Admitida la querella de un activista de Barcelona contra dos presuntos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que le habrían ofrecido trabajar como infiltrado en movimientos sociales de Barcelona. La titular del juzgado de instrucción 2 de Barcelona, Eugenia Canal, quiere “identificar plenamente” a los supuestos agentes, que fueron denunciados por un delito de coacciones por el activista, Quim Gimeno.
La magistrada ha enviado un oficio a la dirección general de la Policía Nacional para confirmar quiénes son los dos presuntos agentes denunciados. Uno de ellos está identificado como D.S.G, pero el otro, “el agente Torres Méndez”, podría tener otra identidad, según consta en el auto al que ha tenido acceso este diario.
Andrés García Berrio, miembro del centro de derechos humanos Iridia y, junto a Montserrat Fernández, abogado de Gimeno, ha confiado en que la investigación de este caso “sirva para poner límites a prácticas policiales irregulares como las que llevaron a cabo con Quim Gimeno”. En declaraciones a Catalunya Plural, García Berrio ha valorado que “coaccionar a personas pendientes de procesos penales para lograr información es intolerable en un sistema democrático”.
Los dos querellados, tal y como publicó La Directa el pasado mes de abril, ofrecieron al activista Quim Gimeno una remuneración e intermediación ante la Fiscalía en relación al caso Pandora, por el que estaba acusado. A cambio, el joven tendría que proporcionar informaciones sobre movimientos sociales del barrio barcelonés del Poble Sec –nombres, teléfonos, trabajos y domicilios. Los dos querellados se identificaron como miembros de los servicios de seguridad del Estado.
Dos meses después de la oferta de los dos supuestos agentes al activista, la Audiencia Nacional archivó el caso Pandora, en el que estaba implicado Gimeno, con una severa corrección a la investigación de los Mossos: concluyó que las “afirmaciones genéricas” de la policía catalana “carecen de base objetiva sólida”.