate no pudo empezar hasta pasadas las 16 horas. Durante toda la mañana, el Parlament fue un caos, con continuas interrupciones del pleno y reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. Forcadell abrió un periodo mínimo para presentar enmiendas al articulado, pero la mayoría bloqueó la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad. Estos fueron los argumentos principales que esgrimió la oposición para protestar. Con todo, la oposición anunció su intención de no participar en la votación, en la que veían riesgos de criminalidad.
Mientras tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy llevó al Constitucional un incidente de ejecución con el que esperaba que éste suspendiera la admisión a trámite de la ley. La Fiscalía catalana, por su parte, interpuso una querella contra la presidenta y otros miembros del órgano de gobierno de la Cámara por desobediencia.
Finalmente, la ley del referéndum se votó y se aprobó. “Se les fue de las manos”, asegura Espejo, “hicieron un paripé, con un reparto de papeles entre ellos, para dar una cierta institucionalidad al asunto”. El diputado de Cs recuerda que en un momento dado pidió la palabra y la presidenta le dijo que no podía hablar desde la Mesa, razón por la que Espejo corrió a sentarse en la bancada. “Era increíble, se estaban saltando todas las reglas mientras a mi me decía la presidenta que el reglamento no me permitía intervenir si no era desde el escaño”, rememora.
Y, con la ley aprobada y publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial, el Govern se reunió de urgencia en el propio Parlament y convocó el referéndum. El Constitucional no había aparecido en todo el día, pese al incidente de ejecución planteado por el Gobierno. Fue entonces, pasada la media noche, cuando se tomó la decisión de comenzar a tramitar la ley de la transición. La Mesa la aceptó a trámite y dejó el debate para el día siguiente.
“Fue el clímax de la ficción y el autoengaño”, afirma Coscubiela, quien considera que el independentismo estaba inmerso “en un relato ficticio que no le permitía dar marcha atrás”. A diferencia de la del referéndum, la ley de transitoriedad disponía de forma clara una derogación del Estatut y de la Constitución del 78 en Catalunya, disponiendo que su entrada en vigor solo ocurriría si en el referéndum había más votos favorables que contrarios a la independencia. En una sesión tan bronca como la del día anterior pero en la que el cansancio acumulado sirvió, al menos, para rebajar la tensión, el Parlament aprobó la desconexión por mayoría absoluta, una fracción menor a la que se requiere para reformar el Estatut.
En el auto de procesamiento firmado por el juez Llarena el 23 de marzo pasado, a Forcadell se le acusa de haber usado la presidencia del Parlament para “someter a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso”, todo ello “de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del desarrollo de la acción”. La expresidenta del Parlament es la única miembro de aquella Cámara que no formaba parte del Govern que está en prisión preventiva y acusada del delito de rebelión.
“Si tomas la definición clásica de Hans Kelsen, lo que ocurrió aquellos días en el Parlament fue un golpe de Estado de libro”, afirma rontundo Espejo. Coscubiela le rebate: “Llamar golpe de Estado a lo que pasó es un abuso del lenguaje nada ingenua, pretende justificar una respuesta institucional muy agresiva y la acusación de un delito de rebelión que no hay por donde cogerlo”.
Para Simó, la acusación de haber dado un golpe de Estado tiene que ver con un relato político con motivación electoral. “Yo tengo clarísimo que si el TC no nos hubiera otorgado a la Mesa el papel de censores se hubiera podido hacer un debate tranquilo, político. Ojalá se podido hacer todo de forma normal. Pero nos lo impidieron”, explica la exdiputada de ERC.
A partir de entonces, tanto la supresión de la autonomía con el 155 como el encarcelamiento de los líderes independentistas dejó de ser una opción impensable. También fue aquel el inicio de una escalada política de casi dos meses, que tuvo su momento álgido cuando las fuerzas policiales usaron la fuerza contra los votantes el día 1 de octubre y que culminó en la declaración de independencia del día 27 de octubre. La crisis más profunda que ha vivido la Constitución del 78 comenzó en aquellos dos días en los que se rompió el Parlament y cuyas consecuencias, un año después, parecen lejos de acabar.